Revista Perspectiva Blog

@OscarOrtizA

La democracia no es solo votar para elegir a los gobernantes cada cuatro o cinco años. La democracia es, en esencia, un sistema que limita el poder de los gobernantes y los sujeta a las leyes y a una justicia independiente, para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Por ello, la virulencia con la que los países miembros de la ALBA atacaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la última Asamblea General de la OEA, refleja la profunda contradicción existente entre gobiernos electos por el voto que transgreden dichos límites y el respeto que deben a los ciudadanos, especialmente a quienes piensan diferente de ellos, aunque formen parte de las minorías políticas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos significa un gran avance de nuestra región con respecto a otras partes del mundo, en las que, aun hoy, viven bajo gobiernos dictatoriales. La realización de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el establecimiento de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la suscripción de la Carta Democrática Interamericana representaron grandes avances para el continente. Permitieron tener esperanza en que las instituciones democráticas se fortalecerían para construir sociedades de personas libres, con garantías y respeto a su dignidad y derechos.

A pesar de todo ello, el sistema existente es todavía lento e inefectivo: demora años en brindar justicia y no brinda protección oportuna a quienes son perseguidos por gobiernos autoritarios. El hecho de que para llegar a la Corte Interamericana haya que pasar por la CIDH representa un filtro que deja a muchas personas sin la posibilidad de conseguir su objetivo. A las más afortunadas les implica años de espera. Una de las principales causas radica en que los miembros de la CIDH no tienen dedicación permanente y solo se reúnen algunas semanas por año en dos periodos de sesiones, en los cuales atienden tan solo una mínima parte de los casos que se le presentan.

La Carta Democrática, por su parte, no ha podido ser aplicada frente a gobiernos electos que vulneran los principios democráticos establecidos en el mismo documento, debido a que quien tiene que evaluar estas violaciones es el Consejo Permanente, compuesto por embajadores que, obviamente, no van a ir en contra de sus propios presidentes.

A pesar de los defectos señalados, este sistema molesta a los gobiernos autoritarios porque permite dar publicidad internacional a los abusos que cometen y sientan precedentes que servirán para juzgar en el futuro a estas mismas autoridades, cuando ya no ejerzan el poder.

Por ello, las reformas pasan por fortalecer el sistema, ampliando su autonomía e independencia y no por someterlo a las instancias burocráticas de la OEA que dependen enteramente de las decisiones políticas de los gobiernos que la componen.

(*) Expresidente del Senado de Bolivia

pablo.convers@icpcolombia.org

Quedan muchos interrogantes después de una explosión. ¿Quiénes eran las personas que murieron en ella? ¿A dónde trasladaron los heridos? ¿Había algún familiar o conocido entre ellos? ¿Por qué alguien sería capaz de semejante atrocidad? ¿A quién iba dirigida? Una bomba va a dirigida a todos, acaba con la vida de mujeres, hombres, madres, padres, hermanos, hijos e hijas; deja heridas y cicatrices de por vida. Una bomba también crea pánico, desconcierto y desolación; la sensación de que pude haber sido yo o tú o alguien cercano; “yo pasé por ahí esta mañana”, “yo crucé el semáforo justo antes”. Una bomba en Colombia es un golpe en una herida aun abierta; trae los recuerdos más sórdidos de la violencia del narcotráfico y de las Farc.

Sea cual fuere el responsable de esta atrocidad, es clara una cosa: la confianza se ha perdido. La paz que parecía estar construyéndose, tan frágil aún como un suspiro, se desvaneció de nuevo. La detonación de un artefacto explosivo en plena calle 74 con Avenida Caracas, con el fin de atentar contra la vida de de Fernando Londoño, exministro del Interior, su conductor, guardaespaldas y personas que transitaban por el lugar, nos recuerda que vivimos en un país en conflicto. Ese país lejano a la indiferencia de las urbes, esa Colombia de guerra visceral nos recuerda cada vez que puede, que estará ahí con nosotros dividiéndonos, destrozando nuestros cuerpos y almas.

Además de las cinco personas fallecidas, de sus familias, de los 36 heridos, también se debe considerar a “la paz” dentro de la lista de víctimas. La posibilidad de un acercamiento entre los grupos armados al margen de la ley y el gobierno parece remota. El marco legal para la paz aprobado en sexto debate y con varios opositores como el expresidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, hoy recibió su estocada final. La paz es uno de los anhelos de la mayoría de colombianos, el marco legal para bien o para mal es un espacio de discusión sobre ese deseo. Acabar con él es negarnos la posibilidad de pensar que el fin del conflicto armado sí es posible y que es necesario estar preparados para ello, que es necesario tener las herramientas necesarias para llegar a su encuentro. Después de la bomba me pregunto: ¿debemos dejar de pensar en paz después de atentado?

En las últimas semanas, algunos rumores muy tenues en el mundo político insinúan que el gobierno de Juan Manuel Santos estaría dispuesto a negociar con las FARC, si estas se comprometen a iniciar un camino serio que lleve a la resolución de un conflicto que ya lleva casi cincuenta años.

Desde su posesión, el presidente Santos ha mandado varias señales en ese sentido. Sin renunciar a la vía militar como medio para poner fin al conflicto, la actual administración no ha cerrado totalmente la puerta a la negociación, aunque en este caso prime la ambigüedad, teniendo en cuenta que los acercamientos efectivos con la guerrilla han sido nulos y el gobierno ni siquiera cuenta entre su nómina con un alto comisionado como había sido tradición durante los últimos años en el país.

Por un lado, y marcando un claro contraste con su antecesor, Santos aceptó declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Las consecuencias de tal decisión no son anodinas, pues es este el primer paso para una negociación, la aceptación del carácter político[1] del conflicto y el reconocimiento de la validez legal del adversario para sentarse a la mesa. Por otro lado, desde la hora cero de su gobierno, y una vez más, en claro contraste con su antecesor, Santos ha condicionado un eventual proceso de paz a muestras concretas de la pretendida voluntad de paz de las Farc, y como primer paso, la liberación de los secuestrados.

Durante su visita a Londres a comienzos de la semana pasada, Santos insistió en el tema, asegurando que a pesar de los duros golpes que se le han propinado a la FARC, la negociación sigue mostrándose como una nube distante en el horizonte. Entonces el presidente afirmó que “la solución política no está cerrada, ni con llave. Y la llave no está en el fondo del mar, sino en mi bolsillo. Y estoy dispuesto a abrir la puerta, porque creo que al final tiene que ser una solución política”.

No obstante, no es claro que el presidente quiera sacar esa llave y abrir las puertas de la paz, tras el asesinato de tres policías y un sargento del ejército que llevaban entre trece y catorce años secuestrados. Se trata de un evidente crimen de guerra, penalizado por el orden jurídico internacional y objeto de la acción de la Corte Penal Internacional. La principal víctima de la masacre de los uniformados es la posibilidad de un diálogo con las Farc; así lo reconocen incluso los mismos gestores de paz, quienes ven con escepticismo la posibilidad de iniciar diálogos en el corto y mediano plazo.

El gobierno de Colombia anunció el 4 de noviembre la muerte de alias “Alfonso Cano”, máximo líder de la guerrilla de las Farc, el cual fue abatido por un ataque aéreo de las Fuerzas Militares. Con su muerte, surgen preguntas y un espacio para pensar en la posibilidad del fin del conflicto armado en este país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han sufrido golpes estratégicos por parte de las Fuerzas Militares del Estado que han debilitado una jerarquía fuertemente consolidad desde el establecimiento oficial del secretariado en 1993, durante la Octava Conferencia Nacional de las Farc-EP. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido protagonista y participe desde que era ministro de Defensa del anterior gobierno, de los duros golpes que ha sufrido esta organización guerrillera. La muerte natural de Manuel Marulanda Vélez, el asesinato de Iván Ríos por parte de su jefe de seguridad, y las operaciones militares que dieron de baja a Raúl Reyes, al Mono Jojoy y a Alfonso Cano, son episodios que abren el camino para darle fin al conflicto armado colombiano, ya sea por medio de negociaciones o por un total debilitamiento del grupo guerrillero.

A pesar de la muestra de deterioro en su capacidad de resistencia y después de la confirmación de la muerte de Cano, su reemplazo, Rodrigo Londoño Echeverry alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”, anunció que las Farc no tiene intención de desmovilizarse o de hacer un cese a sus actividades armadas. El nuevo líder de las Farc afirmó que seguirá en marcha el Plan Estratégico hacia la toma del poder para el pueblo.

Por la parte del gobierno colombiano, Santos aseguró que continuará con la labor de finalizar el conflicto armado en el país por cualquier medio necesario. El presidente de Colombia, instó a las Farc a seguir el ejemplo de la organización terrorista vasca ETA, que el pasado 20 de octubre anunció el cese definitivo de su actividad armada.

A raíz de la invitación de desmovilización realizada por Santos a las Farc, y la advertencia enviada a los guerrilleros que continúen con la militancia, alias Timochenko se pronunció nuevamente en un comunicado publicado en la página web de las Farc (http://www.farc-ep.co), anotando:  “Así no es, Santos, así no es”. El líder guerrillero rechazó el ataque que dio de baja a Cano resaltando sus virtudes y admiración por ser un líder de la organización guerrillera y haber muerto en el campo de combate. De la misma manera, Timochenko denominó al presidente Juan Manuel Santos en su comunicado como un dirigente “amenazante y brutal”, al repudiar no solo la muerte de Cano si no de todos los cabecillas del secretariado y por la publicación en medios de comunicación de fotos de sus cadáveres. El nuevo jefe de la guerrilla le recordó al mandatario colombiano que la muerte es algo a lo que ningún ser humano puede escapar, ya sea de forma natural o violenta, y que la vida se puede llevar de acuerdo a la decisión que tome cada individuo, tal como lo hacen los miembros de la organización guerrillera que creen en la causa de su lucha y seguirán encaminando su vida para alcanzar el propósito de las Farc.

Para terminar, vale la pena considerar y tener en cuenta los logros del gobierno colombiano y los meritos de las Fuerzas Militares de Colombia en la lucha contra las Farc. Así mismo, es evidente que Timochenko y el grupo que lidera tienen dos opciones: continuar con la lucha armada, lo cual implicaría el gradual debilitamiento y desaparición del grupo guerrillero, o entrar en un proceso de negociación consolidado en un acuerdo de paz, en el que se haga cese a las actividades armadas. Con lo anterior, sería posible la reinserción de los miembros de las Farc a la sociedad colombiana y dar el inicio hacia la reconciliación y la reestructuración del país.

Comunicado de alias Timochenko a Juan Manuel Santos: http://www.farc-ep.co/?p=900

Uno de los objetivos fundamentales de la Revolución Bolivariana ha sido destruir a las fuerzas armadas institucionales que existían en Venezuela en 1998. La ambición de poder de Hugo Chávez así lo ha impuesto. El régimen chavista estableció dos líneas fundamentales de acción: modificar sus valores democráticos y debilitar su prestigio social.  Ninguna de estas dos líneas de acción ha logrado alcanzar el éxito totalmente. Las tradiciones militares de más de un siglo lo han impedido. De allí que hayan decidido la creación de los oficiales de milicias, para permitir que jóvenes del PSUV, sin formación militar, puedan formar parte de los cuadros militares e iniciar una fuerte campaña para desacreditar a los jefes militares que ejercieron funciones antes del chavismo.

Eso es lo que busca la apertura del juicio a los generales Ítalo del Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua, Freddy Maya Cardona, José Rafael León Orsoni y Luis Guillermo Fuentes Serra, por los sucesos del 27 de febrero de 1989. A todos, excelentes oficiales, mi solidaridad de amigo y compañero de armas. Ese juicio, después de 22 años, sólo trata de justificar ante la historia las razones de los golpes de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Hugo Chávez conoce que no es fácil olvidar su complicidad en los asesinatos de los oficiales y soldados que murieron esos días. Es la misma estrategia aplicada al sentenciar a los comisarios Simonovis, Forero y Vivas para disminuir la responsabilidad  de Hugo Chávez en los sucesos del 11 de abril  de 2002.

Los acontecimientos del Caracazo fueron diferentes. Fue un estallido, inicialmente espontáneo, que tomó caracteres de una rebelión popular por la lentitud con que actuaron las diferentes  autoridades civiles para tomar las correspondientes medidas de control del orden público y por la intervención de algunos grupos de izquierda radical. La Policía Metropolitana, penetrada como estaba por un grupo subversivo dirigido por Freddy Bernal, actuó con gran debilidad y la Guardia Nacional empezó a operar demasiado tarde.  A las pocas horas, la violencia se había extendido por toda  Caracas, produciendo gran temor en los sectores de clase media, que al sentirse amenazados por saqueadores empezaron a constituir grupos armados para defender las urbanizaciones.

Los saqueos fueron transmitidos por los medios de comunicación sin medir las consecuencias. La violencia empezó a contagiar otras ciudades. Esta grave situación obligó al gobierno nacional a suspender las garantías constitucionales, establecer el toque de queda  y ordenar a las Fuerzas Armadas a aplicar el Plan Ávila a nivel nacional.  Este plan cumplió cabalmente su objetivo disuasivo  en aquellas guarniciones en que se pudo desplegar a las Fuerzas Armadas antes de iniciarse los saqueos. Lamentablemente, esa no fue la situación de Caracas. Los hechos de violencia, ante la falta de control de las autoridades civiles,  empezaron a tomar fuerza en toda la ciudad surgiendo el riesgo de un enfrentamiento armado entre los distintos sectores sociales.

En esta compleja situación fue que se inició la intervención de las Fuerzas Armadas. El desbordamiento social había tomado tal magnitud que era imposible restablecerlo sin aplicar medidas represivas. Los enfrentamientos se produjeron cuando algunas unidades de las Fuerzas Armadas fueron atacadas con armas de fuego durante el patrullaje y en el momento en que tomaron las zonas altas de la ciudad. Las consecuencias tenían que ser muy graves. Los efectivos del Ejército y la Armada no están entrenados ni sus armas son apropiadas para operaciones de orden público. Además, el combate en localidades es de por si muy complejo ya que el control de las operaciones recae sobre los comandantes de compañía, pelotón y escuadra.

Justamente, ese es uno de los absurdos  que se observa en el razonamiento que hace el  Fiscal del Ministerio Público para acusar al general Ítalo del Valle Alliegro. Las Fuerzas Armadas es una organización piramidal: el responsable de un hecho punible es el actor material y el control de su actuación recae en el comandante de su unidad. Tampoco tiene lógica alguna que el general Alliegro por haber sido ministro de la Defensa ese día y responsable del Plan Ávila sea “cómplice necesario” de los homicidios cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas o de las Policías, en cualquier lugar de Caracas, por tener “el deber de supervisar, dirigir y controlar las operaciones”. Yo me pregunto: ¿si no se conocen los autores materiales de esos supuestos asesinatos puede existir un cómplice necesario? Sin duda, que no. Sencillamente, una gran injusticia.

El pasado miércoles 12 de octubre se archivó en el Congreso colombiano el proyecto de Acto Legislativo 06/11, conocido como el de prohibición del aborto. La iniciativa buscaba cambiar el artículo 11 de la Constitución Política “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” a este texto: “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte”. Este tema ha resultado polémico no solo porque en Colombia desde 2006 se permitía el aborto en tres casos (violación, inviabilidad del feto y riesgo a la vida de la madre[1]), sino porque el artículo tendría implicaciones en temas tan distintos como la eutanasia, la fecundación in vitro, el suicidio asistido y la píldora del día después, entre otros métodos contraconceptivos.

Considero entonces que el tema va más allá de las falsas dicotomías: conservadores y progresistas, religión e individualismo (hedonista, como sostiene el procurador Ordoñez) o vida y libertad. El tema que está en juego acá es el tipo de sociedad que queremos construir: una idealista y moralista, que desconoce las difíciles realidades socioeconómicas y privilegia una irreflexiva y dogmática visión de la vida, basada en la religión y la tradición, o –la de la postura conciliadora de la Corte Constitucional– que no es una que busca promover el aborto, mucho menos lo propone como método de anticoncepción, sino una sociedad que le da opciones, no solo a las mujeres, sino los ciudadanos que piensan distinto, que no basan en fundamentos religiosos sus decisiones, o a aquellos que por tres circunstancias supremamente complejas, toman una decisión que no es a la ligera. Una sociedad que no condena a las mujeres que aún en situación de riesgo de salud de ella o de su bebé, o a pesar de una violación, decide no abortar; solo le da la opción de decidir. Una sociedad que no persigue legal o moralmente a las mujeres o familias que en la misma situación deciden no tener un hijo. Una sociedad tolerante, respetuosa, consciente de la diversidad, que no busca imponer una visión única del mundo, de lo que está bien y lo que debe satanizarse y perseguirse. Desafortunadamente aún nos falta trabajar mucho para construir esa sociedad.

Ahora bien, en Colombia –un país que por siglos ha sido definido por su clase política como cristiano-católico, incluso de manera constitucional– resulta bastante llamativa la larga tradición del aborto como práctica legal. Desde 1890 el Código Penal contemplaba el aborto terapéutico, como necesario para salvar la vida de la mujer; el aborto honoris causa, como atenuante para la “mujer honrada y de buena fama”, y el aborto consentido, ratificado en el Código Penal de 1936, que rigió hasta 1980, año en el que se penalizó, hasta que la Corte Constitucional en 2006 decidió permitirlo en tres casos. Pero no solo en Colombia el aborto era permitido prácticamente desde la constitución de la república. Importantes historiadores como la estadounidense Linda Gordon y el francés Philippe Ariès[2], señalan que ya Aristóteles y Platón mencionaban el aborto y la anticoncepción como un tema central para la sociedad. Sumado a esto, existen evidencias del uso de técnicas anticonceptivas e instrumentos abortivos en sociedades nómadas previas a Roma y Grecia clásicas. Solo hasta la Revolución Industrial y con la moral victoriana del siglo XIX, el tema pasó a ser un tabú occidental generalizado, limitando el tema en lo público, pero no eliminando su práctica. La condena moral no acaba con el fenómeno social; un ejemplo de ello es la postura de Madame de Sévigné, en pleno siglo de las luces, aconsejándole a su hija no quedar embarazada (por salud, dolor y supervivencia al parto), y ya si quedaba embarazada, solucionarlo con restringentes (pócimas abortivas)[3]. Por tal motivo, nuestra preocupación por la mujer, su integridad y su buena vida (hoy vida digna) no es nueva. Tal perspectiva histórica nos permite comprender no solo lo antiguo del debate, sino su marcada naturaleza religiosa y política (más que médica, social, económica o ética), los dos campos de la vida humana que generan mayor polarización, odios y desacuerdos.

En Colombia, el aborto es una práctica permitida por la Corte Constitucional en tres casos específicos: por graves malformaciones del feto, violación y cuando la vida de la madre está en peligro. En la actualidad, el Partido Conservador, en su afán porque la Constitución Política defienda la vida de los ciudadanos desde la concepción hasta la muerte natural, ha propuesto un proyecto de ley que ha sido respaldado por más de dos millones de colombianos por medio de firmas, el cual según su redacción no sólo penalizaría la práctica del aborto, sino que incidiría significativamente en temas como la planificación de emergencia, las fecundaciones asistidas y la eutanasia.

Según dicho proyecto, no solamente serían penalizadas las mujeres que practiquen el aborto y los médicos que realicen dicho procedimiento, sino que adicionalmente serían sancionadas penalmente las mujeres que empleen la píldora del día después para interrumpir el embarazo, los médicos que suministren dichas pastillas, los que estén involucrados en técnicas de fertilización en donde haya manipulación de embriones y los que se vean involucrados en técnicas de eutanasia.

La aprobación de este proyecto de ley podría no sólo atentar contra los derechos femeninos, sino con una serie de derechos constitucionales tales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la autonomía personal, entre otros principios del Estado de derecho.

Vale la pena preguntarnos si reformas como la propuesta por el Partido Conservador con respecto al aborto, contribuyen realmente al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y a la garantía de sus derechos. El derecho a la vida en Colombia está ligado más a una función biológica que a una noción que implica el ejercicio de las libertades humanas y de sus derechos individuales. Posiblemente, si es aprobada dicha ley, los abortos clandestinos aumentarían, poniendo en riesgo la vida de las mujeres que hayan escogido libremente no ser madres, al tener que acudir a lugares que no cumplan con las disposiciones médicas necesarias para el desarrollo de una práctica tan delicada como la del aborto, aumentando la problemática de salud pública que ya existe. Por otro lado, si esta propuesta contempla penalizar otros temas como la planificación de emergencia, la eutanasia y la fecundación artificial, se estaría incurriendo en una serie de violaciones a la Constitución de 1991 con respecto a los derechos libertades individuales. En lugar de establecer penalizaciones que restrinjan las libertades individuales bajo el presupuesto de proteger la vida. ¿Por qué no concentrar los recursos del Estado en campañas y políticas públicas enfocadas a la prevención y la educación en materia sexual y reproductiva?