Revista Perspectiva Blog

La designación del general Henry Rangel Silva como Ministro de la Defensa ha colocado, de nuevo, en medio de la polémica nacional la actuación institucional de la Fuerza Armada. Creo mi obligación, dirigirme a mis compañeros de armas para recordarles algunos principios y valores militares y, fundamentalmente, decirles algunas verdades sobre lo que ocurre en Venezuela. Lo voy a hacer para que el día de mañana ninguno de ustedes pueda decir que no sabían lo que estaba pasando en nuestro país. No me voy a referir a toda la problemática que, en estos momentos presenta Venezuela. Es demasiado compleja para poder desarrollarla en el limitado espacio de un artículo de opinión. Voy a  tratar solamente los aspectos que, por razones profesionales, tienen que ver directamente con la misión fundamental de la Institución Armada: la defensa de la Nación.
Un aspecto fundamental en la defensa de un país es la unidad de su pueblo. Sin esa trascendente solidaridad es imposible enfrentar cualquier amenaza que pueda surgir contra  su soberanía. Lograr esa unidad, es la más importante obligación que tiene un jefe del Estado. Sólo se logra a través de su ejemplo y  de su prédica. Sin alcanzar esa imprescindible cohesión nacional es imposible la defensa de la Nación. Hugo Chávez se ha dedicado durante estos once años a destruir los firmes lazos de hermandad que siempre existieron entre los venezolanos, mediante la siembra del odio y del resentimiento. Venezuela, sin exageración, se encuentra dividida en dos grupos políticos irreconciliables, cada uno cercano al cincuenta por ciento de nuestra población, que considera al otro no su adversario ideológico sino su enemigo, al cual hay que destruir.
La conducción de la política exterior le corresponde al presidente de la República, y es una responsabilidad indelegable que exige prudencia, perspicacia y serenidad. Hugo Chávez, por razones que no son fáciles de explicar, ha mezclado a Venezuela en delicadas tensiones internacionales de consecuencias riesgosas e impredecibles. No creo que ningún venezolano, que tenga claro nuestros objetivos nacionales, pueda explicar las razones del enconado enfrentamiento con los Estados Unidos. Jugar a la guerra, vinculando a Venezuela a alianzas con países totalmente fuera de nuestra región y mezclándola en conflictos tan delicados como el existente en el Medio Oriente, lo menos que produce es angustia y preocupación. La supuesta defensa de nuestra soberanía no es causa suficiente para exponer a Venezuela y a su pueblo a un riesgo tan elevado.
Esa supuesta pasión de Hugo Chávez por defender nuestra soberanía es absolutamente falsa. No haber protestado ante Guyana por la entrega de concesiones en la Zona en Reclamación fue la primera muestra de debilidad al iniciarse el gobierno, pero haber guardado silencio al conocerse que su canciller había planteado ante las Naciones Unidas la ampliación de su plataforma continental de 200 a 350 millas, sin tomar en cuenta nuestra reclamación, no tiene justificación alguna. El colmo de los colmos, ha sido la permanente declaración realizada por Hugo Chávez: “la reclamación sobre la Guayana Esequiba, realizada por el gobierno de Rómulo Betancourt ante Inglaterra, surgió por presión de los Estados Unidos para derrocar el gobierno progresista de Cheddy Jagan”. Un total absurdo, que compromete gravemente el Acuerdo de Ginebra.
No creo que el asunto sólo quede allí. Hay que recordar la delicada crisis que surgió en la Comisión Negociadora de Límites con Colombia al  producirse la renuncia del doctor Francisco Nieves Croes al detectar que los doctores Pabel Rondón y Pedro Gómez Borrero, presidentes de las comisiones negociadoras de Venezuela y Colombia, tenían listo, en ese momento, un acuerdo de delimitación logrado con el respaldo de los dos gobiernos y a espaldas de la opinión pública venezolana. La posición entreguista de Hugo Chávez sobre este tema la confirmó en una de sus inaceptables declaraciones: “desde mi época de militar activo tengo un criterio sobre ese tema alejado de posiciones extremistas. La delimitación sobre el Golfo de Venezuela hay que solucionarla, en su momento, como tiene que solucionarse un problema entre hermanos”. Pura demagogia…
La segunda, y muy trascendente obligación de la Fuerza Armada, es cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. La opinión pública ha venido señalando, con toda razón, que este gobierno viola de manera flagrante los principios fundamentales que inspiran la constitución de 1999 al plantear establecer en Venezuela un régimen socialista, imponer, a través de una enmienda la reelección indefinida, rechazada en el Referendo aprobatorio de 2007, y aprobar un conjunto de leyes, entre las cuales están todas las reformas de nuestra Ley Orgánica. Para colmo, algunos generales, incumpliendo sus deberes militares, han señalado que la Fuerza Armada no aceptaría el resultado electoral si es adverso a Hugo Chávez. No creo que la mayoría de la Fuerza Armada acepte tan absurda posición. De hacerlo, comprometería el destino de nuestra Institución.
fochoaantich@gmail.com

(Análisis Latino) Argentina enfrenta un 2012 complicado, con la economía haciendo agua por donde más le duele al poder K: el consumo y la hiperactividad forzada que se traduce en una inflación superior al 20% y en muchos cálculos privados, al 25%. Con los sindicatos velando armas para reclamar aumentos salariales acordes con esa inflación y el gobierno nacional sólo dispuesto a dar un 18%, se avizoran tiempos sociales agitados, por primera vez en el largo “reinado” kirchnerista. Ni los sindicatos afines al gobierno aceptan ese techo del 18%, tan alejado de la vida real de sus afiliados y de la cuenta del supermercado.

En este contexto interno, debe analizarse la creciente “malvinización” de la política exterior argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, han ejercido una presión pública sobre Gran Bretaña y sobre todo en los países vecinos y socios del Mercosur. Obtuvieron así en la última cumbre del organismo regional, en diciembre pasado, que tanto los 4 miembros plenos del Mercosur, como Chile, asintieran a una política que Londres denunció como “bloqueo”: Las naves con la “bandera ilegal” de las islas no pueden acceder a los puertos del Cono Sur.

El secretario de Exteriores británico, William Hague, y el propio primer ministro, David Cameron, tomaron nota del activismo argentino y desarrollaron una contraofensiva diplomática y otra mediática, muy redituable también a nivel doméstico. La última “salida” de Cameron durante su comparecencia en los Comunes sobre el “colonialismo argentino” debe interpretarse en esta clave de análisis.

Mientras tanto, en estas dos semanas la Argentina se golpeó el pecho con algunos éxitos mediáticos. El canciller Timerman publicó una columna en The Times y éste y The Guardian publicaron opiniones británicas favorables a negociar la soberanía de las islas. Los medios argentinos se solazaron destacando estos hechos como una demostración irrefutable de la supuesta superioridad intrínseca, moral, de la postura argentina. Pero nadie, en absoluto, se plantea la posibilidad recíproca: que Hague publique una columna en un medio de primera línea de la Argentina y que analistas locales contradigan la postura oficialista en la cuestión de fondo: la soberanía o al menos en las cuestiones relativas a dejar de lado el unilateralismo que exhibe Argentina, como si la ONU no invitara a las dos partes a negociar, y por lo tanto a ceder algo cada una.

En soledad, el académico Vicente Palermo planteó el asunto con gran lucidez en el matutino de gran circulación Clarín. Pero eso fue en septiembre pasado, antes de las elecciones y antes de la “remalvinización” creciente planteada por el gobierno. Este tipo de análisis autocrítico es completamente inusual, totalmente alejado de la mentalidad argentina promedio y el clima actual difícilmente se volverá a ver en los medios masivos de comunicación. No se debe esperar una postura argentina autocrítica en Malvinas, no ya digamos del nacionalismo peronista de izquierda que rodea al gobierno, sino tampoco de la oposición, que sólo apunta a errores de método del gobierno, si es que hace siquiera eso.

Y los principales medios se ubican en esa línea, temerosos de ser apuntados como traidores a la patria o cosa semejante (“cipayos”, en el arcaico vocabulario peronista). Hasta el diario La Nación, que se supone el más ajeno al nacionalismo y además está totalmente enfrentado con el gobierno K, ha publicado un editorial muy en línea con la lógica “malvinera” imperante en la sociedad argentina.

Es una ley no escrita de la política argentina: con Malvinas solo se habla de soberanía, de lograr la retirada incondicional del imperialista británico, de la sangre derramada en 1982. Como mucho puede criticarse al general Galtieri y a su guerra demencial, pero ya ahí se cruza una línea, porque uno será acusado de “desmalvinizador” por los sectores más radicales, cada día más envalentonados.

Cuenta azorada la gran escritora argentina Tununa Mercado, exiliada durante la dictadura en México, que los exiliados argentinos salieron a festejar la toma de las islas en 1982. Por este clima chauvinista permanente, hoy fogoneado por el gobierno, es que resulta imposible plantearse como realizable esa columna de Hague en los diarios de Buenos Aires, o la de un analista argentino criticando en esos mismos medios las razones de fondo de Argentina en la cuestión Malvinas, más allá de la corajuda actitud de Palermo, quien, como se dijo, difícilmente sería invitado hoy a publicar nuevamente en un diario argentino.

Acá se intentará precisamente cruzar esa línea roja, ese tabú, y discutir tanto la política oportunista del gobierno K de “agarrarse” a Malvinas para usarla de válvula de escape al inminente descontento doméstico, como de esas presuntas razones absolutas, sagradas, tan absolutas que nadie las discute públicamente en Argentina.

Por un lado, en el terreno de los crudos hechos, Chile hizo saber a través de la prensa que “bloquear” barcos con la bandera de las islas es su límite. Que no detendrá los vuelos de LAN hacia las islas, acordados con Argentina y Gran Bretaña hace más de 10 años. Por otro, Uruguay, puerto y base logística natural de Malvinas si se descarta la Argentina, no desea perderse el negocio derivado de ese apoyo logístico, especialmente con la perspectiva de extracciones petroleras de importancia en las islas. Por esto, el bendito “bloqueo” denunciado por Londres es una exageración con fines populistas, y lo mismo vale para la Argentina que salió a apuntarse en diciembre un falso éxito resonante en el aislamiento de Malvinas. Simplemente con izar la bandera británica los barcos tendrán los puertos abiertos de Chile, Uruguay y Brasil. “Bloqueo” terminado. Ni los negocios ni las provisiones para los isleños parecen correr ningún peligro, como se quiso hacer creer desde el gobierno argentino. Pero en Argentina ningún opositor se animó a señalar esta fanfarronada. Es nuevamente el síndrome Malvinas: el temor a parecer no demasiado nacionalista, no totalmente comprometido con ese valor absoluto que es Malvinas para la sociedad argentina. Ese consenso público y “sentido común” argentino no han variado mayormente desde la dictadura militar. Puede decirse que este dogmatismo malvinero es la última herencia de las dictaduras militares que rigieron a Argentina entre 1930 y 1983.

Es aquí donde debe tenerse el valor y la amplitud de miras de los británicos y poner toda la discusión en el escenario. En los medios argentinos no se hará, pueden estar seguros, pero acá va un intento off shore, digamos.

Ante todo, la pregunta más básica: ¿las Malvinas son realmente argentinas, tal como nos enseñan desde la más tierna infancia en las escuelas? Asunto dudoso, vidrioso: como tantos otros micropaíses isleños vinculados a Londres o a otras metrópolis, Malvinas/Falklands se ubica a miles de Km. del Reino Unido, punto que Argentina siempre recuerda para “demostrar” la invalidez de la posición británica. Pero nadie, que este periodista sepa, cuestiona esa pertenencia y reclama su soberanía sobre esos otros Estados isleños, salvo el caso que nos ocupa. Se plantea a veces el caso Gilbraltar, pero es precisamente el que marca la diferencia: está en el continente, y aun así España mantiene relaciones plenas de cooperación con Gran Bretaña y forma parte de la misma alianza militar, la OTAN. Su política exterior no está ni remotamente dominada por Gibraltar como lo está la de Argentina por Malvinas bajo este gobierno

Las islas y territorios de “ultramar” de las naciones europeas, dispersas por todo el mundo, podrían ser reclamadas por las naciones continentales vecinas, si se aplicara el mismo criterio argentino en Malvinas. Ejemplos sobran: Sainte Pierre et Miquelon, francesas, frente a la costa canadiense; la británica Bermuda, frente a las costas estadounidenses; la holandesa Aruba, frente a Venezuela y las Antillas francesas Martinica y Guadalupe, también frente a Venezuela. Pero a nadie se le cruza por la mente esa reclamación. Esas micro-naciones mantienen una relación especial con sus antiguas metrópolis y todo el mundo respeta ese vínculo histórico. Algo similar ocurre con la Mancomunidad Británica de Naciones, el Commonwealth, de la que muchas de esas islas caribeñas forman parte.

Como puede apreciarse, hay una base histórica, social y política fuerte para decir que las Malvinas/Falklands, pobladas por británicos exclusivamente desde hace casi 200 años, merecen una actitud similar a la que se dispensa a los habitantes de Aruba o Martinica. Ellos deciden mantener un vínculo especial con su antigua metrópolis y nadie objeta esa decisión de la población isleña. ¿Por qué debe ser diferente con Malvinas?

Las promesas argentinas de respetar a los isleños, sus costumbres y lengua no son creíbles, aunque las formule un gobierno democrático y no la Junta Militar de Galtieri. Como señala tan bien Palermo, si ya empezamos por negar el nombre que dan a su capital (Puerto Argentino en lugar de Port Stanley), difícilmente seremos creíbles como futuros soberanos respetuosos de la lengua, tradiciones y valores de los isleños. Sencillamente, esa gente no quiere saber nada con nosotros, los argentinos. ¿No se debe respetar su voluntad por encima de cualquier otro valor o argumento geográfico, que como ya vimos tienen un valor relativo? La soberanía en base a la geografía no es un valor absoluto, ni mucho menos, como pretende la sociedad argentina. El derecho de las personas de carne y hueso a vivir de acuerdo a sus valores y tradiciones es, no un valor absoluto, pero lo más cercano que tenemos a eso, y en todo caso un valor claramente superior al esgrimido por razones de ubicación y distancia por Argentina.

Pablo Díaz de Brito es redactor especial de www.analisislatino.com

Próximamente estará en circulación el número 27 de la revista Perspectiva cuyo dossier hemos titulado “Brasil: el nuevo jugador mundial”.

El tema central de esta edición pretende poner en consideración los aspectos positivos y negativos de un país en ascenso como Brasil, analizando las principales oportunidades y los más evidentes desafíos a los cuales se enfrenta esta nación latinoamericana. Para este dossier, Perspectiva reunió artículos que analizan desde diferentes puntos de vista de reconocidos académicos, escritores y diplomáticos brasileños, argentinos, colombianos y venezolanos, la situación brasilera en cuanto a los aspectos políticos, económicos y sociales, como Sergio Fausto, politólogo brasilero, director ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso y director de Plataforma Democrática; Alessandro Candeas, ministro consejero de la embajada de Brasil en Colombia; Héctor Ricardo Leis y Eduardo Viola, miembros del Consejo Académico de Cadal en Argentina; Eduardo Pastrana Buelvas, colombiano, director del departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y editor de la revista Papel Político; Matías Franchini, politólogo argentino; Norman Gall, director ejecutivo del Instituto Fernand Braudel de Economía Mundial y editor de los Braudel Papers; María Teresa Romero, internacionalista y politóloga venezolana, y por último una entrevista con el expresidente brasilero, Fernando Henrique Cardoso.

Por otro lado, en la sección América Latina, María Laura Depetris, redactora de www.analisislatino.com analiza la Carta Democrática Interamericana a los 10 años de su firma,  y el exguerrillero colombiano Felipe Salazar hace un perfil de su antiguo jefe, Alfonso Cano. En la sección Mundo, Carlos Alberto Montaner, periodista cubano, examina en paralelo a Gadafi y a Raúl Castro. En Temas & Debates el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (Opeal) hace un análisis sobre la nueva dimensión que ha adquirido el problema del medio ambiente dentro de la seguridad; por otra parte, el exministro chileno Álvaro García debate sobre cómo reformar el papel del Estado en el proceso de desarrollo económico. Finalmente en Libros, reseñamos Mr. Lippman goes to Habana de Alberto López-Hermida, José Carlos Pérez y Ángel Soto.

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Ocupa el puesto 113 en el ranking Doing Business mientras que Chile y Colombia se adjudican los puestos 39 y 42 respectivamente.

El espíritu emprendedor es vital para el crecimiento socioeconómico y, para que éste pueda desarrollarse, es necesario contar con un ambiente propicio en materia de derechos de propiedad, de infraestructura, impositiva y crediticia. Lamentablemente, en Argentina no están dadas las condiciones para que la iniciativa privada pueda explotar al máximo su potencial, por el contrario, muchas veces la misma es inhibida mediante múltiples y complejos procedimientos, controles y regulaciones, trabas burocráticas, elevados costos y deficiente infraestructura. Así lo demuestra el ranking mundial Doing Business que anualmente elabora el Banco Mundial y que mide las facilidades que existen para instalar una empresa en un determinado país.

De acuerdo al mencionado estudio, Argentina se ubica en el puesto 113 sobre un total de 183 economías evaluadas. Si bien ascendió un puesto respecto a la edición pasada, sigue siendo un país con numerosos obstáculos para la actividad empresarial.

El índice mencionado incluye 10 categorías, a saber: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de los contratos y resolución de la insolvencia.

Nuestro país exhibe la peor performance en el rubro “manejo de permisos de construcción”, al ubicarse en el puesto 169. Precisamente, esta operación requiere de 25 procedimientos, demora 365 días y tiene un costo equivalente al 107,7% del ingreso per cápita. Como contraste, estos valores para los países de la OCDE son de 14, 152 y 45,7% en forma respectiva.

En la categoría que analiza la “apertura de un negocio”, se adjudica el puesto 146 y retrocede tres puestos en comparación con la edición pasada. Según esta variable, abrir un negocio demanda 14 procedimientos, 26 días y tiene un costo equivalente al 11% del producto por individuo. Para tener una idea, en Singapur, país que lidera el ranking, abrir un negocio lleva 3 días, 3 procedimientos y tiene un costo que equivale al 0,7% del ingreso per cápita.

Por otra parte, en el indicador “registro de propiedades” pierde 26 puestos al pasar de la posición 113 a la 139. Según el informe, Argentina llevó a cabo una sola reforma sobre negocios en el último período, la que, a diferencia de lo acaecido en otros países de la región, hizo más compleja la operatoria comercial. En forma puntual, se dificultó la transferencia de propiedades al requerir que el escribano obtenga de las autoridades fiscales el valor de referencia de la propiedad objeto de transferencia antes de poder formalizar la escritura pública. Es dable mencionar aquí que 125 economías introdujeron reformas que facilitaron los negocios, un 13% más en relación a la edición pasada pero, desafortunadamente, Argentina no está entre ellas.

En cuanto al pago de impuestos, ocupa el puesto 144 al ser considerado el sistema tributario local muy complejo. El estudio revela que el total de pagos exigidos insume 415 horas en el año, cifra que supera al promedio de la región (382) y más que duplica a la de los países de la OCDE (186).

En el otro extremo, los mejores desempeños se observan en cumplimiento de contratos (puesto 45), obtención de energía eléctrica (58) y obtención de crédito (67).

En cuanto al análisis regional, Argentina es superada por Chile (39), Colombia (42) –que es una de las 12 economías del mundo que más ha mejorado en esta edición-, Perú (41), Uruguay (90) y Paraguay (102), mientras que se halla por encima de Brasil (126), Ecuador (130), Bolivia (153) y Venezuela (177).

Vale resaltar y por qué no tomar como ejemplo, las reformas instrumentadas por Chile, Uruguay y Colombia. Por ejemplo, el país trasandino facilitó la apertura de empresas al empezar a otorgar una licencia temporal de actividad de forma inmediata a las empresas de nueva creación, eliminando el requisito de inspección previa por parte de las autoridades fiscales antes de que las empresas puedan comenzar sus operaciones. Por su parte, Uruguay facilitó la apertura de una empresa al establecer una oficina de ventanilla única para las empresas comerciales en general. También, mejoró su sistema de información crediticia, al introducir una plataforma online que permite el acceso a informes de crédito a las instituciones financieras, empresas de suministro de energía y prestamistas. Por último, Colombia, redujo los costos asociados a la apertura de una empresa al dejar de exigir el pago anticipado de la tarifa de la licencia comercial.

En otro orden, debe tenerse en cuenta que la falta de un ambiente amigable para la actividad empresarial no sólo restringe el progreso económico sino que también, tiene su correlato en la expansión de la economía informal, con las restricciones y desventajas lógicas que padecen quienes operan en ella. Por cierto, en Argentina la economía “en negro” asciende a casi el 35%.

En efecto, sólo si se recrean las condiciones que promuevan y estimulen la inversión y el desarrollo de negocios, habrá más crecimiento y menos pobreza. Este índice internacional constituye una guía para conocer hacia dónde deben dirigirse las reformas y las políticas públicas que estimulen la actividad emprendedora. Sin dudas, hay un largo camino por recorrer.

Internet es un concepto que revolucionó por completo la comunicación y al mundo entero. Una vez las personas acceden a ella, se rompe la barrera de espacio y tiempo. Internet se ha convertido en una condición para el desarrollo económico y social, y en una herramienta esencial para difundir y garantizar la democracia y la difusión del conocimiento, rompe barreras y facilita la toma de decisiones así como la ejecución de las mismas.

Sin embargo, persisten dos barreras –el acceso físico y el lenguaje–, que impiden que internet sea una red de comunicaciones “global”.

Para romper la barrera del acceso físico es necesario que las personas puedan disponer de un computador con conexión. Teniendo en cuenta que un computador cuesta de US$200 en adelante y que además es necesario pagar una tarifa al proveedor del servicio, la red es un espacio que deja por fuera gran parte de la población que tiene ingresos mensuales de un salario mínimo o menos. Para las personas con discapacidad, la exclusión es aún más dramática; por ejemplo, las personas con discapacidad visual que quieran acceder a la red, deben pagar cerca US$1.500 adicionales de un software de lectura de pantalla. La segunda barrera, el lenguaje, consiste en que todas las personas que quieran acceder a la red y contenidos de la misma, requieren de competencias básicas de lectura y escritura al menos en español –en otros casos en inglés–, y además un conocimiento básico sobre cómo utilizar el computador y navegar en la red. En el caso de las personas con discapacidad auditiva existe una limitante adicional, la falta de contenidos audiovisuales traducidos al lenguaje de señas.

Frente a este panorama, con el fin de garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso democrático a la información y al conocimiento, y para generar desarrollo humano y económico, el Estado debe asumir un rol activo en el acceso a internet para todos los ciudadanos. El gobierno de Uruguay, por ejemplo, ha asumido este reto por medio del Plan Ceibal: “Un chico, una computadora”, gracias al cual se han entregado más de 400.000 computadores con acceso a internet a estudiantes y profesores de educación básica y media, con un costo de US$180 cada uno. Esta política viene acompañada de una inversión en infraestructura para que las escuelas tengan acceso gratuito a internet por medio de una conexión inalámbrica. Los resultados son asombrosos; los niños de educación básica y media han adquirido competencias en el manejo y edición de materiales audiovisuales, descarga de contenidos, manejo de software de escritura y en consecuencia, los profesores se han visto obligados a mejorar sus competencias para mantenerse a la par con sus alumnos.

Mientras tanto en Colombia, a pesar de que en relación con sus pares latinoamericanos está cerca de los mejores indicadores de penetración de internet (50.4% Colombia, 54.8% en Chile y 66% en Argentina)[i], aún no existe una política pública que ayude a romper las barreras de acceso a internet. Actualmente se discute en el Congreso la posibilidad de reformar la Constitución Política de 1991 para incluir el acceso a internet como un derecho fundamental. El trámite de este acto legislativo está a la espera de su cuarto debate de ocho para ser aprobado. Aunque la iniciativa debe ser bien recibida, no representa una solución a corto plazo, en tanto dicha reforma requiere de una legislación posterior que la desarrolle, a fin de que el derecho se pueda materializar.

Sin embargo, el panorama es esperanzador. El 4 de noviembre de 2011, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia adjudicó la licitación 02/11 a un consorcio de dos empresas mexicanas, la cual hace parte del Plan Nacional de Fibra Óptica, que tiene el propósito de construir la infraestructura necesaria para que el acceso a internet sea posible en más de 1.000 municipios colombianos en tres años[ii]. Este es el momento propicio para diseñar una política nacional que garantice computadores para todos los niños que reciben educación pública, y así mejorar la competitividad, democratizar el conocimiento, mejorar los estándares de calidad de la educación y disminuir la desigualdad y falta de oportunidades en las regiones más apartadas.

En las últimas semanas, algunos rumores muy tenues en el mundo político insinúan que el gobierno de Juan Manuel Santos estaría dispuesto a negociar con las FARC, si estas se comprometen a iniciar un camino serio que lleve a la resolución de un conflicto que ya lleva casi cincuenta años.

Desde su posesión, el presidente Santos ha mandado varias señales en ese sentido. Sin renunciar a la vía militar como medio para poner fin al conflicto, la actual administración no ha cerrado totalmente la puerta a la negociación, aunque en este caso prime la ambigüedad, teniendo en cuenta que los acercamientos efectivos con la guerrilla han sido nulos y el gobierno ni siquiera cuenta entre su nómina con un alto comisionado como había sido tradición durante los últimos años en el país.

Por un lado, y marcando un claro contraste con su antecesor, Santos aceptó declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Las consecuencias de tal decisión no son anodinas, pues es este el primer paso para una negociación, la aceptación del carácter político[1] del conflicto y el reconocimiento de la validez legal del adversario para sentarse a la mesa. Por otro lado, desde la hora cero de su gobierno, y una vez más, en claro contraste con su antecesor, Santos ha condicionado un eventual proceso de paz a muestras concretas de la pretendida voluntad de paz de las Farc, y como primer paso, la liberación de los secuestrados.

Durante su visita a Londres a comienzos de la semana pasada, Santos insistió en el tema, asegurando que a pesar de los duros golpes que se le han propinado a la FARC, la negociación sigue mostrándose como una nube distante en el horizonte. Entonces el presidente afirmó que “la solución política no está cerrada, ni con llave. Y la llave no está en el fondo del mar, sino en mi bolsillo. Y estoy dispuesto a abrir la puerta, porque creo que al final tiene que ser una solución política”.

No obstante, no es claro que el presidente quiera sacar esa llave y abrir las puertas de la paz, tras el asesinato de tres policías y un sargento del ejército que llevaban entre trece y catorce años secuestrados. Se trata de un evidente crimen de guerra, penalizado por el orden jurídico internacional y objeto de la acción de la Corte Penal Internacional. La principal víctima de la masacre de los uniformados es la posibilidad de un diálogo con las Farc; así lo reconocen incluso los mismos gestores de paz, quienes ven con escepticismo la posibilidad de iniciar diálogos en el corto y mediano plazo.

El gobierno de Colombia anunció el 4 de noviembre la muerte de alias “Alfonso Cano”, máximo líder de la guerrilla de las Farc, el cual fue abatido por un ataque aéreo de las Fuerzas Militares. Con su muerte, surgen preguntas y un espacio para pensar en la posibilidad del fin del conflicto armado en este país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han sufrido golpes estratégicos por parte de las Fuerzas Militares del Estado que han debilitado una jerarquía fuertemente consolidad desde el establecimiento oficial del secretariado en 1993, durante la Octava Conferencia Nacional de las Farc-EP. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido protagonista y participe desde que era ministro de Defensa del anterior gobierno, de los duros golpes que ha sufrido esta organización guerrillera. La muerte natural de Manuel Marulanda Vélez, el asesinato de Iván Ríos por parte de su jefe de seguridad, y las operaciones militares que dieron de baja a Raúl Reyes, al Mono Jojoy y a Alfonso Cano, son episodios que abren el camino para darle fin al conflicto armado colombiano, ya sea por medio de negociaciones o por un total debilitamiento del grupo guerrillero.

A pesar de la muestra de deterioro en su capacidad de resistencia y después de la confirmación de la muerte de Cano, su reemplazo, Rodrigo Londoño Echeverry alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, anunció que las Farc no tiene intención de desmovilizarse o de hacer un cese a sus actividades armadas. El nuevo líder de las Farc afirmó que seguirá en marcha el Plan Estratégico hacia la toma del poder para el pueblo.

Por la parte del gobierno colombiano, Santos aseguró que continuará con la labor de finalizar el conflicto armado en el país por cualquier medio necesario. El presidente de Colombia, instó a las Farc a seguir el ejemplo de la organización terrorista vasca ETA, que el pasado 20 de octubre anunció el cese definitivo de su actividad armada.

A raíz de la invitación de desmovilización realizada por Santos a las Farc, y la advertencia enviada a los guerrilleros que continúen con la militancia, alias Timochenko se pronunció nuevamente en un comunicado publicado en la página web de las Farc (http://www.farc-ep.co), anotando:  “Así no es, Santos, así no es”. El líder guerrillero rechazó el ataque que dio de baja a Cano resaltando sus virtudes y admiración por ser un líder de la organización guerrillera y haber muerto en el campo de combate. De la misma manera, Timochenko denominó al presidente Juan Manuel Santos en su comunicado como un dirigente “amenazante y brutal”, al repudiar no solo la muerte de Cano si no de todos los cabecillas del secretariado y por la publicación en medios de comunicación de fotos de sus cadáveres. El nuevo jefe de la guerrilla le recordó al mandatario colombiano que la muerte es algo a lo que ningún ser humano puede escapar, ya sea de forma natural o violenta, y que la vida se puede llevar de acuerdo a la decisión que tome cada individuo, tal como lo hacen los miembros de la organización guerrillera que creen en la causa de su lucha y seguirán encaminando su vida para alcanzar el propósito de las Farc.

Para terminar, vale la pena considerar y tener en cuenta los logros del gobierno colombiano y los meritos de las Fuerzas Militares de Colombia en la lucha contra las Farc. Así mismo, es evidente que Timochenko y el grupo que lidera tienen dos opciones: continuar con la lucha armada, lo cual implicaría el gradual debilitamiento y desaparición del grupo guerrillero, o entrar en un proceso de negociación consolidado en un acuerdo de paz, en el que se haga cese a las actividades armadas. Con lo anterior, sería posible la reinserción de los miembros de las Farc a la sociedad colombiana y dar el inicio hacia la reconciliación y la reestructuración del país.

Comunicado de alias Timochenko a Juan Manuel Santos: http://www.farc-ep.co/?p=900