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Derechos humanos y trata de personas en Bolivia
Franco Gamboa Bolivia
Sociólogo político, doctor en Gestión Pública y Relaciones Internacionales, miembro de Yale World Fellows Program
2013-07-23
 

Una de las expresiones más claras de violación a los derechos humanos en la democracia boliviana es la trata y tráfico de personas. Es por esto que llama la atención y, al mismo tiempo, indigna la difusión de fotografías de niños y jóvenes desaparecidos a través de los diferentes medios de comunicación y las mismas calles en toda Bolivia. Estas fotos marcan una crisis de los derechos humanos en el país, junto con la aparición de diversas situaciones de violencia estructural en los ámbitos urbanos. El tráfico con fines de explotación sexual es lo que determina al crimen organizado en el siglo XXI a lo largo de las Américas y Europa occidental, creándose de esta manera un nuevo tipo de aceptación social  proclive a la legitimación de la prostitución como negocio global.

Muchos de los casos de trata tienen como origen los conflictos dentro del seno familiar, pero gran parte de las denuncias sobre jóvenes desparecidos permanecen en la incertidumbre y a la espera de una intervención efectiva por parte de la policía que, en varias circunstancias, posterga, e inclusive obstaculiza las investigaciones judiciales. El aumento de la prostitución como negocio urbano floreciente, junto con la persistencia de una serie de secuestros y abusos para la explotación laboral, indica la urgencia de responder eficazmente a la trata de personas. En el terreno internacional, la trata es parte de algunas redes continentales del crimen organizado, lo cual dificulta todavía más las investigaciones transnacionales, así como la formulación de políticas públicas eficaces para ejecutar un control más efectivo entre los diferentes países.

De la cosificación a la desinstitucionalización

El comercio de personas fue convirtiéndose en un símbolo que representa el deterioro cosificado de los derechos humanos en Bolivia. Esto significa que cualquier delincuente relacionado con la venta de personas, el ejercicio del proxenetismo, o los hombres que buscan su satisfacción sexual aprovechándose de la trata, han reducido toda consideración humana al estatus de una cosa u objeto que puede ser comerciado en el mercado. Y no solamente como una mercancía más, sino con el aditamento de evitar que la ley y el accionar del Estado protejan los derechos de las víctimas de este delito. La trata de personas es un delito de discriminación y contiene varios aspectos, pero, básicamente, se refiere a la comercialización de los seres humanos, ya sean hombres, mujeres o niños donde se evidencia una sistemática crueldad con diferentes tipos de violencia. En varias situaciones, dicha comercialización abre el camino para tratar de desbaratar diferentes mecanismos de trata, desde la captación de personas hasta el transporte, acogida o recepción de las víctimas.

Prácticamente todos los fenómenos de trata y tráfico humano afectan particularmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, aproximadamente entre los 8 y 25 años de edad, transformándolos en objetos de lo indigno. La degradación sexual a la que son sometidas las víctimas es, de hecho, una cosificación, y los engaños para la esclavitud laboral le quitan todo valor como personas con un derecho mínimo a condiciones de vida favorables sujetas a un salario que sea el reconocimiento del valor de su trabajo. Estas condiciones verifican la violación sistemática de los derechos humanos, junto con el mantenimiento de diversas formas de servidumbre.

El nudo central del problema reside en la incapacidad institucional del Estado al efectivizar el cumplimiento de la ley, lo cual reproduce actividades delincuenciales que operan con violencia estructural. Ésta es causada por un conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas, que no satisfacen las necesidades individuales para el ejercicio de derechos y responsabilidades. Si bien existe una Ley Integral aprobada en julio de 2012, con antecedentes que se remiten a 2006, ni la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ni el Ministerio Público pueden llevar adelante investigaciones constantes que aseguren la recuperación de las víctimas, la reparación de daños en caso de procesar a los delincuentes, ni tampoco prever futuras acciones para evitar el surgimiento de otros casos que conectan la trata de personas con la explotación sexual y diferentes trabajos forzosos.

Los graves problemas estatales en Bolivia, caracterizados por una desinstitucionalización que estimula la comisión de varios delitos, apuntan principalmente a la pérdida de autoridad política e ideológica para conducir adecuadamente la defensa de los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la vida y las libertades de los ciudadanos. La desinstitucionalización, en el asunto de esta investigación, representa una completa incapacidad para regular el orden social-legal mediante la interpretación y uso efectivo de las leyes, de manera que irrumpen múltiples procesos de indefensión, terminando por destruirse diferentes estructuras de integración social y confianza en el derecho positivo. El hecho de que prosigan varias formas de linchamiento en Bolivia, abusando inclusive de algunas personas inocentes que fueron confundidas con ladrones o malhechores, da pábulo a que los ciudadanos desconfíen de cualquier patrón de justicia.

De manera directa, entendemos por desinstitucionalización la acelerada pérdida de respeto por las normas básicas que están establecidas en el derecho vigente de un país y la descomposición de las reglas de funcionamiento interno para cualquier institución. Si se pierde el respeto por las normas, la violación de éstas se convierte en un rasgo permanente que termina por instaurar la arbitrariedad como código de conducta en la vida cotidiana. Todos se aprovechan y alteran las reglas de convivencia, se atacan mutuamente y resuelven cualquier conflicto de intereses o agresiones de manera unilateral, sesgada y directa, sin la participación de las autoridades policiales, judiciales o estatales en general. La desinstitucionalización es la prueba más clara de desorden e injusticias constantes que cualquier persona puede cometer en contra de otra, o ser también afectada por la misma arbitrariedad de aquellos que son más fuertes, influyentes o avezados. En síntesis, la desinstitucionalización sirve para sacar ventaja del incumplimiento de las normas, practicar la llamada viveza criolla, al intentar resolver una serie de problemas y manipular las instituciones para fines estrictamente particulares. Es, además, la consecuencia inmediata del Estado anómico.

Asimismo, los hechos de violencia contra las mujeres quedan constantemente impunes. A pesar de existir una ley para evitar la violencia hacia las mujeres, en Bolivia todo cambio es demasiado lento porque aún persisten formas extremas de feminicidio. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz son las metrópolis con las tasas más altas de agresiones contra las mujeres por parte de sus cónyuges o concubinos. La ley no hizo más que poner en marcha algo de publicidad política, sin profundizar en cómo incidir en las estructuras profundas de una cultura patriarcal que menosprecia constantemente a la mujer como ser humano. En Bolivia tiene lugar un feminicidio cada tres días, una de las cifras más altas en América Latina. Estos delitos violentos son pruebas evidentes de la ineficacia estatal para hacer respetar el conjunto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. En consecuencia, la sociedad es víctima de la anomia, es decir, de una casi completa ausencia de reglas claras de conducta, orientación y esquemas de integración que dan como resultado una explosión de conductas desviadas, las cuales ponen en vilo la seguridad personal de los ciudadanos, más cuando existe un régimen democrático donde se pregona la preponderancia del Estado de Derecho.

De manera central, la trata y tráfico hacen que la desinstitucionalización adquiera un perfil especial porque el negocio ilegal de servidumbre humana y vejación de derechos ha impulsado una lógica mercantil donde la prostitución en las principales capitales de Bolivia como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, está ampliamente difundida y aceptada en la conciencia colectiva de la sociedad civil. Al legitimarse la prostitución, se genera un caldo de cultivo ideal para la trata de personas que funciona sin muchas limitaciones, además de aprovechar la indiferencia existente por parte de las autoridades judiciales y policiales.

La trata y tráfico de personas es una de las representaciones más claras de las distintas disfunciones existentes en el sistema democrático. La defensa de los derechos humanos de aquellos ciudadanos sometidos a la explotación sexual y laboral se torna en un esfuerzo débil, ambiguo y contradictorio. Por una parte, se diseminan diferentes estereotipos, como por ejemplo, los ideales de éxito inmediato y dinero fácil que los tratantes difunden para engañar a sus víctimas, sobre todo menores de edad. De esta manera, la prostitución de niñas y niños en el país tiene connotaciones que se identifican con actividades de sobrevivencia, pero que cuando se vincula con la trata de personas, los niños o menores son reducidos a objetos de placer, manipulación y burla que la misma sociedad no puede contrarrestar. En entrevistas con familiares de niños desparecidos se recalcaba constantemente que la pobreza y la falta de ingresos había impulsado a las víctimas a recurrir a cualquier estrategia que, probablemente, había atraído la atención de tratantes.

Por otra parte, el aprovechamiento de las condiciones de pobreza, destrucción familiar y marginalidad, hace que los contactos entre los clientes y las menores prostituidas tengan la forma de relaciones de mercado, de lo cual son víctimas las niñas. La trata de seres humanos, en consecuencia, es una miserable actividad de supervivencia que refuerza la exclusión, discriminación y desórdenes sociales mayores. Los menores son prostituidos como un juego de la calle que en Bolivia empieza a ser considerado inevitable o de baja calaña, dadas las condiciones de crisis económica, moral y familiar.

La desinstitucionalización también marca el nacimiento de un modelo de comportamiento inestable y socialmente amenazador que se halla imposibilitado de poner en funcionamiento la legalidad y la fuerza política del Estado como conjunto de instituciones organizadas. La fuente básica de dicha inestabilidad es la imposibilidad de generar compromisos sociales. En la trata y tráfico de seres humanos, algunas víctimas que escaparon al suplicio de la prostitución y otros familiares cuyas hijas o hijos aún están perdidos, afirman de manera contundente que ni el Defensor del Pueblo, ni la Fiscalía, ni las Defensorías de la Niñez, u otras organizaciones proderechos humanos, han manifestado un compromiso abierto y real para solucionar punitivamente el delito.

Si bien la mayoría de lo que hacemos en la vida cotidiana debería estar regulado por las leyes, cuando las conductas colectivas se enfrentan a la violencia y el tráfico de personas, las instituciones que por mandato están obligadas a defender los derechos humanos dejan de trabajar como redes de protección y previsión. Esto destroza la protección estatal y la ciudadanía no se siente resguardada.

La característica principal de la distorsión que están sufriendo los derechos humanos se concentra en las pautas de comportamiento por parte de la policía boliviana y el Ministerio Público, instituciones encargadas de sancionar drásticamente los delitos de trata de personas. Tanto el accionar de los policías como de los jueces responsables de aplicar la ley dan lugar a conductas anómalas y abusivas que amplifican la inseguridad de las víctimas de la trata y tráfico. Si bien la institucionalidad democrática supone el ejercicio pleno de las garantías constitucionales, en la desinstitucionalización dominan las normas ilegítimas y autoritarias, posibilitándose la declinación, degradación y posterior desaparición de los derechos humanos.

A pesar del reconocimiento de múltiples derechos de carácter económico, político y social presentes en la Constitución del Estado Plurinacional (2009), la protección de los mismos choca con la negligencia institucional que hoy caracteriza a la Policía, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y la APDHB. Estos organismos tienen graves problemas de capacidad de gestión en la práctica, además de estar influenciados por una sobrepolitización, partidización y sesgos de carácter ideológico que perjudican una comprensión más abarcadora de los derechos humanos, así como un nuevo activismo para la defensa de éstos. El Defensor del Pueblo y la APDHB han sido cooptados como agencias de empleo e identificación con el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), hipotecando, por lo tanto, varias de sus acciones como instituciones imparciales que tendrían que privilegiar la defensa de la sociedad civil, que hoy está abandonada en la humillación sutil de los derechos humanos. La trata de personas se transfigura en un indicador de baja calidad de la democracia fomentando la existencia de una doble moral para enfrentar el problema: por un lado, la policía y la sociedad en general aceptan la prostitución en los hechos aunque la condenen por medio de un discurso moralista; por otro lado, la repetición de los delitos de trata hace que las propias víctimas sean vistas, en un principio, como culpables.

El fenómeno de la trata en las ciudades del eje central de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, presenta un conjunto de fronteras movibles que mezclan el comercio de los seres humanos con la prostitución como nueva legitimidad social, admitiendo el ejercicio de la ilegalidad, junto a la delincuencia ligada a los abusos sexuales abiertamente consentidos. Esto hace muy difícil toda campaña o conjunto de acciones para salvaguardar los derechos humanos desde las organizaciones públicas y civiles que tratan de combatir la discriminación y las injusticias cometidas por el tráfico de personas.

Estado y sociedad anómicos como signos de impunidad perpetua

En Bolivia deben replantearse algunas propuestas concretas de política pública para mitigar los problemas de trata de personas que ahondan constantemente los lados más oscuros y endebles de la democracia. Se necesita identificar las mejores formas que hagan posible devolver credibilidad y efectividad, tanto al Ministerio de Justicia, la policía boliviana, el Defensor del Pueblo, como a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. El hecho de persistir un mal funcionamiento institucional que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos centrales para los cuales fueron fundadas aquellas instituciones, genera una serie de incentivos negativos que prolongan la impunidad al surgir nuevas formas de esclavitud sexual y explotación infantil.

En la medida en que la Policía boliviana continúa siendo calificada como una institución ineficiente, cargada de escándalos de corrupción, entonces la delincuencia vinculada a la trata y tráfico de personas encuentra un aliciente para operar con seguridad, mediante amenazas a las víctimas y la captura de nuevas personas que convierten el negocio en una actividad muy lucrativa al encontrar pocos límites policiales y judiciales.

Al mismo tiempo, el funcionamiento aparentemente incompetente del Ministerio Público, hace que se produzcan otros incentivos negativos ante la no intervención oportuna de la justicia para proteger a las víctimas o prever los delitos. La excesiva burocracia e indiferencia, en la mayor parte de los casos, se transforman en estímulos para que la Policía Nacional siga actuando de forma improductiva, sentándose las bases para legitimar este delito en todo el país.

Las condiciones de pobreza y carestías materiales nublan las percepciones de algunos grupos sociales que consideran que el negocio de la trata es pragmática, económica, social y moralmente legítimo. La investigación comprobó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) apenas puede esclarecer entre el 2 y el 5% de los casos denunciados y, por lo tanto, este fenómeno queda injustamente operando junto con la deslegitimación de los derechos humanos y la desinstitucionalización que está sujeta a una violencia, abierta o soterrada, pero permanente en Bolivia.

Los Gobiernos municipales, en general, no tienen instrumentos legales y penales para el control de una serie de lenocinios donde se ejerce la prostitución. En algunos casos, una serie de prostíbulos cuentan con la autorización de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), y en otras situaciones, las alcaldías son contradichas por resoluciones judiciales y acciones que inhiben una regulación más eficiente. Lo peor radica en que no se sabe claramente en cuántos lenocinios se cometen abiertamente los delitos de trata y tráfico de personas.

El Estado anómico es una contradicción en sí mismo. Primero porque se supone que en un sistema democrático debería primar el respeto de las instituciones y de la ley, administrada imparcialmente, antes que la voluntad de quienes poseen el poder. En segundo lugar, también se presupone que el Estado es una estructura de regulaciones que debería garantizar la integración de toda la sociedad. Sin embargo, en Bolivia no funciona de esta manera, pues el Estado está atravesado por arbitrariedades donde los partidos y las personas que administran el poder hacen una utilización clientelar de las instituciones, apropiándose inclusive de los recursos públicos mediante ilegales conductas patrimoniales que deforman los criterios modernos del derecho y el orden equilibrado con racionalidad.

La violencia estructural, por lo tanto, tiene una conexión directa con el Estado anómico al ser un efecto donde se verifica que la policía reprime con enorme brutalidad a delincuentes inofensivos, pero no molesta a los poderosos cárteles de gangsters y algunos de sus líderes públicamente influyentes. Según informes del Defensor del Pueblo en Bolivia, es la policía quien comete más abusos contra los derechos humanos en el país. Específicamente sobre los delitos sexuales, trata de personas y explotación laboral, muchas acciones de la policía se caracterizan por la simple desidia o intervención sumamente tardía. En otras situaciones, ha sido sorprendente la existencia de comprometedoras pruebas que involucran torturas y asesinatos en las mismas oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Estos fenómenos, simultáneamente, representan un proceso legitimado, es decir, aceptado por la sociedad boliviana que se acomodó a una convivencia con este tipo de desinstitucionalización, resolución extralegal en diferentes actos delictivos y comisión de nuevos delitos por las fuerzas policiales. La trata y tráfico de personas muestra cómo el accionar de los policías y jueces han dado lugar a actuaciones anómalas que amplifican la inseguridad de las víctimas.


Artículo extraído del ensayo original del autor, titulado: Ensayo sobre la tristeza: derechos humanos y trata de personas en Bolivia 

   
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