Revista Perspectiva Blog

El pasado martes 30 de junio, se conoció la orden de captura que un juez ecuatoriano dictaminó al exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, por dirigir el operativo militar contra el campamento de las Farc ubicado en territorio ecuatoriano, en marzo del año pasado.
El magistrado Daniel Méndez, juez primero de garantías penales de la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, provincia amazónica donde se desarrollo el operativo militar el año pasado, considera a Santos como el responsable de coordinar y diseñar el ataque militar en el que murieron 25 personas, entre ellas el ecuatoriano Frank Aisalla. De acuerdo a Méndez, Aisalla era civil de la región en la que se desarrolló el combate.
Frente a esta orden contra el exministro y hoy precandidato presidencial, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, manifestó desde Washington su oposición y sostuvo que “el gobierno de Colombia no permitirá que toquen al ministro Santos”. Además, reiteró que “si no se hubiera actuado contra ese campamento de ‘Raúl Reyes’, no se hubieran creado las condiciones para liberar a Ingrid Betancourt, para liberar a los tres norteamericanos y para liberar a los otros rehenes”.
Por su parte, el exministro Santos dio a conocer en un comunicado de prensa que la decisión judicial ecuatoriana es una agresión más de las tantas que Ecuador viene haciendo contra Colombia desde que Colombia bombardeó el campamento de las Farc en el que se encontraba ‘Raúl Reyes’, uno de los principales jefes de esta organización guerrillera. Desde dicha operación, el gobierno de Correa ha recriminado a Colombia el hecho de haber violado su soberanía, al cruzar la frontera sin autorización. Ante esto, Colombia sostiene que fue un acto de legítima defensa, siendo las Farc un grupo mundialmente reconocido como terrorista.
Por otra parte, el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, quien está en Washington con el presidente Uribe, afirmó que el gobierno colombiano llevará la decisión ecuatoriana a la consideración de instancias internacionales. Y sostuvo que ” Colombia considera ilegales e ilegítima las acciones terroristas; nosotros consideramos que hay una extralimitación de la decisión del juez (ecuatoriano) y vamos a poner en conocimiento a las instancias internacionales este caso”, dijo el canciller.
Esta acción por parte del gobierno ecuatoriano, significa que no se están llevando las relaciones entre Colombia y Ecuador a mejores términos, al contrario, esto reitera, una vez más, que no existe voluntad alguna por parte de Ecuador de mantener y propiciar una relación pacifica y de solidaridad con su país vecino. Además, el hecho de que Ecuador considere una acción militar en contra del terrorismo como ilegítima, pone en duda las relaciones de este gobierno con el grupo terrorista colombiano. Aquí hay una competencia estatal porque esa operación fue el resultado de un ejercicio militar en el que Colombia usó su potestad soberana, alegando una doctrina de defensa del terrorismo, y por lo tanto, Colombia debe hacer valer este principio porque evidentemente aquí hay un caso en el que se buscan efectos políticos.

La actual crisis hondureña alerta no sólo sobre el regreso en el uso de golpes de Estado para sustentar uno u otro régimen, sino también la permanente violación de los principios democráticos.

La crisis, que se venía fraguando desde hace días, estalló precisamente cuando Manuel Zelaya decide celebrar una consulta popular con miras a iniciar un proceso de reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección, proceso que han desaprobado los órganos judiciales y legislativos por su carácter ilegal.

Cuando se habla de orden constitucional y de legalidad democrática las normas no se pueden cambiar a cualquier precio, aunque se cuente con el necesario respaldo popular; por esta razón la actitud desafiante de Zelaya debía ser corregida. Uno de los principios fundamentales del Estado de derecho es el respeto de las instituciones y los principios democráticos, pese a las cualidades del dirigente. Si bien es cierto que las instituciones y organismos deben velar por garantizar el orden, estas mismas instituciones que dicen proteger, no pueden incurrir en violaciones.

Después de ser detenido por militares, obligado a viajar a Costa Rica y destituido a través de la aceptación de una carta de renuncia –que el mismo presidente destituido afirma no haber suscrito– Manuel Zelaya es sustituido en su cargo de presidente de Honduras por Roberto Micheletti, designado por el Congreso.

Ante estos sucesos, ni los países de la región ni organizaciones internacionales como el Grupo de Río, Unasur, Alba, Mercosur, OEA y ONU reconocen la autoridad del nuevo presidente; muy al contrario, repudian el golpe de Estado, piden la restitución del orden constitucional y se han manifestado a favor del respeto por el orden legal y la institucionalidad democrática.

La pregunta de fondo en el caso hondureño es ¿qué hacer cuando en pro de garantizar una institucionalidad se violan los procedimientos democráticos? ¿qué hacer cuándo quien juzga tiene rabo de paja? El temor a la amenaza de un abuso de poder presidencial no puede ser una excusa para usar medidas fuera de la institucionalidad; ya el pasado nos ha enseñado el peligro de que las Fuerzas Armadas intervengan instituciones de manera ilegítima para sustentar uno u otro régimen.

Lo que sucede en Honduras en este momento es sólo una prueba de lo débil que es su democracia y el altísimo poder que las Fuerzas Armadas siguen teniendo sobre las instituciones del Estado.

Estados Unidos extendió ayer las preferencias arancelarias para Ecuador por seis meses, en el marco de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPADEA). Bolivia no salió favorecida. El mantenimiento de las preferencias arancelarias es función del nivel de cooperación de los países andinos en la caduca lucha antinarcóticos.  

Bolivia fue suspendida de las preferencias desde noviembre pasado por la administración de George W. Bush. La suspensión significó un paso más en el retroceso de las relaciones bilaterales. Las autoridades bolivianas expulsaron funcionarios de la DEA, de USAID, y Evo Morales declaró persona non-grata al Embajador de Estados Unidos en su país en septiembre de 2008. La noticia de la confirmación de la suspensión de las preferencias por parte de la administración Barack Obama se produjo después de que en varios artículos de prensa boliviana se hizo mención a esfuerzos de la administración de Morales en la lucha antinarcóticos.

Estados Unidos es el cuarto destino de las exportaciones bolivianas, después de Brasil, Corea del Sur, y Argentina. Evo Morales afirmó que el comercio se incrementará con otros países, como Venezuela, mientras líderes de la comunidad empresarial afirmaron que le mercado venezolano no podrá reemplazar al estadounidense. Según cifras citadas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 3% del total de las exportaciones a Estados Unidos fueron beneficiarias del ATPADEA. De éstas, 14% correspondió a exportaciones no tradicionales. Los empresarios bolivianos y sectores progresistas del país han buscado diversificar las exportaciones de su país, lo cual va en contradicción de la iniciativa presidencial de concentrar esfuerzos en minerales e hidrocarburos.

Jorge hace un análisis interesante en este blog a cerca de la situación en Honduras.  Acabo de leer también las reacciones de los diferentes líderes de la región, y  el mensaje general es: “hay que respetar la democracia.” Esto es sin duda un avance muy importante considerando que no tantos años atrás muchos líderes en la región le hubieran dado su respaldo a un nuevo gobierno con el que simpatizan, sin en verdad prestar mucha atención si llegaron al poder de forma democrática.

Por otro lado, uno de los temas centrales que se han discutido en las últimas ediciones de Perspectiva es que para hablar de democracia es necesario que se den muchas cosas más que sólo elecciones en nuestros países. Las elecciones son sin duda uno de los principales requisitos de la democracia, pero se necesitan muchas cosas más para poder decir que un país es democrático, entre ellas la separación de poderes y un estado de derecho donde son respetados los derechos de todos los ciudadanos.

Tomando como base esta definición más amplia de la democracia, me parece difícil determinar quién es el principal culpable del ocaso de la democracia en Honduras. Zelaya decidió ignorar las decisiones de la corte suprema y trató de perpetuarse en el poder. Por otro lado, las imágenes del ejército allanando la casa presidencial y sacando al presidente en sus pijamas también no hacen más que dejar un sabor amargo en la boca de todos los que defendemos la democracia en el continente.

¿Entonces quién tiene la razón? ¿Fue un golpe de estado o tuvo el ejército el derecho de destituir a un presidente que excedió sus poderes y decidió ir en contra de la constitución? Yo todavía no tengo la respuesta a estas preguntas.

Aquí les dejo algunos artículos de la constitución Hondureña para que formen su propio criterio.  Los artículos de la constitución Hondureña  son muy claros en cuanto a la reelección:

Artículo 42.- La calidad de ciudadano se pierde:

5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República; y,
…

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.

El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Manuel Zelaya fue removido de sus funciones presidenciales en el día de ayer y sucedido por el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti. Según la Constitución de Honduras, en ausencia del Presidente, el vice-presidente o la cabeza del Congreso deben asumir funciones constitucionales. El vice-presidente de Honduras renunció hace un par de meses para participar en las elecciones generales de noviembre próximo. El domingo 28 de junio, pasadas las cinco de la mañana el ejército hondureño irrumpió en la residencia de Zelaya y lo sacó del país con rumbo hacia Costa Rica. Los medios de comunicación locales no reportaron la noticia sino horas después, luego de que el servicio de electricidad fuera restablecido en Tegucigalpa. La acción militar respondió a una orden de la Corte Suprema. No es claro por qué Zelaya fue llevado a Costa Rica inicialmente. La acción durante un domingo de madrugada tiene más tintes de golpe que de acción judicial, de acuerdo con videos que muestran a efectivos del ejército hondureño durante la mañana del domingo. En efecto, existe unanimidad en la región en el rechazo a la forma en que Zelaya fue removido de su cargo. Por su parte, Micheletti afirmó en entrevista con CNN que sucedió a Zelaya en su ausencia y que el gobierno que él asume se ajusta a la constitución y la ley. Si bien Zelaya excedió sus poderes constitucionales al presionar por una elección ilegal, para Micheletti será difícil encontrar reconocimiento de su gobierno como autoridad “legítima” de Honduras.

La crisis por la que atraviesa Honduras en este momento es fruto de los esfuerzos de Zelaya por presionar la convocatoria de una asamblea constituyente en las elecciones de noviembre próximo. El proceso de “la cuarta urna” planteaba dos escenarios. En primer lugar, unas elecciones a llevarse a cabo el domingo 28 de junio preguntaban a los votantes si estarían de acuerdo con incluir una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para convocar a una asamblea constituyente. En segundo lugar, una vez aprobada la consulta del 28 las elecciones de noviembre incluirían una papeleta adicional para la constituyente. La elección del 28 fue considerada como ilegal por el órgano electoral y la corte suprema hondureña. El candidato presidencial Elvin Santos, ex-vicepresidente y co-formula de Zelaya en 2005, igualmente condenó como ilegal el proceso de la cuarta urna. La pugna entre el poder ejecutivo y otros poderes del estado llevó a la destitución de la cabeza del ejército y su posterior reinstauración. El Presidente, con el fin de llevar a cabo el proceso electoral, lo convirtió en una encuesta mediante decreto. El material electoral y logístico supuestamente fue proporcionado por Venezuela, cuyo presidente amenazó con una intervención militar. La reelección presidencial, causa de destitución del cargo si es propuesta por el Presidente de acuerdo a la Constitución, fue la motivación de Zelaya para presionar la consulta que lo depuso. Los excesos de Zelaya en su interés por realizar la consulta del 28 llevaron a su destitución en un proceso y unas discusiones que no han sido aclaradas por las autoridades hondureñas. No es pública la orden de captura, tampoco son claras las razones por las cuales Zelaya fue llevado a Costa Rica. Existe no obstante un acuerdo general en el rechazo a la forma en que fue depuesto el presidente Zelaya.

La Organización de Estados Americanos, mediante resolución de su Consejo Permanente, calificó los hechos como un golpe de estado y “demandó el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales”. Los países del ALBA convocaron a una reunión extraordinaria para tratar el tema y condenar la acción en contra de la cabeza del ejecutivo de Honduras. Igualmente, el Sistema de Integración Centroamericana se opuso a las acciones en contra de Zelaya y demandó la inmediata restitución en sus funciones presidenciales. La resolución de la OEA ya ha recibido críticas. La Prensa Gráfica, de Guatemala, afirmó que la resolución del organismo avala los abusos cometidos por Zelaya al no reconocer que éste contribuyó al escalamiento que llevó al rompimiento del orden constitucional. Mary Anastasia O’Grady afirma en su columna en el Wall Street Journal que la OEA está tomando el lado de quienes abusan de los pesos y contrapesos, ya que no tomó posición cuando Zelaya abusó de sus poderes. La Nación de Costa Rica afirma que Zelaya es víctima y victimario y al darle mayor prioridad a la reunión del ALBA le ha dado mayores tintes ideológicos a la eventual resolución del golpe.

Sin duda Honduras vivió un golpe de estado fruto de los choques entre los diferentes poderes y es un retroceso lamentable para la región. Zelaya desconoció las instancias judiciales de su país y buscó realizar a toda costa una consulta que seguramente buscaría amañar para su propio beneficio. El Congreso y el poder judicial recurrieron a dudosos mecanismos para hacer cumplir la ley y lograron aislarse de la comunidad internacional. Quien salió más fuerte de esta crisis fue aquel a quien los hondureños quisieron deslegitimar. El único gobierno legítimo hondureño en los ojos de la comunidad internacional es el de Manuel Zelaya. En los próximos meses veremos si, una vez en la cabeza del Ejecutivo hondureño, Zelaya buscará avanzar en su proyecto por encima de los demás poderes.

Bolivia y Rusia avanzan en sus relaciones bilaterales. En febrero pasado, Morales y Medvédev propusieron fortalecer la cooperación militar y energética entre los dos países. En efecto, bajo los acuerdos firmados durante la visita Bolivia comprará armamentos y otra dotación militar a Rusia. Rusia igualmente colaboraría en la explotación de los hidrocarburos en Bolivia. En mayo, fuentes oficiales rusas afirmaron que Bolivia en efecto ordenaría la compra de varios tipos de armamento ruso y helicópteros a pesar de que la industria militar rusa no podrá responder a nuevas órdenes de compra según una fuente del Servicio Federal para la Cooperación Militar. En materia energética, Gazprom seguirá invirtiendo en la exploración de gas en Bolivia.  

La Razón reporta hoy algunos comentarios hechos por el Embajador Leonid Golubev, que son a toda luz consecuentes con la agenda bilateral delineada en el encuentro de febrero. El Embajador afirma que su gobierno está esperando comunicación oficial del gobierno boliviano para entregar armamento y equipo logístico mediante créditos. La compra de armas y equipo logístico ruso también estará orientada a combatir el narcotráfico, en momentos en que el cultivo de coca para producción de cocaína crece en el país andino.

En materia energética, Golubev no sólo se refirió al gas boliviano. Afirmó que su país quiere trabajar como socio en la explotación del litio, el mineral que posiblemente alimentará los vehículos del futuro inmediato. Las autoridades bolivianas han manifestado en repetidas ocasiones que su interés en la explotación del litio no sólo consiste en la producción de carbonato de litio que es la materia prima para la producción de baterías de ion-litio, sino la industrialización del mineral en Bolivia. En otras palabras, la producción de baterías. Por ello, recientemente el Ministro de Energía y Metalurgia reafirmó que la explotación se hará a manos del estado exclusivamente sin mayor participación extranjera. Aún no es claro como se hará esa explotación y posterior industrialización. Más importante aún, no hay certeza sobre cual será el papel de Gazprom. Las autoridades bolivianas afirmaron que el Salar de Uyuni tiene reservas para dos siglos. Compañías chilenas y argentinas dominan la industria. ¿Despegará la explotación del litio boliviano? ¿Cuál será el papel ruso?

Junio es sin duda unos de los meses más movidos en el ICP; hemos tenido eventos prácticamente todos los días hábiles de la semana. Además en Colombia, junio tiene tres “puentes” seguidos. La Ley Emiliani, desde 1983, trasladó los días festivos que caen entre semana o el mismo domingo al lunes inmediatamente siguiente –con algunas pequeñas excepciones–, para juntarlos con el fin de semana y evitar interrupciones laborales. Lo que hace que además de ser un mes movido, sea uno bastante corto.

La revista Perspectiva hace parte activa de muchos de estos eventos. Mañana, miércoles 24 de junio, participaremos, junto con ICP Joven, en el primer encuentro internacional de líderes juveniles del colegio Emilio Valenzuela, uno de los más tradicionales de Bogotá. Los temas centrales del encuentro serán el papel de la educación y la consolidación de los líderes juveniles frente a la indiferencia social en América Latina. La idea del encuentro es intercambiar ideas y construir bases sociales a partir de la interacción cultural de los participantes, para fomentar un pensamiento crítico en tanto a la construcción de escenarios que permitan el crecimiento de los jóvenes como líderes transformadores de las realidad sociales, como la indiferencia social en los países de América Latina, además de consolidar el liderazgo en los ámbitos investigativos de las ciencias propias del conocimiento.

Además de tener un stand con la revista, que será repartida a todos los asistentes –estudiantes de colegios públicos y privados del país y de la región–, ICP Joven junto con la revista Perspectiva presentarán la conferencia “Liderazgo juvenil y relevo generacional dentro de los partidos políticos” que dictará, invitado por nosotros, Máximo Zaldivar, country director en Colombia del International Republican Institute.

Por otra parte, el jueves 25 de junio, ICP joven y Perspectiva realizarán una de nuestras tradicionales Pizza&Política. En esta ocasión se tratará el tema de Participación juvenil en la campaña y el gobierno de Barack Obama y los invitados son David Hardt, presidente de las juventudes del Partido Demócrata, y Juan Ayala, coordinador internacional de las juventudes del Partido Demócrata.

Por último, para lanzar oficialmente el número 20 de Perspectiva “Política exterior latinoamericana el actual desorden mundial” –edición que se encuentra en circulación– el 1 de julio realizaremos una tertulia sobre los desafíos a los que se enfrenta la región en materia de política exterior y relaciones internacionales, y profundizar en el caso específico colombiano a partir de los aportes de ponentes como Clemencia Forero, viceministra de Relaciones Exteriores; Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); Mario Galofre Cano, exembajador de Colombia en Brasil; Guillermo Fernández de Soto, excanciller, ex embajador y exsecretario de la CAN; Rodrigo Pardo, excanciller, y Ricardo Santamaría, exembajador de Colombia en Cuba.