Revista Perspectiva Blog

@OscarOrtizA

La democracia no es solo votar para elegir a los gobernantes cada cuatro o cinco años. La democracia es, en esencia, un sistema que limita el poder de los gobernantes y los sujeta a las leyes y a una justicia independiente, para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Por ello, la virulencia con la que los países miembros de la ALBA atacaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la última Asamblea General de la OEA, refleja la profunda contradicción existente entre gobiernos electos por el voto que transgreden dichos límites y el respeto que deben a los ciudadanos, especialmente a quienes piensan diferente de ellos, aunque formen parte de las minorías políticas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos significa un gran avance de nuestra región con respecto a otras partes del mundo, en las que, aun hoy, viven bajo gobiernos dictatoriales. La realización de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el establecimiento de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la suscripción de la Carta Democrática Interamericana representaron grandes avances para el continente. Permitieron tener esperanza en que las instituciones democráticas se fortalecerían para construir sociedades de personas libres, con garantías y respeto a su dignidad y derechos.

A pesar de todo ello, el sistema existente es todavía lento e inefectivo: demora años en brindar justicia y no brinda protección oportuna a quienes son perseguidos por gobiernos autoritarios. El hecho de que para llegar a la Corte Interamericana haya que pasar por la CIDH representa un filtro que deja a muchas personas sin la posibilidad de conseguir su objetivo. A las más afortunadas les implica años de espera. Una de las principales causas radica en que los miembros de la CIDH no tienen dedicación permanente y solo se reúnen algunas semanas por año en dos periodos de sesiones, en los cuales atienden tan solo una mínima parte de los casos que se le presentan.

La Carta Democrática, por su parte, no ha podido ser aplicada frente a gobiernos electos que vulneran los principios democráticos establecidos en el mismo documento, debido a que quien tiene que evaluar estas violaciones es el Consejo Permanente, compuesto por embajadores que, obviamente, no van a ir en contra de sus propios presidentes.

A pesar de los defectos señalados, este sistema molesta a los gobiernos autoritarios porque permite dar publicidad internacional a los abusos que cometen y sientan precedentes que servirán para juzgar en el futuro a estas mismas autoridades, cuando ya no ejerzan el poder.

Por ello, las reformas pasan por fortalecer el sistema, ampliando su autonomía e independencia y no por someterlo a las instancias burocráticas de la OEA que dependen enteramente de las decisiones políticas de los gobiernos que la componen.

(*) Expresidente del Senado de Bolivia

pablo.convers@icpcolombia.org

Quedan muchos interrogantes después de una explosión. ¿Quiénes eran las personas que murieron en ella? ¿A dónde trasladaron los heridos? ¿Había algún familiar o conocido entre ellos? ¿Por qué alguien sería capaz de semejante atrocidad? ¿A quién iba dirigida? Una bomba va a dirigida a todos, acaba con la vida de mujeres, hombres, madres, padres, hermanos, hijos e hijas; deja heridas y cicatrices de por vida. Una bomba también crea pánico, desconcierto y desolación; la sensación de que pude haber sido yo o tú o alguien cercano; “yo pasé por ahí esta mañana”, “yo crucé el semáforo justo antes”. Una bomba en Colombia es un golpe en una herida aun abierta; trae los recuerdos más sórdidos de la violencia del narcotráfico y de las Farc.

Sea cual fuere el responsable de esta atrocidad, es clara una cosa: la confianza se ha perdido. La paz que parecía estar construyéndose, tan frágil aún como un suspiro, se desvaneció de nuevo. La detonación de un artefacto explosivo en plena calle 74 con Avenida Caracas, con el fin de atentar contra la vida de de Fernando Londoño, exministro del Interior, su conductor, guardaespaldas y personas que transitaban por el lugar, nos recuerda que vivimos en un país en conflicto. Ese país lejano a la indiferencia de las urbes, esa Colombia de guerra visceral nos recuerda cada vez que puede, que estará ahí con nosotros dividiéndonos, destrozando nuestros cuerpos y almas.

Además de las cinco personas fallecidas, de sus familias, de los 36 heridos, también se debe considerar a “la paz” dentro de la lista de víctimas. La posibilidad de un acercamiento entre los grupos armados al margen de la ley y el gobierno parece remota. El marco legal para la paz aprobado en sexto debate y con varios opositores como el expresidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, hoy recibió su estocada final. La paz es uno de los anhelos de la mayoría de colombianos, el marco legal para bien o para mal es un espacio de discusión sobre ese deseo. Acabar con él es negarnos la posibilidad de pensar que el fin del conflicto armado sí es posible y que es necesario estar preparados para ello, que es necesario tener las herramientas necesarias para llegar a su encuentro. Después de la bomba me pregunto: ¿debemos dejar de pensar en paz después de atentado?

El 18 de enero de 2012, la Universidad de Pensilvania publicó el ranking de los think tanks o centros de pensamiento más relevantes en el año 2011: “Global Go To Think Tanks”. El objetivo de este reporte es agrupar a los centros de pensamiento más  importantes y resaltar la contribución que estas instituciones están haciendo a los gobiernos y a la sociedad civil alrededor del mundo.

Con la participación de expertos e instituciones, se llevó a cabo el proceso de nominación y elección de los diferentes centros de pensamiento en cada una de las 30 categorías. En resumen, se obtuvo la ayuda de 793 panelistas expertos, 150 periodistas y académicos con experiencia en áreas de política, think tanks y sociedad civil, entre otras.

En contraste con los reportes anteriores y con el fin de democratizar el proceso de nominación de los think tanks, éste no se dejo únicamente al criterio de paneles de expertos, evitando así los posibles sesgos de selección. Otra medida en el mismo sentido fue la creación de una nueva categoría que agrupa a los think tanks cuyos montos de operación anuales son menores a US$5 millones, logrando así incluir en el ranking centros de pensamiento pequeños que a pesar de su labor podrían verse opacados por centros más grandes y estables.

Adicionalmente, la categoría de “Top Think Tanks de Latinoamérica” fue dividida entre “Top Think Tanks de México, Canadá y el Caribe” y “Top Think Tanks de Centro y Sur América”. Y la categoría que reconoce las habilidades en el uso de internet para interactuar con el público, fue modificada para incluir el papel de las redes sociales debido a su protagonismo en la difusión de información y contenidos, así cómo su función en los movimientos políticos y sociales.

El think tank elegido como el más relevante dentro de un grupo de 5.329 nominados en todo el mundo, fue el Brookings Institution de los Estados Unidos, y dentro de la categoría de los centros de pensamiento más influyentes de Centro y Sur América, el primer lugar fue otorgado a la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil.

Particularmente, destacamos en el ranking tres de los aliados de la revista Perspectiva: en la posición número 9, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad) de Venezuela; en la posición número 20,  el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala; en la 26, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) de Ecuador, y en la posición número 30, la Fundación Libertad de Argentina.

Para ver el ranking completo, haga click aquí

La designación del general Henry Rangel Silva como Ministro de la Defensa ha colocado, de nuevo, en medio de la polémica nacional la actuación institucional de la Fuerza Armada. Creo mi obligación, dirigirme a mis compañeros de armas para recordarles algunos principios y valores militares y, fundamentalmente, decirles algunas verdades sobre lo que ocurre en Venezuela. Lo voy a hacer para que el día de mañana ninguno de ustedes pueda decir que no sabían lo que estaba pasando en nuestro país. No me voy a referir a toda la problemática que, en estos momentos presenta Venezuela. Es demasiado compleja para poder desarrollarla en el limitado espacio de un artículo de opinión. Voy a  tratar solamente los aspectos que, por razones profesionales, tienen que ver directamente con la misión fundamental de la Institución Armada: la defensa de la Nación.
Un aspecto fundamental en la defensa de un país es la unidad de su pueblo. Sin esa trascendente solidaridad es imposible enfrentar cualquier amenaza que pueda surgir contra  su soberanía. Lograr esa unidad, es la más importante obligación que tiene un jefe del Estado. Sólo se logra a través de su ejemplo y  de su prédica. Sin alcanzar esa imprescindible cohesión nacional es imposible la defensa de la Nación. Hugo Chávez se ha dedicado durante estos once años a destruir los firmes lazos de hermandad que siempre existieron entre los venezolanos, mediante la siembra del odio y del resentimiento. Venezuela, sin exageración, se encuentra dividida en dos grupos políticos irreconciliables, cada uno cercano al cincuenta por ciento de nuestra población, que considera al otro no su adversario ideológico sino su enemigo, al cual hay que destruir.
La conducción de la política exterior le corresponde al presidente de la República, y es una responsabilidad indelegable que exige prudencia, perspicacia y serenidad. Hugo Chávez, por razones que no son fáciles de explicar, ha mezclado a Venezuela en delicadas tensiones internacionales de consecuencias riesgosas e impredecibles. No creo que ningún venezolano, que tenga claro nuestros objetivos nacionales, pueda explicar las razones del enconado enfrentamiento con los Estados Unidos. Jugar a la guerra, vinculando a Venezuela a alianzas con países totalmente fuera de nuestra región y mezclándola en conflictos tan delicados como el existente en el Medio Oriente, lo menos que produce es angustia y preocupación. La supuesta defensa de nuestra soberanía no es causa suficiente para exponer a Venezuela y a su pueblo a un riesgo tan elevado.
Esa supuesta pasión de Hugo Chávez por defender nuestra soberanía es absolutamente falsa. No haber protestado ante Guyana por la entrega de concesiones en la Zona en Reclamación fue la primera muestra de debilidad al iniciarse el gobierno, pero haber guardado silencio al conocerse que su canciller había planteado ante las Naciones Unidas la ampliación de su plataforma continental de 200 a 350 millas, sin tomar en cuenta nuestra reclamación, no tiene justificación alguna. El colmo de los colmos, ha sido la permanente declaración realizada por Hugo Chávez: “la reclamación sobre la Guayana Esequiba, realizada por el gobierno de Rómulo Betancourt ante Inglaterra, surgió por presión de los Estados Unidos para derrocar el gobierno progresista de Cheddy Jagan”. Un total absurdo, que compromete gravemente el Acuerdo de Ginebra.
No creo que el asunto sólo quede allí. Hay que recordar la delicada crisis que surgió en la Comisión Negociadora de Límites con Colombia al  producirse la renuncia del doctor Francisco Nieves Croes al detectar que los doctores Pabel Rondón y Pedro Gómez Borrero, presidentes de las comisiones negociadoras de Venezuela y Colombia, tenían listo, en ese momento, un acuerdo de delimitación logrado con el respaldo de los dos gobiernos y a espaldas de la opinión pública venezolana. La posición entreguista de Hugo Chávez sobre este tema la confirmó en una de sus inaceptables declaraciones: “desde mi época de militar activo tengo un criterio sobre ese tema alejado de posiciones extremistas. La delimitación sobre el Golfo de Venezuela hay que solucionarla, en su momento, como tiene que solucionarse un problema entre hermanos”. Pura demagogia…
La segunda, y muy trascendente obligación de la Fuerza Armada, es cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. La opinión pública ha venido señalando, con toda razón, que este gobierno viola de manera flagrante los principios fundamentales que inspiran la constitución de 1999 al plantear establecer en Venezuela un régimen socialista, imponer, a través de una enmienda la reelección indefinida, rechazada en el Referendo aprobatorio de 2007, y aprobar un conjunto de leyes, entre las cuales están todas las reformas de nuestra Ley Orgánica. Para colmo, algunos generales, incumpliendo sus deberes militares, han señalado que la Fuerza Armada no aceptaría el resultado electoral si es adverso a Hugo Chávez. No creo que la mayoría de la Fuerza Armada acepte tan absurda posición. De hacerlo, comprometería el destino de nuestra Institución.
fochoaantich@gmail.com

Próximamente estará en circulación el número 27 de la revista Perspectiva cuyo dossier hemos titulado “Brasil: el nuevo jugador mundial”.

El tema central de esta edición pretende poner en consideración los aspectos positivos y negativos de un país en ascenso como Brasil, analizando las principales oportunidades y los más evidentes desafíos a los cuales se enfrenta esta nación latinoamericana. Para este dossier, Perspectiva reunió artículos que analizan desde diferentes puntos de vista de reconocidos académicos, escritores y diplomáticos brasileños, argentinos, colombianos y venezolanos, la situación brasilera en cuanto a los aspectos políticos, económicos y sociales, como Sergio Fausto, politólogo brasilero, director ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso y director de Plataforma Democrática; Alessandro Candeas, ministro consejero de la embajada de Brasil en Colombia; Héctor Ricardo Leis y Eduardo Viola, miembros del Consejo Académico de Cadal en Argentina; Eduardo Pastrana Buelvas, colombiano, director del departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y editor de la revista Papel Político; Matías Franchini, politólogo argentino; Norman Gall, director ejecutivo del Instituto Fernand Braudel de Economía Mundial y editor de los Braudel Papers; María Teresa Romero, internacionalista y politóloga venezolana, y por último una entrevista con el expresidente brasilero, Fernando Henrique Cardoso.

Por otro lado, en la sección América Latina, María Laura Depetris, redactora de www.analisislatino.com analiza la Carta Democrática Interamericana a los 10 años de su firma,  y el exguerrillero colombiano Felipe Salazar hace un perfil de su antiguo jefe, Alfonso Cano. En la sección Mundo, Carlos Alberto Montaner, periodista cubano, examina en paralelo a Gadafi y a Raúl Castro. En Temas & Debates el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (Opeal) hace un análisis sobre la nueva dimensión que ha adquirido el problema del medio ambiente dentro de la seguridad; por otra parte, el exministro chileno Álvaro García debate sobre cómo reformar el papel del Estado en el proceso de desarrollo económico. Finalmente en Libros, reseñamos Mr. Lippman goes to Habana de Alberto López-Hermida, José Carlos Pérez y Ángel Soto.

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Internet es un concepto que revolucionó por completo la comunicación y al mundo entero. Una vez las personas acceden a ella, se rompe la barrera de espacio y tiempo. Internet se ha convertido en una condición para el desarrollo económico y social, y en una herramienta esencial para difundir y garantizar la democracia y la difusión del conocimiento, rompe barreras y facilita la toma de decisiones así como la ejecución de las mismas.

Sin embargo, persisten dos barreras –el acceso físico y el lenguaje–, que impiden que internet sea una red de comunicaciones “global”.

Para romper la barrera del acceso físico es necesario que las personas puedan disponer de un computador con conexión. Teniendo en cuenta que un computador cuesta de US$200 en adelante y que además es necesario pagar una tarifa al proveedor del servicio, la red es un espacio que deja por fuera gran parte de la población que tiene ingresos mensuales de un salario mínimo o menos. Para las personas con discapacidad, la exclusión es aún más dramática; por ejemplo, las personas con discapacidad visual que quieran acceder a la red, deben pagar cerca US$1.500 adicionales de un software de lectura de pantalla. La segunda barrera, el lenguaje, consiste en que todas las personas que quieran acceder a la red y contenidos de la misma, requieren de competencias básicas de lectura y escritura al menos en español –en otros casos en inglés–, y además un conocimiento básico sobre cómo utilizar el computador y navegar en la red. En el caso de las personas con discapacidad auditiva existe una limitante adicional, la falta de contenidos audiovisuales traducidos al lenguaje de señas.

Frente a este panorama, con el fin de garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso democrático a la información y al conocimiento, y para generar desarrollo humano y económico, el Estado debe asumir un rol activo en el acceso a internet para todos los ciudadanos. El gobierno de Uruguay, por ejemplo, ha asumido este reto por medio del Plan Ceibal: “Un chico, una computadora”, gracias al cual se han entregado más de 400.000 computadores con acceso a internet a estudiantes y profesores de educación básica y media, con un costo de US$180 cada uno. Esta política viene acompañada de una inversión en infraestructura para que las escuelas tengan acceso gratuito a internet por medio de una conexión inalámbrica. Los resultados son asombrosos; los niños de educación básica y media han adquirido competencias en el manejo y edición de materiales audiovisuales, descarga de contenidos, manejo de software de escritura y en consecuencia, los profesores se han visto obligados a mejorar sus competencias para mantenerse a la par con sus alumnos.

Mientras tanto en Colombia, a pesar de que en relación con sus pares latinoamericanos está cerca de los mejores indicadores de penetración de internet (50.4% Colombia, 54.8% en Chile y 66% en Argentina)[i], aún no existe una política pública que ayude a romper las barreras de acceso a internet. Actualmente se discute en el Congreso la posibilidad de reformar la Constitución Política de 1991 para incluir el acceso a internet como un derecho fundamental. El trámite de este acto legislativo está a la espera de su cuarto debate de ocho para ser aprobado. Aunque la iniciativa debe ser bien recibida, no representa una solución a corto plazo, en tanto dicha reforma requiere de una legislación posterior que la desarrolle, a fin de que el derecho se pueda materializar.

Sin embargo, el panorama es esperanzador. El 4 de noviembre de 2011, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia adjudicó la licitación 02/11 a un consorcio de dos empresas mexicanas, la cual hace parte del Plan Nacional de Fibra Óptica, que tiene el propósito de construir la infraestructura necesaria para que el acceso a internet sea posible en más de 1.000 municipios colombianos en tres años[ii]. Este es el momento propicio para diseñar una política nacional que garantice computadores para todos los niños que reciben educación pública, y así mejorar la competitividad, democratizar el conocimiento, mejorar los estándares de calidad de la educación y disminuir la desigualdad y falta de oportunidades en las regiones más apartadas.

Una de las estrategias más utilizadas por Hugo Chávez para consolidar su hegemonía política ha sido dividir a los venezolanos en chavistas y escuálidos. Esa prédica le permitió triunfar en varias elecciones. Lamentablemente para el chavismo, ese esfuerzo se ha diluido en el tiempo. Nuestro pueblo es bondadoso por naturaleza y rechaza el odio. Esa división ha dejado de ser un instrumento electoral suficientemente efectivo. En la  revisión de la nueva  estrategia electoral, el chavismo ha decidido  aprobar la ley “para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas desde 1958 a 1998” y abrir varios juicios contra oficiales de las Fuerzas Armadas que actuaron militarmente durante ese período histórico.

En su afán de querer falsificar la historia, se han dedicado a tratar de destruir los cuarenta años de democracia, el período de mayor avance en todos los órdenes que ha tenido Venezuela en su historia. Es necesario, que las nuevas generaciones de venezolanos conozcan la realidad de lo que fue, por ejemplo, la subversión comunista de la década de los sesenta. Lo primero a señalar es la absoluta legitimidad de los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni. Habían triunfado en unas  elecciones plenamente democráticas, con una altísima participación ciudadana. Además, ese período histórico surgió en medio de un amplío consenso político, que se expresó en el Pacto de Punto Fijo y en el gobierno de unidad nacional de  esos años.

Esos gobiernos, legítimos, democráticos y populares, fueron de inmediato atacados por la derecha pérezjimenista y la izquierda comunista. Los sectores de la derecha lograron penetrar algunas unidades militares y comprometer a  un pequeño grupo de oficiales en algunas acciones subversivas: la invasión de San Cristóbal, el Barcelonazo, el atentado contra el presidente Betancourt y la toma de la Academia Militar. Esos movimientos fueron controlados sin un mayor número de bajas. Dolorosamente el Partido Comunista, que había tenido una valiente actuación contra la dictadura militar, también tomó el camino subversivo. Los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello fueron su primera expresión. La segunda insurrección produjo un elevado número de muertos y heridos.

Fidel Castro apoyó, ideológica y militarmente, el intento subversivo. La primera medida política de estos grupos de izquierda fue la creación del Frente de Liberación Nacional y de sus Fuerzas Armadas. De inmediato se iniciaron operaciones urbanas para asesinar a militares, policías y funcionarios públicos con el objetivo de provocar un golpe de Estado. Eso no ocurrió. Las Fuerzas Armadas, en lugar de insurreccionarse, reaccionaron con gran eficacia militar. El fusilamiento de cinco guardias nacionales en el tren del Encanto, los asesinatos de los doctores Julio Iribarren Borges y Alfredo Seijas, del mayor Francisco Astudillo Suárez, de los subtenientes José Agüero Alvarado y Dámaso Blanco Silverio produjeron una gran indignación en la sociedad venezolana.

El fracaso de la insurrección urbana condujo a un repliegue táctico hacia las zonas campesinas. La mayoría de los insurgentes habían sido entrenados en Cuba, transmitiéndoles la experiencia de la Sierra Maestra. Además, recibieron el apoyo, tanto en armas como en oficiales y soldados, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Al contrario, nuestras Fuerzas Armadas estaban entrenadas, organizadas y equipadas para la guerra regular. Esta debilidad inicial produjo graves reveses militares con un elevado costo en muertos y heridos. Recordaré algunas de esas emboscadas: La Vega, El Arco, El Paso, Cabure, El Cucharo, El Potrero, El Cepo, San José, El Mortero, Pueblo Nuevo, El Naranjal, crucero de Anaco y otras muchas. Aún así, los gobiernos democráticos establecieron la política de pacificación.

No es posible olvidar, para rendirle tributo de respeto a su memoria, el nombre de algunos de los oficiales asesinados en dichas emboscadas: Miguel Ponce Lugo, Félix Álvarez Romero, Juan Bautista León, Abelardo Estrada Vale, Ernesto Sandoval Reverón, Andrés Moreno Uribe, Alberto Verde Graterol, Renato Aguilar Valdivieso, Luis Raúl Díaz y Lino Iribarren Forzán. Es curioso, que la propaganda del régimen hable exclusivamente de los combates de Cantaura, en donde murió el capitán Jesús Ávila Paolini, y del Caño Las Coloradas, olvidando todos los demás. Si se quiere ser justo al aplicar la ley contra el olvido, como la llaman, deben investigarse los responsables de todos los actos de violencia de ese período y no sólo aquellos que les conviene al chavismo. De todas maneras, eso es un absurdo.