El pasado martes 30 de junio, se conoció la orden de captura que un juez ecuatoriano dictaminó al exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, por dirigir el operativo militar contra el campamento de las Farc ubicado en territorio ecuatoriano, en marzo del año pasado.
El magistrado Daniel Méndez, juez primero de garantías penales de la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, provincia amazónica donde se desarrollo el operativo militar el año pasado, considera a Santos como el responsable de coordinar y diseñar el ataque militar en el que murieron 25 personas, entre ellas el ecuatoriano Frank Aisalla. De acuerdo a Méndez, Aisalla era civil de la región en la que se desarrolló el combate.
Frente a esta orden contra el exministro y hoy precandidato presidencial, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, manifestó desde Washington su oposición y sostuvo que “el gobierno de Colombia no permitirá que toquen al ministro Santos”. Además, reiteró que “si no se hubiera actuado contra ese campamento de ‘Raúl Reyes’, no se hubieran creado las condiciones para liberar a Ingrid Betancourt, para liberar a los tres norteamericanos y para liberar a los otros rehenes”.
Por su parte, el exministro Santos dio a conocer en un comunicado de prensa que la decisión judicial ecuatoriana es una agresión más de las tantas que Ecuador viene haciendo contra Colombia desde que Colombia bombardeó el campamento de las Farc en el que se encontraba ‘Raúl Reyes’, uno de los principales jefes de esta organización guerrillera. Desde dicha operación, el gobierno de Correa ha recriminado a Colombia el hecho de haber violado su soberanía, al cruzar la frontera sin autorización. Ante esto, Colombia sostiene que fue un acto de legítima defensa, siendo las Farc un grupo mundialmente reconocido como terrorista.
Por otra parte, el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, quien está en Washington con el presidente Uribe, afirmó que el gobierno colombiano llevará la decisión ecuatoriana a la consideración de instancias internacionales. Y sostuvo que ” Colombia considera ilegales e ilegítima las acciones terroristas; nosotros consideramos que hay una extralimitación de la decisión del juez (ecuatoriano) y vamos a poner en conocimiento a las instancias internacionales este caso”, dijo el canciller.
Esta acción por parte del gobierno ecuatoriano, significa que no se están llevando las relaciones entre Colombia y Ecuador a mejores términos, al contrario, esto reitera, una vez más, que no existe voluntad alguna por parte de Ecuador de mantener y propiciar una relación pacifica y de solidaridad con su país vecino. Además, el hecho de que Ecuador considere una acción militar en contra del terrorismo como ilegítima, pone en duda las relaciones de este gobierno con el grupo terrorista colombiano. Aquí hay una competencia estatal porque esa operación fue el resultado de un ejercicio militar en el que Colombia usó su potestad soberana, alegando una doctrina de defensa del terrorismo, y por lo tanto, Colombia debe hacer valer este principio porque evidentemente aquí hay un caso en el que se buscan efectos políticos.




















