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Danilo Medina gana en estos comicios electorales bajo graves acusaciones de irregularidades.

Como señalaban la mayoría de las encuestas, el candidato del gobernante Partido de la Liberación Dominicana se impuso en la 1ra. vuelta de las presidenciales de República Dominicana del 20 de mayo. Danilo Medina obtuvo más del 50% de los votos, lo cual significa que consiguió la Presidencia de ese país sin necesidad de un balotaje.

Pero, ¿este nuevo triunfo del PLD y especialmente del actual presidente Leonel Fernández, en el que su esposa pasará a ser vicepresidenta del país, significa algo más que un cambio cosmético de gobierno por más que el ahora presidente electo Medina haya centrado su campaña en asegurar que su gestión no será un mero continuismo, que representa un “cambio seguro”?

Cada vez son más quienes alertan sobre los peligros que para el país y para la región representan tanto el “leonelsismo” -con cuatro períodos constitucionales consecutivos en el poder aunque la Presidencia pase ahora a manos de Medina, el exsecretario de Estado y hombre de confianza del presidente Fernández-, como el sistema populista, autoritario y represivo con fachada democrática que allí se viene desarrollando, desde el inicio del segundo mandato de Fernández en el 2004. No sería de extrañar porque, como bien señaló el autor dominicano Julio Cross Beras en varios de sus estudios, aun cuando el Estado dominicano está organizado como una democracia, sus formas operativas son informales y clientelistas, y responde a una cultura autoritaria generada en el sistema social.

Por lo pronto, el candidato oficialista Danilo Medina gana en estos comicios electorales bajo graves acusaciones de irregularidades. Las primeras declaraciones del candidato opositor, Hipólito Mejía, tras conocer su derrota, fueron para denunciar el abuso del gobierno con la compra de cédulas y la represión militar y policial durante el proceso electoral. En su opinión, coincidente con la de otros muchos dominicanos, esta práctica y otras conductas oficialistas evidencian su creciente carácter autocrático.

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Twitter: @OscarOrtizA

Definitivamente, Hugo Chávez se encuentra totalmente fuera de la realidad. Afirmar que su gobierno es garantía de paz y de estabilidad social es, para decir lo menos, una dolorosa burla a miles de venezolanos. Pareciera ser que todavía no se ha dado cuenta de la responsabilidad que tiene su gobierno en el exilio de miles de jóvenes, unos por no encontrar trabajo, otros por miedo a ser asesinados y los más por haber sido perseguidos con saña al oponerse a la destrucción de PDVSA. También parece olvidar que sus filípicas cargadas de odio son la causa fundamental  de los más de 19.000 asesinatos que, durante  el año 2011, ocurrieron en Venezuela. Tampoco parece recordar que son miles las familias, humildes muchas de ellas, que han sido arruinadas por acciones ilegales de confiscación, sin haber recibido el pago justo que les correspondía.

Además, y es importante que lo conozcan mis compañeros de armas, la presencia de Hugo Chávez en la presidencia de la República no sólo ha perjudicado de manera personal a miles de nuestros compatriotas sino que ha comprometido irresponsablemente los intereses vitales de Venezuela poniendo en riesgo la seguridad y el destino de nuestro país. Creo necesario analizar algunos de estos hechos para desenmascarar el supuesto patriotismo con que trata de ocultar su ineficiente gestión de gobierno y su complicidad en todos los actos que realizan los miembros de una camarilla de civiles y militares, que sin escrúpulos se han enriquecido a la sombra del poder haciendo todo tipo de negocios. Estoy seguro de que, al conocerse a profundidad la verdad de estos hechos, el juicio de la historia será implacable con la figura de Hugo Chávez.

Una de las grandes banderas del régimen ha sido la supuesta defensa de la soberanía nacional. Pura mentira. Nunca Venezuela había dependido tanto en sus decisiones  de otro gobierno. Es imposible dejar de preguntarse las razones por las cuales el presidente de Venezuela debe aceptar que los hermanos Castro intervengan como lo hacen en nuestra  política interna. Los rumores que existen de la presencia de cubanos en organismos del Estado venezolano son de tal gravedad que sin exageración se puede afirmar que los responsables de esos hechos cometen el delito de traición a la Patria. Nadie se explica los motivos que pueden existir para que haya funcionarios cubanos controlando funciones en la Fuerza Armada, en los organismos policiales y de inteligencia, en los aeropuertos, en los registros y notarías, y pare usted de contar…

Sigamos hablando de soberanía. No es posible que el narcisismo de Hugo Chávez someta a Venezuela a riesgos internacionales con tanta ligereza. La verdad, la única verdad es que esa especie de juego con que se apoya la política de ciertos países tiene delicadas consecuencias para nuestro futuro. No se puede estar paseando en automóvil con Sadam Hussein por las calles de Bagdad, ni se puede abrazar a un dictador como Muamar Gadafi, diciendo que es su hermano, ni tampoco respaldar la política nuclear de Irán y recibir en visita oficial a su presidente, Mahmud Ahmadineyad, ni respaldar el genocidio que realiza  Bashar Al Assad en Siria, ni decir pesadeces del Estado de Israel y de los Estados Unidos, afirmando que son nuestros enemigos, sin que Venezuela se vea sometida a riesgos inaceptables en su seguridad y soberanía.

La deuda externa del Estado venezolano alcanzó este mes una cifra cercana a los 150.000 millones de dólares. Un monto realmente sorprendente e inaceptable en medio del esplendor petrolero que ha vivido este gobierno y la inexistente obra pública. La deuda venezolana sólo era, en 1998, de 28.000 millones de dólares. En mis años juveniles, después del doloroso bloqueo de nuestros puertos por Inglaterra, Alemania e Italia, se consideraba casi un pecado mortal insinuar que Venezuela volviera a endeudarse. Yo siempre fui un severo crítico de la tendencia que tuvo nuestra democracia a solicitar créditos internacionales para realizar proyectos de gran interés nacional. En ese momento, los partidarios del endeudamiento aseguraban que la obra que se estaba realizando justificaba los préstamos. La experiencia demostró lo contrario…

Otro aspecto que compromete gravemente la estabilidad nacional  es la manera irresponsable como se administra Petróleos de Venezuela. Hugo Chávez mantenía, durante sus primeros años de gobierno, que nuestra empresa petrolera era una caja negra. Realmente, su  administración era transparente y eficiente. Ahora nadie conoce su real estado financiero, aunque no hay de los grandes negociados que, a espaldas de los intereses  nacionales, se realizan en dicha empresa. Solo con recordar la venta a futuro de Petróleo a China  es suficiente. Ahora, para completar la incertidumbre que vive Venezuela, se ha conocido que Hugo Chávez se encuentra, de nuevo, gravemente enfermo. Sin importarle la estabilidad nacional mantiene su candidatura. Su ambición de poder es tanta que no le importa el destino de Venezuela. Esa es la verdad…

Hugo Chávez está angustiado. No esperaba un número tan importante de votantes en las elecciones primarias de la oposición. Tampoco creyó que fuera posible que los distintos candidatos aceptaran democráticamente la voluntad popular. Su criterio de lo que iba a ocurrir lo resumió su ventrílocuo y flamante encuestador Jesse Chacón cuando mantuvo públicamente que un millón y medio de votos era lo que podía obtener la oposición en una elección primaria. Al conocerse la realidad empezó la campaña para desacreditar a Henrique Capriles  con todo tipo de calumnias. Los ataques realizados por esos personajillos que dirigen La Hojilla pasará a la historia como una de las bajezas más  sorprendentes de nuestro devenir como país, ya que los venezolanos siempre hemos mantenido un elevado sentido de la caballerosidad en la lucha política…

Es tal la magnitud del desespero que el propio Hugo Chávez se ha dedicado a tratar de vulnerar el prestigio de su contendor, sin entender que esa actitud lo que demuestra es miedo. Hay muchos factores que producen ese estremecimiento en el chavismo: el cansancio de la figura de Chávez, su grave enfermedad, la siembra de odios, la inexistente obra de gobierno, la creciente corrupción, la inseguridad en las calles, la quiebra de PDVSA, el endeudamiento nacional, la permanente ineficiencia en toda iniciativa del régimen y pare usted de contar. Ese temor se incrementa al observar en la oposición ventajas indiscutibles: la juventud de Henrique, sus ideas renovadoras, su honestidad, su eficiente obra de gobierno, la unidad monolítica de la oposición, su creciente capacidad organizativa, y fundamentalmente, su fortalecimiento en todos los sectores sociales.

Analizar algunos aspectos de la inconveniente intervención de Hugo Chávez en la sesión solemne de la Asamblea Nacional para conmemorar el Discurso de Angostura permite resaltar aspectos que van a marcar el rumbo de estos meses de campaña electoral. Lo primero a señalar es la sorpresa que produjo ver al presidente de la República -en un homenaje al Libertador- irrespetar su memoria con un discurso totalmente fuera de tono y sin el nivel que exigía dicha conmemoración. Los miembros de la Fuerza Armada deben valorar lo ocurrido, ya que demuestra que la ideología bolivariana enarbolada permanentemente por el régimen es más palabrería de ocasión que verdadero sentimiento patriótico. Además, utilizar como hizo Chávez la espada de Bolívar para tratar de obtener beneficios partidistas es inaceptable y debería causarle vergüenza.

El esfuerzo fundamental del discurso fue dirigido a presentar la supuesta existencia en Venezuela de una lucha de clases entre la burguesía y el pueblo. De una vez se presentó como el defensor de los pobres y acusó a la oposición de representar los intereses de la burguesía, de los yanquis y de los ricos. La lucha de clases fue un concepto marxista que dejó de tener vigencia en medio del fracaso de las revoluciones rusa, china y cubana. Justamente, el surgimiento de la social democracia en Europa Occidental, permitió la posibilidad de alcanzar la convivencia de distintas clases sociales, en medio de importantes avances económicos y sociales. Es la base del Estado de Bienestar.  Es de interés resaltar que la oposición democrática presentó un programa de gran amplitud ideológica, con soluciones pragmáticas de los grandes problemas nacionales.

Otro aspecto del discurso fue tratar de descalificar el resultado de las elecciones primarias. Hizo un gran esfuerzo, pero no lo logró. La posición de la MUD de defender el secreto del voto fue respaldada por numerosos venezolanos, incluyendo a muchísimos chavistas. Es imposible olvidar las listas Tascón y Maisanta. Hugo Chávez quiso comparar la situación que vivió su gobierno al tener que aceptar la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos del 11 de Abril, y la que tuvo que enfrentar la dirigencia opositora. Son situaciones totalmente distintas. En el primer caso existían razones de fondo para dictar esa decisión: los muertos ocurridos durante la marcha y la renuncia de Hugo Chávez. La decisión del magistrado Carrasquero sólo buscaba desacreditar a la dirigencia opositora e incrementar la abstención en las elecciones del 7 de octubre.

Hugo Chávez no da puntada sin dedal. Buscó desafiar a la oposición, al mantener que él sí reconocería al ganador de los comicios presidenciales, para obligarla a comprometerse públicamente a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales que dé el Consejo Nacional Electoral. Está equivocado. Es increíble su cinismo. Un proceso electoral hay que evaluarlo en su conjunto, no sólo el día de las elecciones. El abuso de poder de Hugo Chávez hace que las elecciones sean írritas, aunque no haya fraude en los escrutinios ese día. Si realmente él quiere que la oposición reconozca el resultado electoral, que permita la restructuración equitativa con miembros de la oposición y del chavismo, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. De todas maneras, el triunfador en las elecciones no lo definirá ningún resultado, sea quien sea que lo dé, sino el sentimiento de los venezolanos.

Próximamente estará en circulación el número 27 de la revista Perspectiva cuyo dossier hemos titulado “Brasil: el nuevo jugador mundial”.

El tema central de esta edición pretende poner en consideración los aspectos positivos y negativos de un país en ascenso como Brasil, analizando las principales oportunidades y los más evidentes desafíos a los cuales se enfrenta esta nación latinoamericana. Para este dossier, Perspectiva reunió artículos que analizan desde diferentes puntos de vista de reconocidos académicos, escritores y diplomáticos brasileños, argentinos, colombianos y venezolanos, la situación brasilera en cuanto a los aspectos políticos, económicos y sociales, como Sergio Fausto, politólogo brasilero, director ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso y director de Plataforma Democrática; Alessandro Candeas, ministro consejero de la embajada de Brasil en Colombia; Héctor Ricardo Leis y Eduardo Viola, miembros del Consejo Académico de Cadal en Argentina; Eduardo Pastrana Buelvas, colombiano, director del departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y editor de la revista Papel Político; Matías Franchini, politólogo argentino; Norman Gall, director ejecutivo del Instituto Fernand Braudel de Economía Mundial y editor de los Braudel Papers; María Teresa Romero, internacionalista y politóloga venezolana, y por último una entrevista con el expresidente brasilero, Fernando Henrique Cardoso.

Por otro lado, en la sección América Latina, María Laura Depetris, redactora de www.analisislatino.com analiza la Carta Democrática Interamericana a los 10 años de su firma,  y el exguerrillero colombiano Felipe Salazar hace un perfil de su antiguo jefe, Alfonso Cano. En la sección Mundo, Carlos Alberto Montaner, periodista cubano, examina en paralelo a Gadafi y a Raúl Castro. En Temas & Debates el Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (Opeal) hace un análisis sobre la nueva dimensión que ha adquirido el problema del medio ambiente dentro de la seguridad; por otra parte, el exministro chileno Álvaro García debate sobre cómo reformar el papel del Estado en el proceso de desarrollo económico. Finalmente en Libros, reseñamos Mr. Lippman goes to Habana de Alberto López-Hermida, José Carlos Pérez y Ángel Soto.

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En los comicios del próximo 30 de octubre, Colombia, además de elegir a 1.102 alcaldes municipales, 418 diputados a las Asambleas Departamentales, 12.203 concejales municipales, 32 gobernadores departamentales y más de 1.000 ediles de las Juntas Administradoras Locales, definirá la base que sostendrá el andamiaje de la democracia nacional.

Aunque muchas personas daban por hecho que en materia de amenazas a las elecciones lo peor ya había pasado, que ya se había logrado contener la captura del Estado (regional y local) por parte de las organizaciones criminales, la recurrencia y la magnitud de las denuncias sobre la influencia que podrían tener poderes ilegales sobre los resultados electorales, han encendido las alarmas a tal punto que los poderes ejecutivo y judicial se están viendo obligados a desempeñar una ardua tarea para que las organizaciones mafiosas, redes de corrupción o grupos armados ilegales mantengan el control sobre los poderes político e institucional, del nivel local y regional.

En un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) se señala que el riesgo electoral está menos relacionado ahora con la presencia de grupos armados ilegales que en pasadas elecciones y que son los políticos los principales agentes de riesgo. De hecho, según los mapas de riesgo elaborados por la MOE, de los 429 municipios que estaban en situación de riesgo por anomalías de fraude electoral y violencia en las elecciones de 2007, esta vez sólo hay 241. De igual forma, la MOE anota que en lo referente al fraude electoral, el riesgo de trampa se presenta en 544 municipios, esto es en la mitad del territorio nacional, cuando en 2007 se presentó en 328 municipios. Así mismo, señala que hay 41 municipios más en la lista de riesgo que en 2010.

Lo grave del asunto está en que esos poderes ilegales no actúan solos, sino que están apoyados de manera difusa por dirigencias políticas y empresariales que han ido sacando provecho del control territorial y del poder electoral de los ilegales. No se trata sólo de los viejos caciques municipales y departamentales que pactaron con los grupos ilegales distintas formas de apoyo, para exterminar o forzar la captura del Estado; también se trata de unas nuevas dirigencias conformadas por personas que fueron llegando al poder territorial de la mano de estos ilegales.

Otro fenómeno no menos importante es la localidad, idoneidad y ética de los actuales candidatos. De acuerdo a los datos del Ministerio Público, en los dos últimos años se han suspendido o inhabilitado a 302 alcaldes y 29 gobernadores, y se adelantan 28.000 investigaciones por corrupción. Las razones por las que más son sancionados son las irregularidades en la celebración de contratos, violación del régimen de incompatibilidades, expedición de actos administrativos sin respetar la ley, apropiación de recursos del erario público o por comprometer el patrimonio de los municipios o del departamento sin la apropiación presupuestal correspondiente.

A simple vista se pensaría que los partidos, en una u otra medida, deberían asumir la responsabilidad de ser los garantes de la idoneidad de los candidatos avalados. En los partidos grandes, una facción –la modernizante– parece estar perdiendo la batalla interna con la otra facción –la que busca conservar los feudos a como dé lugar–; las pujas para definir avales fueron verdaderas guerras. Al respecto, diversos analistas argumentan que el 90% de los candidatos cuestionados no fueron sacados de las listas por los partidos. En el caso de Cambio Radical por ejemplo, a pesar del interés de su presidente de sacar candidatos por “conveniencia política” –es decir, porque no tenían antecedentes pero estaban cuestionados– cuando lo hizo, fue demasiado tarde; y ahí están.

La primera impresión sobre estas elecciones muestra que las reformas para fortalecer a los partidos no han funcionado. Hoy los partidos son marginales y eso es preocupante, porque si los partidos funcionaran bien, serían los llamados a ser una barrera de contención a las incursiones de la ilegalidad en la política.

Pero no todo es desalentador. Esta vez no se puede decir que el Estado no está haciendo nada; se han desplegado nuevas herramientas para tratar de ponerle tatequieto a la ilegalidad y la Registraduría estrenó un nuevo software que permite identificar una posible manipulación de listados de jurados. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral estrenó Cuentas Claras, un aplicativo en línea para que los candidatos registren cómo están gastando el dinero en sus campañas. El Ministerio del Interior puso la lupa sobre 75 municipios; contrató a la Fundación Nuevo Arco Iris para hacer un estudio sobre candidatos con posibles vínculos con grupos armados ilegales y puso esa información a disposición de los partidos. El Congreso aprobó una reforma para cerrarles el paso a los contratistas en la financiación de las campañas. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía revisaron antecedentes de los aspirantes. El Consejo Nacional Electoral puso el último filtro al revocar la inscripción a 870 candidatos, la gran mayoría a concejos. Y el día de elecciones también se va a estrenar, por ahora en un 10% de las mesas, la identificación biométrica, un sistema electrónico para atajar fraudes pues identifica al votante a través de su huella dactilar.

Estas elecciones sin lugar a duda pondrán a prueba el aparato institucional del Estado colombiano. De igual forma urge abrir el debate en torno al proceso descentralización (no con el ánimos de volver al centralismo) a fin de evaluar los aciertos y los obstáculos. Finalmente se debe analizar a fondo el papel que viene  desempeñando los partidos políticos y la cultura política territorial.

En general, puede decirse hoy que América Latina cuenta con perspectivas prometedoras: en 2010 la región presentó un crecimiento económico de 6.1% y se estima que se expanda entre 4% y 4.5% para 2011. Sumado a esto, en la mayoría de países se han llevado a cabo elecciones de manera regular, en relativa calma y con aceptación generalizada de los resultados. Para algunos analistas, los gobiernos de la región han implementado medidas acertadas en política internacional y económica, por ejemplo, disposiciones contra-cíclicas para amortiguar los efectos de la más reciente crisis financiera internacional. En este contexto, no pocos han señalado que América Latina y el Caribe “están preparados para asumir con seguridad el papel que les corresponde en el nuevo escenario mundial”[1].

Pese a ello, los gobiernos de la región no han conseguido tachar de la lista de pendientes un fenómeno que afecta de manera generalizada a casi todos los países: la corrupción; un flagelo que llega incluso a desdibujar excelentes resultados de crecimiento económico. En Brasil, por escándalos de corrupción, 35 personas del Ministerio de Turismo fueron detenidas y los ministros de Defensa, Transporte, Agricultura y el jefe del Gabinete tuvieron que renunciar. Para la presidenta Dilma Roussef este punto se ha traducido no solo en pérdida de favorabilidad sino en una crisis de coalición que tiene la agenda legislativa del gobierno casi congelada. En el caso de Perú, el recientemente posesionado mandatario Ollanta Humala debe afrontar el reto de mantener el sólido crecimiento económico del último quinquenio, enfrentando de manera simultánea los niveles de corrupción e impunidad que incrementaron en el gobierno anterior. Por su parte, en Venezuela escándalos de corrupción destapados durante el actual gobierno han significado la pérdida de más de US$60.000.000, de acuerdo con cifras de la oposición; mientras en Bolivia la percepción de corrupción no solo se ha duplicado, sino que cuatro de cada diez ciudadanos reconocen haber participado en algún momento en actos de corrupción.

Desafortunadamente, los ejemplos continúan, pues en los países con jornadas electorales próximas, la situación no resulta ser diferente. Colombia elegirá sus autoridades locales en el mes de octubre y un tema central de campaña ha sido la corrupción. Todos los candidatos han tenido que formular propuestas o pronunciarse al respecto, en especial en la capital Bogotá, donde el tristemente célebre “carrusel de la contratación” ha dejado como saldo un alcalde destituido, millones del erario público dilapidados y una ciudadanía decepcionada y escéptica. Por su parte, Guatemala celebró sus elecciones generales el 11 de septiembre, en medio de lo que la prensa nacional ha denominado la “danza de los millones del despilfarro” del gobierno actual; al tiempo que la campaña presidencial se libra en medio de acusaciones de corrupción y nexos con grupos criminales entre los candidatos. De igual manera Nicaragua tendrá elecciones en noviembre de este año, mientras se libra un proceso de investigación convocado por el propio presidente Daniel Ortega en todas las instituciones públicas para detectar focos de corrupción, ante el destape de un desfalco millonario en la oficina recaudadora de impuestos.

En la región, solo Chile y Uruguay obtuvieron buenos resultados en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2010 realizado por Transparencia Internacional cada año[2]. Ante tal panorama, vale la pena preguntarse si la corrupción y el mal uso de los recursos públicos pueden llegar a convertirse en un freno al crecimiento económico y la proyección internacional. En el caso de Brasil por ejemplo, este fenómeno resulta ser el talón de Aquiles de un gigante que hoy se ubica como la séptima economía más grande del mundo.