Revista Perspectiva Blog

El Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho (CDDRL por su sigla en inglés) es uno de los centros del Instituto Freeman Spogli para Estudios Internacionales (FSI por su sigla en inglés) de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, instituto dedicado a la investigación innovadora de los principales retos y temas internacionales.

El CDDRL se dedica a fomentar la democracia, el crecimiento económico y el Estado de derecho en países en transición como Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Rusia, Ucrania, Georgia, Kenia y Nigeria. Uno de sus actividades más importantes es el Programa de Verano Draper Hills para la Democracia y el Desarrollo (DHSFDD por su sigla en inglés), un programa de entrenamiento ejecutivo de tres semanas para líderes de democracias en transición y países en desarrollo.

Para la versión de este año, el CDDRL escogió para el programa de verano a un grupo de 27 líderes – entre los que tuve el honor de estar–, de 22 democracias emergentes, compuesto por activistas democráticos, académicos, periodistas y emprendedores, comprometidos con mejorar o establecer la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y el Estado de derecho en cada uno de nuestros países. El principal objetivo del curso es ayudar a crear una comunidad más amplia de activistas, para ejercer un cambio positivo en donde la democracia pueda estar en riesgo.

Durante el intenso programa de tres semanas, mis compañeros y yo, participamos en conferencias de distinguidos académicos de la Universidad de Stanford como Francis Fukuyama, Avner Greif, Steve Krasner, Gerhard Casper y Larry Diamond, con los que analizamos las ideas de la democracia y su consolidación; el desarrollo económico y su relación con la democracia; el asistencialismo y el impacto en los países en desarrollo; la institucionalidad; la construcción del Estado; la movilización social y la resistencia civil; la tecnología para la libertad y la transparencia; el emprendimiento social; la separación de poderes, entre muchos, muchos más.

Así mismo, visitamos las oficinas de Google y Facebook, y nos reunimos con las personas encargadas en estas empresas, de las relaciones con el gobierno y el seguimiento a las políticas públicas de todo el mundo, para analizar el impacto que estas herramientas han tenido en la lucha por la libertad y la democracia. Además escuchamos intervenciones de varias personas al mando de organizaciones involucradas en la lucha a favor de la democracia en el mundo entero como la NED, Conservation International, The Center for Deliberative Democracy, Global Integrity, The International Center on Nonviolent Conflict, entre otras.

También discutimos con personas muy relevantes para la política internacional de Estados Unidos como Condoleezza Rice, secretaria de Estado de George W. Bush, y Michael McFaul, actual asesor especial del presidente Obama, considerado uno de las cinco personas más relevantes en el tema de seguridad nacional en el gobierno.

Además de todo esto, gracias a esta experiencia tuve la oportunidad de oír de primera mano, es decir de mis compañeros de los otros países, historias de luchas por la libertad y la democracia, ya que fueron ellos mismos los gestores de las revoluciones más recientes en contra de los gobiernos autoritarios en países como Egipto, Irak, Nepal y Ucrania.

La reciente condena del Consejo de Estado por la llamada respuesta tardía del Estado colombiano para prevenir y responder ataques guerrilleros, como el cometido en contra de la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo en el año 1996, pone de manifiesto la inminencia de contar, de una vez por todas, con una institucionalidad con los recursos suficientes para adelantar la defensa jurídica de la nación.

El próximo 4 de junio se cumple un mes de emitida la Ley 1444 de 2011, que dio facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para, entre otras tareas de primer orden, escindir los ministerios del Interior y de Justicia y crear la Agencia de Defensa Judicial de la Nación; entidad dependiente de esta última cartera y encargada de la prevención del daño antijurídico y de la reducción de la responsabilidad patrimonial del Estado que, según lo dicho en el mes de marzo por el ministro Germán Vargas Lleras, asciende a $100 billones por conceptos de demandas contra el mismo*.

Además de defender la nación ante casos graves en que particulares denuncien afectación de su patrimonio sin que exista vínculo legal o jurídico que los obligue a aceptarlo, dicha agencia debería sobre todo alzar su voz sobre el tipo de responsabilidades que le caben al Estado, bien por acción directa o por omisión de sus funciones.

No es posible que las finanzas públicas y, sobre todo, el imaginario institucional del país, estén en riesgo por demandas y conciliaciones tan diversas como las de los afectados por las “pirámides”, los exsecuestrados liberados por la fuerza pública, militares víctimas de acciones armadas en cumplimiento de su deber o, peor aún, funcionarios como los últimos directores del DAS, interesados en demandar al Estado por los daños y perjuicios causados por su separación del cargo, al adelantarles un proceso de demanda por corrupción (“chuzadas”). Ahora, ni qué decir de las próximas Patascoy o Mitu-condenas, o de las nacientes demandas por el desfalco a la salud.

Si bien es cierto que las altas cortes están en obligación de defender la honra y bienes de los nacionales, también es cierto que se requiere buen juicio por parte de las instituciones sobre cómo definir y corroborar los límites de la responsabilidad del Estado, y sobre cómo garantizar el cumplimiento de las normas y las leyes por parte de los ciudadanos.

El país viene avanzando positivamente en el reconocimiento de sus víctimas y en la aplicación de principios como la equidad y la reparación integral; ha mejorado en el cumplimiento de metas y en la coordinación interinstitucional, incluidas las acciones entre fuerzas militares y de policía y, cuenta hoy con una ciudadanía más vigilante y activa. Hay que superar la lógica de demandar para desfalcar al Estado, e instalar la idea de la construcción colectiva del patrimonio institucional de la nación.

*Caracol Radio, 16 de marzo de 2011. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1439983

Es preocupante la intolerancia política hoy presente en algunos países latinoamericanos. Cabe notar que dicha intolerancia no es más que el signo común de aquellos gobiernos que por inercia temen a la confrontación, el análisis y debate de ciertas ideas políticas. Hoy en día estos temores se ven reflejados en reacciones verbales y decretos que resultan en persecuciones, represiones y encarcelamientos de quienes propician otros modelos políticos, particularmente los basados en la democracia, la libertad y el respeto a los derechos individuales.

Es asi que ciertos gobernantes en la región intuyen que en el ámbito de las ideas debe regir un monopolio de hierro, que la crítica analítica no es más que disidencia y conspiración además de deslealtad a la patria misma. El miedo al debate que pueda llegar a tomar lugar con la serenidad que brinda la separación de poderes es palpable en algunos gobiernos. Es por eso que estos buscan imponerse aun estando en la tangente judicial. Sin embargo la historia dicta que, por más se intente sepultar ciertas ideas, estas terminan por imponerse a no ser que se destruya totalmente el estado de derecho.

Es por eso que sería más apropiado por parte de estos líderes  preocuparse en diseñar estrategias que acaben con la delincuencia epidémica que azota a sus países. ¿No es acaso la prioridad de cualquier mandato político ocuparse de estos temas? ¿Sera esto mucho pedir?    

No se puede hablar de justicia si no existe una clara separación de poderes. “Para que la justicia sea el sustento de la democracia, esta debe garantizar los derechos fundamentales del individuo ante el poder arbitrario del estado.” (Dr. Orlando T. Gómez Gonzales, “El derecho penal en un Estado democrático y de derecho”)

Para leer mas sobre temas relacionados con la Justicia los invito a visitar la Edición número 24 de la revista Perspectiva. 

¿Cómo podemos hablar de un desarrollo rural integrado si nuestros países están en un rezago total en la mínima garantía de la propiedad de los agricultores en el área rural? El derecho a la propiedad privada es el motor principal del desarrollo del modelo económico capitalista, esto lo podemos apreciar desde los primeros momentos en que el ser humano desarrolla el sentimiento de propiedad; de no ser así no veríamos a un infante defender su biberón en su instinto férreo de subsistencia. ¿Cómo esperamos como nación dinamizar el sector rural si cerca del 80% de la propiedad no cuenta con el debido registro catastral, así como el resguardo de la dinámica de cambio de información registral catastral de la propiedad?

El poder garantizar la propiedad y goce de los frutos propios del trabajo del hombre, así como poder optar a heredarlo a sus futuras generaciones es el mayor aliciente que podemos ofrecer como sociedad para la creación y éxito de los tanto necesitados programas de desarrollo y competitividad rural en nuestros países latinoamericanos.

La certeza jurídica de la propiedad es el mejor compensatorio de los esfuerzos de la vida de un campesino, creando las oportunidades de negociar su propiedad y monetizar sus esfuerzos durante los años invertidos en su parcela agrícola brindando las opciones de entrar y salir con facilidad de y hacia, otras distintas actividades de otros sectores de la economía .

El acceso al crédito es otro factor de la dinámica de producción seriamente afectado en el momento en que se requiere la constancia de propiedad como garantía crediticia, siendo más que obvia la limitante al campesino de no poder accesar al crédito por no poder reproducir un título oficial de propiedad de la garantía en cuestión.

Como nación, ¿cómo podemos dar un valor económico a nuestro territorio si este no posee las condiciones para la dinámica de transacciones comerciales? ¿Cuánto subiría el valor real de los activos en las áreas rurales del territorio de nuestro país si pudiésemos proporcionar a todos los propietarios de parcelas las mínimas condiciones para comercializar sus propiedades? ¿Cuánto subiría el valor de nuestra nación al poder cerciorar el valor de su territorio?

En cuanto a la creación de un ambiente propicio de negocios y por ende de inversión extranjera la certeza de propiedad en la inversión de activos de tierra en nuestros países es fundamental para las inversiones en nuevas emergentes oportunidades en el sector agrícola como lo son los biocombustibles y un aumento en la demanda de alimentos a nivel mundial. No podemos esperar un aumento de la inversión extranjera si no podemos garantizar los bienes adquiridos como factores de producción en las zonas rurales de nuestro país.

Finalmente otra arista de la problemática en relación con la certeza jurídica de la propiedad que tiene que discutirse es el factor de gobernabilidad desde el punto de vista como nación, ya que por la falta del levantamiento de un catastro del territorio nacional poseemos disputas territoriales a nivel nación entre: departamentos, municipios, aldeas hasta llegar a disputas individuales de áreas territoriales las cuales han llegado a exhibiciones de altos niveles de violencia con pérdidas de vida. No podemos hablar de un desarrollo integral rural en nuestros países sin afrontar seriamente y con rapidez la problemática estructural de la certeza jurídica de la propiedad como política transversal de nación.

La elección de magistrados a la Corte Suprema de Guatemala ya terminó; el tortuoso camino de las comisiones postulación todavía no. En el futuro cercano se estará eligiendo al Contralor de la República bajo un esquema parecido. Algo parecido sucederá con algunos de los miembros de la Corte de Constitucionalidad. Más adelante será el Superintendente de Administración Tributaria y muchos más. En pocas palabras, en manos de las referidas comisiones está la integración de los órganos de justicia y control del país. El mecanismo es en todos el mismo. Los miembros de un determinado gremio eligen a sus representantes. En términos de la Teoría de la Regulación este proceso es un ejemplo de la “captura del regulador”. Según esta teoría, la “captura del regulador” ocurre cuando una agencia gubernamental, que se supone debería actuar para defender el bien común, termina favoreciendo mediante sus acciones a quienes supuestamente debía regular.

Aunque no es exactamente el mismo caso, el proceso de elección de funcionarios públicos mediante comisiones de postulación bien podría considerarse un caso de “captura del regulador”. Estas famosas comisiones, opción concebida para limitar la discrecionalidad en el nombramiento de ciertas autoridades, son un ejemplo de cómo los “regulados” pueden llegar a controlar a los “reguladores”. Nombramientos como los de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, el Contralor General y el Fiscal General, dependen, finalmente, del voto de quienes más podrían beneficiarse manipulando tales instituciones.

En el caso de los abogados, la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones obedece a los intereses de quienes más podrían beneficiarse de controlar dichos cuerpos colegiados. Intereses que, como nos muestra la historia, no siempre son justos, transparentes, ni políticamente neutros. Aunque se diga que es el Congreso quien finalmente elige, los listados de candidatos provienen de un proceso en el cual han tenido participación directa los usuarios directos del sistema de justicia. De esa cuenta es que ahora existe una Ley de Comisiones de Postulación, la cual trata de regular la forma en que tales comisiones se integran. Sin duda, dicha ley es un avance. Sin embargo, el principio de la “captura del regulador” no se elimina totalmente, seguirán siendo los abogados colegiados quienes voten para elegir a los integrantes de dichas comisiones.

Aunque no se trata del caso en donde se pone al “lobo” a cuidar a las “ovejas”, el principio de la “captura del regulador” no desaparece por completo. Aún en la nueva modalidad, los “lobos” mantienen una influencia indirecta sobre el proceso de selección de quienes estarán a cargo de cuidar a las “ovejas”.  Qué “lobo” no quisiera tener algún tipo de influencia sobre el máximo tribunal del país, que tienen entre sus funciones resolver en materia de antejuicio, tiene facultades para nombrar jueces, secretarios y personal auxiliar; además de tener iniciativa de ley.  Esperemos que la nueva ley de resultados y los intereses de los “lobos” no decidan la elección.

¿Qué habría sucedido con la elección de magistrados de no haber existido la Ley de Comisiones de Postulación? Aunque se sabe bien que los “hubiera” no existen, es claro que sin dicha ley hoy estaríamos mucho peor. En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estaríamos 13-0 a favor de la impunidad y la corrupción. Aunque el resultado obtenido no es el mejor, al menos no estamos en una situación en la que no haya esperanza alguna. No se puede olvidar que intereses muy poderosos siempre se opusieron a esta ley. La aplanadora oficial fue uno de ellos, tal y como lo demuestran las actitudes adoptadas por sus líderes durante el mes de abril de 2009. En ese entonces el presidente del Congreso sostenía que tenía temor que si se aprueba la Ley de Comisiones de Postulación, se entrampe la agenda fiscal, alegando que esa ley ya está en tercera lectura y ha estado siempre encabezando la agenda del día. Posición con la cual coincidía Colom, quien, según Fernando Barillas, vocero presidencial, “ha(bía) dado el espaldarazo (a la ley), pero en (ese) momento de crisis económica la prioridad es la reforma fiscal”.

Más claro no canta un gallo. Para el gobierno de turno lo importante siempre eran otros temas. Los impuestos antes la institucionalidad jurídica del país. Interesantes y curiosas prioridades las de algunos políticos y tecnócratas. El partido de turno nunca tuvo mayor interés en la ley, tal y como lo demuestran las declaraciones del presidente del Congreso cuando sentenciaba que aún “si la ley fuera aprobada serviría para la próxima elección”, debido a que el carácter retroactivo no pesaría sobre esta convocatoria.”

La oposición era obvia. Los adversarios tenían todos los medios para ganar la batalla. A todas luces era un enfrentamiento en condiciones de desigualdad. Sin embargo, se luchó dignamente y de buena fe y se alcanzó una victoria parcial. En ausencia del movimiento ciudadano, especialmente de los jóvenes, que hicieron suya esta lucha estaríamos hoy ante una CSJ totalmente politizada y vendida a intereses particulares.

No se ganó la batalla como nos hubiera gustado, pero se comprobó que si trabajamos unidos es posible alcanzar resultados que parecen imposibles, pues la participación de la ciudadanía dándole seguimiento al funcionamiento de los poderes públicos, evita su politización y venta a intereses de particulares.   La elección de magistrados es tan solo la primera de muchas otras batallas en donde tendremos que seguir luchando juntos.

Como van las cosas en materia de seguridad ciudadana en Venezuela, el próximo proyecto cinematográfico de la Villa del Cine idealmente documentará los altos índices de criminalidad de las ciudades venezolanas. La Villa del Cine es una fundación afiliada al Ministerio para la Cultura de Venezuela que produce obras cinematográficas y audiovisuales para “fomentar a través de sus producciones la identidad, la pluriculturalidad del pueblo venezolano y los valores de libertad, solidaridad, justicia y paz.”

En Venezuela, 20% de los delitos son perpetrados por funcionarios policiales. Tal Cual reporta que a pesar de la grave situación de seguridad en Venezuela, quienes han liderado el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia no han logrado consolidar planes concretos para enfrentar el fenómeno. Mientras tanto, el actual Ministro solo repite constantemente que las cifras de violencia son exageradas por los medios de comunicación.

La Villa del Cine, que surgió para contrarrestar la influencia del cine extranjero (léase Estados Unidos), dudosamente financiará algún proyecto que busque documentar la criminalidad de Venezuela. En efecto, como concluyó Alfonso Molina en el Financial Times, la influencia de Hollywood en Venezuela no puede ser contrarrestada con políticas mediocres y restrictivas.

 Ni proyectos que documenten la realidad venezolana, ni políticas que enfrente el crimen.