Revista Perspectiva Blog

pablo.convers@icpcolombia.org

Quedan muchos interrogantes después de una explosión. ¿Quiénes eran las personas que murieron en ella? ¿A dónde trasladaron los heridos? ¿Había algún familiar o conocido entre ellos? ¿Por qué alguien sería capaz de semejante atrocidad? ¿A quién iba dirigida? Una bomba va a dirigida a todos, acaba con la vida de mujeres, hombres, madres, padres, hermanos, hijos e hijas; deja heridas y cicatrices de por vida. Una bomba también crea pánico, desconcierto y desolación; la sensación de que pude haber sido yo o tú o alguien cercano; “yo pasé por ahí esta mañana”, “yo crucé el semáforo justo antes”. Una bomba en Colombia es un golpe en una herida aun abierta; trae los recuerdos más sórdidos de la violencia del narcotráfico y de las Farc.

Sea cual fuere el responsable de esta atrocidad, es clara una cosa: la confianza se ha perdido. La paz que parecía estar construyéndose, tan frágil aún como un suspiro, se desvaneció de nuevo. La detonación de un artefacto explosivo en plena calle 74 con Avenida Caracas, con el fin de atentar contra la vida de de Fernando Londoño, exministro del Interior, su conductor, guardaespaldas y personas que transitaban por el lugar, nos recuerda que vivimos en un país en conflicto. Ese país lejano a la indiferencia de las urbes, esa Colombia de guerra visceral nos recuerda cada vez que puede, que estará ahí con nosotros dividiéndonos, destrozando nuestros cuerpos y almas.

Además de las cinco personas fallecidas, de sus familias, de los 36 heridos, también se debe considerar a “la paz” dentro de la lista de víctimas. La posibilidad de un acercamiento entre los grupos armados al margen de la ley y el gobierno parece remota. El marco legal para la paz aprobado en sexto debate y con varios opositores como el expresidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, hoy recibió su estocada final. La paz es uno de los anhelos de la mayoría de colombianos, el marco legal para bien o para mal es un espacio de discusión sobre ese deseo. Acabar con él es negarnos la posibilidad de pensar que el fin del conflicto armado sí es posible y que es necesario estar preparados para ello, que es necesario tener las herramientas necesarias para llegar a su encuentro. Después de la bomba me pregunto: ¿debemos dejar de pensar en paz después de atentado?

El gobierno de Colombia anunció el 4 de noviembre la muerte de alias “Alfonso Cano”, máximo líder de la guerrilla de las Farc, el cual fue abatido por un ataque aéreo de las Fuerzas Militares. Con su muerte, surgen preguntas y un espacio para pensar en la posibilidad del fin del conflicto armado en este país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han sufrido golpes estratégicos por parte de las Fuerzas Militares del Estado que han debilitado una jerarquía fuertemente consolidad desde el establecimiento oficial del secretariado en 1993, durante la Octava Conferencia Nacional de las Farc-EP. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido protagonista y participe desde que era ministro de Defensa del anterior gobierno, de los duros golpes que ha sufrido esta organización guerrillera. La muerte natural de Manuel Marulanda Vélez, el asesinato de Iván Ríos por parte de su jefe de seguridad, y las operaciones militares que dieron de baja a Raúl Reyes, al Mono Jojoy y a Alfonso Cano, son episodios que abren el camino para darle fin al conflicto armado colombiano, ya sea por medio de negociaciones o por un total debilitamiento del grupo guerrillero.

A pesar de la muestra de deterioro en su capacidad de resistencia y después de la confirmación de la muerte de Cano, su reemplazo, Rodrigo Londoño Echeverry alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, anunció que las Farc no tiene intención de desmovilizarse o de hacer un cese a sus actividades armadas. El nuevo líder de las Farc afirmó que seguirá en marcha el Plan Estratégico hacia la toma del poder para el pueblo.

Por la parte del gobierno colombiano, Santos aseguró que continuará con la labor de finalizar el conflicto armado en el país por cualquier medio necesario. El presidente de Colombia, instó a las Farc a seguir el ejemplo de la organización terrorista vasca ETA, que el pasado 20 de octubre anunció el cese definitivo de su actividad armada.

A raíz de la invitación de desmovilización realizada por Santos a las Farc, y la advertencia enviada a los guerrilleros que continúen con la militancia, alias Timochenko se pronunció nuevamente en un comunicado publicado en la página web de las Farc (http://www.farc-ep.co), anotando:  “Así no es, Santos, así no es”. El líder guerrillero rechazó el ataque que dio de baja a Cano resaltando sus virtudes y admiración por ser un líder de la organización guerrillera y haber muerto en el campo de combate. De la misma manera, Timochenko denominó al presidente Juan Manuel Santos en su comunicado como un dirigente “amenazante y brutal”, al repudiar no solo la muerte de Cano si no de todos los cabecillas del secretariado y por la publicación en medios de comunicación de fotos de sus cadáveres. El nuevo jefe de la guerrilla le recordó al mandatario colombiano que la muerte es algo a lo que ningún ser humano puede escapar, ya sea de forma natural o violenta, y que la vida se puede llevar de acuerdo a la decisión que tome cada individuo, tal como lo hacen los miembros de la organización guerrillera que creen en la causa de su lucha y seguirán encaminando su vida para alcanzar el propósito de las Farc.

Para terminar, vale la pena considerar y tener en cuenta los logros del gobierno colombiano y los meritos de las Fuerzas Militares de Colombia en la lucha contra las Farc. Así mismo, es evidente que Timochenko y el grupo que lidera tienen dos opciones: continuar con la lucha armada, lo cual implicaría el gradual debilitamiento y desaparición del grupo guerrillero, o entrar en un proceso de negociación consolidado en un acuerdo de paz, en el que se haga cese a las actividades armadas. Con lo anterior, sería posible la reinserción de los miembros de las Farc a la sociedad colombiana y dar el inicio hacia la reconciliación y la reestructuración del país.

Comunicado de alias Timochenko a Juan Manuel Santos: http://www.farc-ep.co/?p=900

Esa es la trágica realidad que vive Venezuela todos los días. El parte sobre el número de muertos produce escalofrío. Nadie está seguro. No importa pertenecer al chavismo o a la oposición, ser rico o pobre, vivir en una urbanización o en un barrio, transportarse en automóvil o en autobús. El riesgo es el mismo.  El único que parecía no tener noticias de esta dolorosa realidad terminó siendo Hugo Chávez. Su declaración al salir del hospital militar, después de ese curioso tratamiento de radioterapia que no produce consecuencias físicas, nos dejó a todos con la boca abierta: se atrevió a reconocer  que la inseguridad era grave en el país. Eso si, como siempre, buscó la manera de no hacerse responsable de la situación: “Lo que ocurre en Venezuela se repite en muchos otros países”.

Hugo Chávez está equivocado. La situación venezolana es muy particular y no tiene comparación con otros países. Las  estadísticas son acusadoras: en los diez primeros años de su gobierno (1998-2009) ocurrieron en nuestro país 123.091 asesinatos. En 1998, y ya era un escándalo, morían en Venezuela 4527 ciudadanos por hechos violentos. El ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami, reconoció, en su mensaje a la Asamblea Nacional,  que en el año 2010 ocurrieron en Venezuela 13.840 asesinatos, pero no se atrevió a informar a nuestros compatriotas que esa cifra nos transformaba en el país con el mayor índice de homicidios de la América al alcanzar la tasa de 44 asesinatos por cada cien mil habitantes. Un verdadero escándalo.

Esta situación no se reduce a la percepción que los venezolanos pueden  tener sobre la  responsabilidad del  gobierno en la solución de un problema cualquiera. Las declaraciones de Hugo Chávez muestran un gran temor: todas las encuestas presentan a la inseguridad como el hecho que más angustia a los venezolanos. Esta realidad indica que no habrá manera de ganar las elecciones presidenciales si no se logra  solucionar la crisis de inseguridad. El gobierno ha comprendido que ya no hay tiempo para hacerlo. De allí, que el laboratorio cubano de guerra sucia esté tratando de encontrar alguna alternativa. Han pensado, que la solución puede estar en convencer a los venezolanos  que la responsabilidad de esta crisis es de los gobernadores de oposición.  El ministro del Interior, en lugar de renunciar avergonzado de su fracaso, se ha dedicado a instrumentar esa campaña de guerra sucia. Una total injusticia.  Discutamos un poco las reales causas de tan delicado problema para determinar la verdadera responsabilidad en el desarrollo incontrolable de la inseguridad. La primera, y quizás la más importante, ha sido la prédica permanente de violencia. Hugo Chávez ha sembrando en muchos sectores sociales una carga de odio que nunca había existido en Venezuela. Esa prédica tiene consecuencias: el asesinato, muchas veces sin necesidad, de la persona que se va a robar. También se refleja en el uso indiscriminado de armas de fuego en los sectores populares. La más mínima discusión puede terminar en un enfrentamiento a tiros.

La segunda causa ha sido la incapacidad del régimen chavista para impulsar las necesarias transformaciones en las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Es imposible enfrentar dicho problema si el sistema judicial y carcelario mantiene un elevado nivel de ineficiencia y corrupción. Nadie olvida la campaña que hizo el chavismo para promocionar una importante reforma del poder judicial. En verdad, nada mejoró. La mayoría de los jueces se transformaron en provisorios, perdiendo su imprescindible libertad. Este hecho tuvo una delicada consecuencia: la impunidad. El 93 % de los casos de asesinato no son resueltos. El sistema penitenciario se ha deteriorado totalmente. Han pasado doce años de gobierno y no se ha hecho nada. Así lo mostró, la trágica toma del Rodeo I y II.

El problema policial aún es peor. No es verdad que una policía nacional va  a resolver el problema de la inseguridad, por más que el gobierno nacional le de el apoyo que le niega a los demás organismos policiales. Lo fundamental es la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y de inteligencia. Esa es justamente la función fundamental del ministerio del Interior. Lamentablemente, no es posible realizarla debido al permanente enfrentamiento nacional que promociona Hugo Chávez.  No existen posibilidades de diálogo. La oposición es el enemigo. Es necesario, también recordar la responsabilidad del régimen en la organización de esos cuerpos paramilitares que hacen de la suyas en los sectores populares. En verdad, los cubanos tienen un hueso duro de roer.

Los grupos paramilitares emergentes, ahora denominados bandas criminales o ‘Bacrim’, constituyen una gran amenaza para la transparencia de las próximas elecciones en Colombia del 30 de octubre, debido a la presencia armada que ejercen sobre gran parte de los departamentos y su conexión con políticos y dirigentes de diferentes regiones del país. Parece que la historia se repite y el fenómeno de la ‘parapolítica’ siguiera más vivo que nunca, sólo que con una nueva denominación: ‘bacrimpolítica’.

Como ya ha sido establecido por las autoridades y diferentes organismos de control, las ‘Bacrim’ están conformadas por paramilitares desmovilizados y no desmovilizados que se reagruparon posteriormente al proceso de Justicia y Paz, para operar en las mismas zonas previamente controladas por las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). El gran objetivo de las ´Bacrim´ es el de monopolizar los principales corredores de narcotráfico del país, por medio de diferentes actividades delictivas tales como el sicariato, la extorsión, secuestro y hostigamiento a la población civil[1].

Recordemos que en la administración de Álvaro Uribe Vélez, la vinculación de varios políticos y funcionarios públicos con grupos paramilitares, evidenció la masiva filtración y el estrecho vínculo entre los grupos armados y las altas esferas políticas nacionales; las evidencias señalan que tanto senadores como representantes sostuvieron reuniones con miembros del paramilitarismo para concretar varios temas y alianzas, en especial en el ámbito electoral; más del 30% de los miembros del congreso fueron investigados o se encuentran encarcelados.

Ahora bien, las actividades delictivas de las ‘Bacrim’ parecen haber permeado también ciertas instancias electorales y gubernamentales del Estado colombiano. Tal es el caso del alcalde de San José de Uré (Córdoba), Bladimir Londoño, quien es el primer político capturado por las autoridades debido a la desviación de aproximadamente $8.000 millones a miembros de las ´Bacrim´ en el departamento de Córdoba[2].

Por otro lado, instituciones de observación y control tanto electoral como del conflicto armado, tales como la MOE y la Fundación Nuevo Arcoíris, han establecido que las bandas criminales emergentes constituyen una amenaza para las elecciones de octubre, debido a su conexión con ciertos candidatos y la presunta financiación de dichos grupos a campañas electorales, además de la presión armada que pueden ejercer sobre el electorado y también sobre los políticos de diversas regiones. Hasta ahora se presume que inicialmente la amenaza electoral de las ´Bacrim´ se centra en zonas en donde las regalías por la minería son bastante jugosas; zonas en donde sin duda alguna, pretenden alterar de manera fraudulenta las elecciones y de este modo, tener alcaldes y gobernadores a su favor[3].

Definitivamente, en Colombia la historia se repite. Mientras que el conflicto armado, el narcotráfico y las condiciones socioeconómicas de la población civil no sean tratados debidamente y eficientemente por el Estado con medidas integrales, los organismos estatales y las diferentes instituciones democráticas serán penetrados por los actores armados, actores que muy seguramente cambiaran de denominación y también de naturaleza, pero que seguirán alterando la legitimidad de los procesos democráticos del país.

Las relaciones entre las bandas criminales y el narcotráfico han desarrollado un fenómeno narco-criminal por el control ilegal del tránsito de drogas, el tráfico de armas, sicariato, secuestros, extorsiones, entre otras actividades clandestinas. Este fenómeno se está expandiendo por centro y sur América a manos de la organización criminal “Los Zetas”; esta organización mexicana fue creada en 1994 por exmilitares de élite que desertaron del ejército de dicho país. También trabajan en forma combinada con algunos carteles de drogas y se les considera como el brazo armado del “Cartel del Golfo” en México.

De acuerdo con artículos periodísticos, “Los Zetas” empezaron en 1994 como un grupo de militares que desertaron de los grupos Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafe) y Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfe) del ejército mexicano, como resultado del levantamiento zapatista en Chiapas. A finales de los noventa, los soldados fueron transferidos a la Procuraduría General de la República (PGR) para respaldar la lucha contra el narcotráfico, y fue entonces cuando Osiel Cárdenas los reclutó con el apoyo de otros militares (BBC en línea, 2011). Osiel Cárdenas Guillén es considerado por los gobierno de México y Estados Unidos como uno de los capos de la droga en México y como el creador de “Los Zetas”.

La guerra desatada en México entre los carteles de la droga y las bandas criminales en los últimos años, ha dejado al país en un ambiente hostil e inseguro; cada vez se incrementan más los homicidios, secuestros y extorsiones en sus principales ciudades. Lamentablemente este fenómeno va en aumento, diluyendo las fronteras y convirtiéndose en un problema de seguridad nacional para los países, que además deja enormes cantidades de dinero ilegal y se vuelve una disputa de poderes por el control de zonas o ciudades estratégicas, en búsqueda de un mayor financiamiento. El resultado es el caos y la inseguridad en las calles, un problema que sea ha vuelto muy complejo de manejar para el gobierno mexicano, quien ha optado por buscar apoyo de otros gobiernos como el estadounidense o el colombiano, que ya que tienen experiencia en el tema, con el fin de resolver esta problemática.

“Los Zetas” han incrementado su poder y control no solo en ciudades de México, sino también a través de las fronteras, con el fin de lograr una red de mayor accionar y control. El último caso fue registrado en Guatemala, donde se le atribuye la matanza de 27 personas en la finca “Los Cocos”, en el departamento de Petén, domingo 15 de mayo de 2011: “Fueron encontradas atados, decapitados y dispersos en un terreno cerca de sus cabezas cercenadas, dijo el ministro guatemalteco del Interior, Carlos Menocal” (Diario de Yucatán en línea, 2011). Según el periódico El Universo de Ecuador, “Los Zetas” tienen una fuerte presencia sobre la costa del Golfo de México, pero están buscando abrirse campo en el océano Pacífico, por donde se mueve ahora la mayor parte de los cargamentos de la droga, según Raúl Benítez, investigador en temas de seguridad de la Universidad Autónoma de México. Estos hechos se suman al presentado en octubre de 2010, en el que una caravana de alrededor de 10 vehículos con hombres armados, irrumpió en Petén para supuestamente recobrar un cargamento de cocaína en una finca en El Naranjo, cerca de la frontera con México; los sujetos protagonizaron una balacera con militares y policías en el sector, según el periódico El Nacional.

En Guatemala, “Los Zetas” operan en departamentos del norte del país, fronterizos con México, como Petén y Alta Verapaz, donde el gobierno declaró el estado de excepción por 30 días y desplegó tropas militares. Guatemala es un ejemplo del crecimiento de esta organización hacia otros países. Así mismo, en Nicaragua el año pasado la policía decomisó cerca, a Managua, un arsenal a presuntos miembros de esta banda criminal. Por otro lado, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró que en abril del 2010, “Los Zetas” entablaron contactos con líderes de las “Maras” (pandilla criminal que opera en ese país). Estas circunstancias han llevado a los países centroamericanos a tomar medidas contra el avance de las operaciones narco-criminales por parte de “Los zetas” y sus grupos de operación en otras ciudades.