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De los jóvenes apolíticos

“Yo no hablo ni de política ni de religión”. “La política no me interesa; yo soy apolítico”. La tendencia de los jóvenes a estar al margen de los temas políticos, o a declarar abiertamente el aburrimiento que éstos les producen, sigue siendo significativa. La existencia de un buen número de grupos en Facebook promoviendo un “no a la política”, el reducido porcentaje-4%- de jóvenes interesados en la política en España[i] y la desconfianza que declara el 74.13% de jóvenes colombianos hacia el Congreso[ii] son prueba de ello.

La tendencia a la apoliticidad juvenil es entendible. No solo realidades cotidianas basadas en la cultura del “todo vale” y la corrupción son decepcionantes, sino que las dificultades en el acceso y en el ejercicio de una ciudadanía plena son mayores para la población juvenil.^[iii]

Hay quienes aseguran que el fenómeno de la apoliticidad no es tan agudo, pues si bien los jóvenes no participan dentro de los escenarios formales, actualmente la participación juvenil es atípica y se da a través de redes sociales, y en torno a temas no tradicionales[iv]. No hay duda, por ejemplo, de que los movimientos surgidos en el 2011 alrededor del mundo (primavera árabe, indignados) estuvieron en buen grado alimentados por jóvenes moviéndose en redes sociales: las manifestaciones que tuvieron lugar por el proyecto de reforma a la educación en Colombia, fueron gestionadas a través de dichas redes y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE se dotó de un buen espacio de difusión a través de su blog[v], de Facebook y de Twitter.

Hay, sin embargo, una característica que comparten dichos movimientos: todos ellos reflejan luchas inmediatas[vi]. Llaman la atención sobre el tema objeto de reclamos pero no trascienden y se quedan reducidos al “ruido” producido, al status de Facebook o a la avalancha de tweets. Si bien estas herramientas son útiles para movilizar, están siendo empleadas en un terreno infértil en términos de ideas y propuestas, lo que incide para que pequeños grupos de líderes terminen cooptando los procesos y posiciones, y no se generen grandes cambios. La apoliticidad pues, radica más en eso; en la falta de adopción de posturas y de posiciones que impulsen debates profundos y de largo aliento; que contribuyan a decir, de manera informada y lúcida, lo que debe ser dicho. Los jóvenes egipcios de la primavera árabe, por ejemplo, no imaginaron que el férvido clamor de cambio se traduciría en un enfrentamiento electoral entre un sucesor de Mubarak y un candidato de la hermandad musulmana; un cambio muy leve sin grandes debates detrás.

De la política sin jóvenes

A grandes rasgos, la política está asociada a la corrupción, al clientelismo, a la politiquería y a los politiqueros. La política tiene una connotación negativa, según Hannah Arendt, de larga data[vii]. Pero trascendiendo los reduccionismos, la política otorga un espacio para la resolución de conflictos que puede terminar influyendo en los procesos de toma de decisión. La política, según Arendt, tiene un sentido: “que los hombres trataran entre ellos en libertad, más allá de la violencia, la coacción y el dominio, iguales con iguales, que mandaran y obedecieran sólo en momentos necesarios –en la guerra– y, si no, que regularan todossus asuntos hablando y persuadiéndose entre sí”. Para participar en este espacio –y finalmente competir por el poder- no solamente hay que tener conciencia de lo que ella entraña, sino que se debe contar con un saber político, que comprende también la adopción de posturas y generación de ideasinfluyentes, con poder de persuasión en el largo plazo, para contribuir en la construcción de una forma particular de concebir la sociedad.

Es en este sentido, que los jóvenes deberían generar menos ruido sin sentido y crear más conciencia de su potencial como actores políticos. Si bien la juventud no implica un cambio per se, una adecuada asociaciónentre las herramientas de la tecnología, la conciencia de lo que significa el espacio de la política – y dentro de él, la adopción de ideas y posiciones-,así comola necesidad de articulación con otros actores para triunfar en ese espacio, podría contribuir a que la juventud genere cambios y tenga un real peso político.

Declararse “joven apolítico” es el primer paso para que la política se siga reduciendo a las representaciones más comunes que de ella hay: corrupción y clientelismo. Se necesita de la participación de los jóvenes en la política. Pero de una participación inteligente, de propuestas, de generación de debates nacionales, de miradas amplias y que trasciendan las minucias en las que ésta se sumerge frecuentemente. Se necesita además de jóvenes con posiciones y posturas políticas: con ideas, con convicciones, dispuestos a defenderlas. Conocer la política es el primer paso para producir cambios inteligentes; la apoliticidad es la vía para hacer lo de siempre, lo que llama la atención pero no funciona.

Ocupa el puesto 113 en el ranking Doing Business mientras que Chile y Colombia se adjudican los puestos 39 y 42 respectivamente.

El espíritu emprendedor es vital para el crecimiento socioeconómico y, para que éste pueda desarrollarse, es necesario contar con un ambiente propicio en materia de derechos de propiedad, de infraestructura, impositiva y crediticia. Lamentablemente, en Argentina no están dadas las condiciones para que la iniciativa privada pueda explotar al máximo su potencial, por el contrario, muchas veces la misma es inhibida mediante múltiples y complejos procedimientos, controles y regulaciones, trabas burocráticas, elevados costos y deficiente infraestructura. Así lo demuestra el ranking mundial Doing Business que anualmente elabora el Banco Mundial y que mide las facilidades que existen para instalar una empresa en un determinado país.

De acuerdo al mencionado estudio, Argentina se ubica en el puesto 113 sobre un total de 183 economías evaluadas. Si bien ascendió un puesto respecto a la edición pasada, sigue siendo un país con numerosos obstáculos para la actividad empresarial.

El índice mencionado incluye 10 categorías, a saber: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de los contratos y resolución de la insolvencia.

Nuestro país exhibe la peor performance en el rubro “manejo de permisos de construcción”, al ubicarse en el puesto 169. Precisamente, esta operación requiere de 25 procedimientos, demora 365 días y tiene un costo equivalente al 107,7% del ingreso per cápita. Como contraste, estos valores para los países de la OCDE son de 14, 152 y 45,7% en forma respectiva.

En la categoría que analiza la “apertura de un negocio”, se adjudica el puesto 146 y retrocede tres puestos en comparación con la edición pasada. Según esta variable, abrir un negocio demanda 14 procedimientos, 26 días y tiene un costo equivalente al 11% del producto por individuo. Para tener una idea, en Singapur, país que lidera el ranking, abrir un negocio lleva 3 días, 3 procedimientos y tiene un costo que equivale al 0,7% del ingreso per cápita.

Por otra parte, en el indicador “registro de propiedades” pierde 26 puestos al pasar de la posición 113 a la 139. Según el informe, Argentina llevó a cabo una sola reforma sobre negocios en el último período, la que, a diferencia de lo acaecido en otros países de la región, hizo más compleja la operatoria comercial. En forma puntual, se dificultó la transferencia de propiedades al requerir que el escribano obtenga de las autoridades fiscales el valor de referencia de la propiedad objeto de transferencia antes de poder formalizar la escritura pública. Es dable mencionar aquí que 125 economías introdujeron reformas que facilitaron los negocios, un 13% más en relación a la edición pasada pero, desafortunadamente, Argentina no está entre ellas.

En cuanto al pago de impuestos, ocupa el puesto 144 al ser considerado el sistema tributario local muy complejo. El estudio revela que el total de pagos exigidos insume 415 horas en el año, cifra que supera al promedio de la región (382) y más que duplica a la de los países de la OCDE (186).

En el otro extremo, los mejores desempeños se observan en cumplimiento de contratos (puesto 45), obtención de energía eléctrica (58) y obtención de crédito (67).

En cuanto al análisis regional, Argentina es superada por Chile (39), Colombia (42) –que es una de las 12 economías del mundo que más ha mejorado en esta edición-, Perú (41), Uruguay (90) y Paraguay (102), mientras que se halla por encima de Brasil (126), Ecuador (130), Bolivia (153) y Venezuela (177).

Vale resaltar y por qué no tomar como ejemplo, las reformas instrumentadas por Chile, Uruguay y Colombia. Por ejemplo, el país trasandino facilitó la apertura de empresas al empezar a otorgar una licencia temporal de actividad de forma inmediata a las empresas de nueva creación, eliminando el requisito de inspección previa por parte de las autoridades fiscales antes de que las empresas puedan comenzar sus operaciones. Por su parte, Uruguay facilitó la apertura de una empresa al establecer una oficina de ventanilla única para las empresas comerciales en general. También, mejoró su sistema de información crediticia, al introducir una plataforma online que permite el acceso a informes de crédito a las instituciones financieras, empresas de suministro de energía y prestamistas. Por último, Colombia, redujo los costos asociados a la apertura de una empresa al dejar de exigir el pago anticipado de la tarifa de la licencia comercial.

En otro orden, debe tenerse en cuenta que la falta de un ambiente amigable para la actividad empresarial no sólo restringe el progreso económico sino que también, tiene su correlato en la expansión de la economía informal, con las restricciones y desventajas lógicas que padecen quienes operan en ella. Por cierto, en Argentina la economía “en negro” asciende a casi el 35%.

En efecto, sólo si se recrean las condiciones que promuevan y estimulen la inversión y el desarrollo de negocios, habrá más crecimiento y menos pobreza. Este índice internacional constituye una guía para conocer hacia dónde deben dirigirse las reformas y las políticas públicas que estimulen la actividad emprendedora. Sin dudas, hay un largo camino por recorrer.

Durante los primeros días del mes de septiembre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llevó a cabo una importante visita oficial a Japón y a Corea del Sur. Dos importantes países tanto en el contexto geopolítico como en el económico, si se tiene en cuenta que el fortalecimiento de relaciones que logre Colombia con estos, es de vital trascendencia para la inserción de Colombia en la región asiática, y específicamente en la APEC (Asean Pacific Economic Cooperation), el bloque económico más importante del mundo.

Entre los resultados obtenidos de la visita a Japón, se destacan el haber recibido el reconocimiento de tener una de las economías más sólidas y estables de la región latinoamericana, lo cual es el primer síntoma de confianza en una relación bilateral fructífera con el país nipón. El hecho de reconocer a Colombia como una aliada en sectores claves como el de servicios, educación y tecnología, hace que el camino a consolidarnos como potencia regional emergente sea hoy una realidad. Con relación a Corea del Sur, en materia comercial bilateral, la visita del mandatario colombiano sirvió para determinar que las negociaciones del TLC estarán listas antes de que finalice el 2011. Priorizando por una parte, la principal pretensión de Colombia en relación a un mayor acceso del sector agrícola en el país asiático; y por parte de Corea, el acceso de sus manufacturas a la economía colombiana, sector ya dominado por los surcoreanos.

Si se tiene en cuenta el estancamiento del proceso de aprobación del TLC con Estados Unidos, la mejor decisión que Colombia puede tomar en materia de comercio exterior radica en la apertura y diversificación de mercados hacia otras regiones del mundo, buscando siempre favorecer el intercambio comercial, la promoción de exportaciones colombianas mediante la visibilización de nuevos productos, servicios y sectores nacionales, el fortalecimiento de los mismos al interior del país y la consecución de una cada vez mayor inversión extranjera directa en el país. Todo ello garantizado bajo una sólida seguridad jurídica que debe a los nuevos importadores e inversionistas, importantes certezas en las negociaciones.

Más sobre la integración del Pacífico latinoamericano con Asia, en la última edición de la revista Perspectiva “Asia Pacífico: la nueva ruta de la prosperidad” http://www.revistaperspectiva.com/edicion.php

Por: Victor Maldonado

“Un sistema opresor no puede ser reformado”: Mandela

La frase no concluye allí. Todavía es más retador el corolario: ¡Tiene que ser abandonado! Muchos se sentirán defraudados porque todavía piensan que a estas alturas del proceso puede haber alguna esperanza de reorganizar el status quo revolucionario para que todos quepamos. Pero los que así piensan no pueden estar más equivocados. La opresión de la que hablamos se ha convertido en una maquinaria política que ha colonizado todos los poderes públicos para garantizar que una minoría excluya al resto de cualquier forma de ciudadanía. Ser ciudadanos es tener garantizados la dignidad y el respeto. Supone la consulta y la consideración por las opiniones y los puntos de vista diversos, y por supuesto, un apego irrestricto al marco constitucional.

La opresión es lo contrario a la libertad. Y por más vueltas que le demos, la libertad es sobre todas las cosas el reconocimiento a nuestra propia dignidad. Pero vale la pena insistir que no hay otra condición al ser digno que ser libres para hablar, tener, intentar vivir de la mejor manera posible, realizar nuestras convicciones y disfrutar de garantías y derechos. Nos sentimos oprimidos porque no hay garantía que se respete, ni miramiento alguno que se observe. Si no podemos hablar sin contar con el miedo a algún tipo de retaliación, si no podemos tener bienes porque el derecho de propiedad ha sido vulgarmente confiscado, si no contamos con la seguridad ciudadana que nos permita un transcurrir sin temores. Si no podemos siquiera pensar en tener una designación pública porque hay una condición indigna de apoyo irrestricto al líder del proceso que tiene prelación sobre cualquier consideración en relación con la capacidad y el talento. Si se mantiene una política de inhabilitaciones y de cárcel para los que resultan incómodos al régimen. Si nada de eso nos lo quiere garantizar el gobierno, entonces no hay ninguna otra posición razonable que la exigencia constante para que se deponga la opresión y se sustituya por un régimen más justo. No hay puntos intermedios. No es posible.

Nelson Mandela tenía razón cuando decía que “un luchador por la libertad aprende, por el camino más duro, que es el opresor el que define la naturaleza de la lucha. Con frecuencia, al oprimido no le queda más recurso que emplear métodos que reflejan los empleados por su contrincante…” No hay espacios para las ilusiones. No es el caso de sentarse a esperar a que transcurra el tiempo hasta la fecha de las elecciones, o que Dios se encargue de acelerar los trámites de la justicia divina. A un régimen opresivo hay que encararlo con fuerza, unidad de propósitos, legitimidad social, liderazgo firme y un programa alternativo que signifique una mejora colectiva y no un retruque hacia otras formas de opresión. Y sentido de realidad suficiente como para evitar la tentación del populismo y la arrogancia de los que ahora creen que son otros los que deben dar la cara. No es un trámite administrativo que pueda decantarse desde la lógica burocrática. Hace falta líder, mensaje, organización y calle. No podremos hacerlo desde la tranquilidad de nuestros hogares y sin pagar el costo que significa garantizarnos la libertad que ahora nos están negando.

Mandela nunca dejó de llamarse un luchador por la libertad desde que se dio cuenta que carecía de todos los atributos de un hombre digno. Toda su vida se tradujo a un camino siempre inconcluso hacia la libertad como condición para todos sus compatriotas, pero que nunca dejó de transitar, a pesar de la dureza, y teniendo que administrar todas las opciones que estaban a su alcance, desde la resistencia pacífica hasta la lucha armada. Eso sí, con criterio y mucha firmeza moral. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? A veces pienso que todavía no cobramos conciencia de la magnitud del peligro. Toleramos una tiranía extravagante, insólita e incapaz, a la que financiamos su política económica y discutimos sus resultados estadísticos. Soportamos con estoicismo nihilista una forma de hacer política ordinaria y vulgar que nos administra la información, los recursos, y está en proceso de disponer de nuestras vidas sin que nosotros seamos capaces de reaccionar en términos de participación activa, solidaridad persistente, conducción política y organización congruente y legítima. Mientras cada uno se considere un héroe solitario (o el genio que tiene la mejor idea, la mejor estrategia, el mejor programa y la mejor forma de hacer las cosas) y no un combatiente entre muchos que disciplinadamente aportan su grano de arena, seguiremos dando traspiés pensando en que somos nosotros titiriteros cuando en realidad somos los títeres.

Todo indica que crecen las condiciones para producir un cambio. Si esto es así se debe estudiar con detenimiento cuál sería el futuro inmediato del país. Por lo que respecta a la disidencia, todas las fuerzas que la conforman están bastante claras: la más amplia unidad, escogencia de un candidato único mediante primarias, tarjeta única, tener listas las grandes líneas que habrán de aplicarse una vez que Chávez sea sustituido.

En primer lugar, se trata de conformar un gobierno de Unidad Nacional con el máximo de respaldo popular. A este gobierno le corresponde iniciar la patriótica tarea de reconciliar a todos los venezolanos sobre la base de una Constitución que declara enfáticamente que Venezuela es y será para siempre democrática y basada en ella,

Conquistar el funcionamiento democrático de la sociedad venezolana, basada en la Constitución Nacional y en el cumplimiento de mandatos inevitables como serían aquellos vinculados con la cuestión social. El modelo económico que se instauraría tendría que atender en forma prioritaria, mediante la distribución del excedente petrolero, a los sectores populares, a los excluidos. Revisando materiales correspondientes a enero de 1958 este objetivo quedó un tanto relegado por lo imperativo del problema político, pero estaba inscrito como resultado del cambio de gobierno. Un gobierno de Unidad Nacional, democrático, popular, nacionalista. No dependiente de ninguna nación extranjera, como el autócrata ha colocado a nuestro país bajo la subordinación de Fidel, del gobierno cubano.

Después de Chávez, Venezuela entrará en una nueva etapa de reconciliación, de democracia con equidad, con justicia social. Se deben restablecer las Instituciones democráticas, y su aparato productivo debe cobrar fluidez mediante el respeto a la propiedad privada, a la inversión nacional y extranjera que junto con la inversión estatal crearán un nuevo piso para un país moderno, de progreso, de avanzada, cónsono con la revolución científico-técnica que se adelanta en el mundo.

Hay que exponer seguridad y firmeza en el camino adoptado. No se trata de un salto en el vacío sino de colocar a Venezuela en la dirección correcta que redunde en beneficio de todos. La ruta democrática y de equidad y justicia social es hoy el sentimiento mayoritario. Los golpistas y aventureros están del otro lado, desesperados e imaginándose cualquier aventura anticonstitucional.

El Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho (CDDRL por su sigla en inglés) es uno de los centros del Instituto Freeman Spogli para Estudios Internacionales (FSI por su sigla en inglés) de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, instituto dedicado a la investigación innovadora de los principales retos y temas internacionales.

El CDDRL se dedica a fomentar la democracia, el crecimiento económico y el Estado de derecho en países en transición como Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Rusia, Ucrania, Georgia, Kenia y Nigeria. Uno de sus actividades más importantes es el Programa de Verano Draper Hills para la Democracia y el Desarrollo (DHSFDD por su sigla en inglés), un programa de entrenamiento ejecutivo de tres semanas para líderes de democracias en transición y países en desarrollo.

Para la versión de este año, el CDDRL escogió para el programa de verano a un grupo de 27 líderes – entre los que tuve el honor de estar–, de 22 democracias emergentes, compuesto por activistas democráticos, académicos, periodistas y emprendedores, comprometidos con mejorar o establecer la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y el Estado de derecho en cada uno de nuestros países. El principal objetivo del curso es ayudar a crear una comunidad más amplia de activistas, para ejercer un cambio positivo en donde la democracia pueda estar en riesgo.

Durante el intenso programa de tres semanas, mis compañeros y yo, participamos en conferencias de distinguidos académicos de la Universidad de Stanford como Francis Fukuyama, Avner Greif, Steve Krasner, Gerhard Casper y Larry Diamond, con los que analizamos las ideas de la democracia y su consolidación; el desarrollo económico y su relación con la democracia; el asistencialismo y el impacto en los países en desarrollo; la institucionalidad; la construcción del Estado; la movilización social y la resistencia civil; la tecnología para la libertad y la transparencia; el emprendimiento social; la separación de poderes, entre muchos, muchos más.

Así mismo, visitamos las oficinas de Google y Facebook, y nos reunimos con las personas encargadas en estas empresas, de las relaciones con el gobierno y el seguimiento a las políticas públicas de todo el mundo, para analizar el impacto que estas herramientas han tenido en la lucha por la libertad y la democracia. Además escuchamos intervenciones de varias personas al mando de organizaciones involucradas en la lucha a favor de la democracia en el mundo entero como la NED, Conservation International, The Center for Deliberative Democracy, Global Integrity, The International Center on Nonviolent Conflict, entre otras.

También discutimos con personas muy relevantes para la política internacional de Estados Unidos como Condoleezza Rice, secretaria de Estado de George W. Bush, y Michael McFaul, actual asesor especial del presidente Obama, considerado uno de las cinco personas más relevantes en el tema de seguridad nacional en el gobierno.

Además de todo esto, gracias a esta experiencia tuve la oportunidad de oír de primera mano, es decir de mis compañeros de los otros países, historias de luchas por la libertad y la democracia, ya que fueron ellos mismos los gestores de las revoluciones más recientes en contra de los gobiernos autoritarios en países como Egipto, Irak, Nepal y Ucrania.

“No retornaremos a las formulas fracasadas de Estado interventor pero tampoco mínimo y débil”. Así, con esas palabras, podemos resumir el inaugural mensaje de Ollanta Humala como flamante presidente del Perú.

Ha sido un mensaje de seña conciliadora en general, aparte queda la referencia a la constitución de 1979 que ha sacudido los ánimos de izquierda y derecha, en unos, arrancando aplausos y suspiros de nostalgia, y en otros ha evidenciado la desesperación por encontrar a un Humala errado que satisfaga sus miedos y razones, mas, hacia el final– “vengo en son de paz” dijo, intentando colocarse en el justo medio, declarando su alejamiento del gran estado interventor y el estado mínimo para, de alguna manera, complacer a todos.

Pero ¿A qué Estado mínimo se estaba refiriendo el Presidente? ¿Al decenio Fujimorista que incremento el gasto descomunalmente, al de las transferencias de monopolios públicos a privados y de organismos reguladores, centralización de los programas sociales y, pandillaje, todavía impune, de ‘empresarios’ y políticos? ¿O a las dos últimas administraciones de Toledo y García? Ambos gobiernos marcados con el estigma de la corrupción y la debilidad institucional, ¿Al Estado confiscatorio, donde la propiedad es un privilegio de algunos que se superpone a la voz de los más pobres en nombre de la inversión, difamando la libre empresa, al Estado de los casi 20 ministerios entre ellos “de la mujer”, “la cultura”, “del ambiente” y “el deporte”, es ese el Estado mínimo del que nos dice Ollanta Humala, ha sido un fracaso?

Si tal desborde de arrogancia, delitos y concentración de poder, le parece un Estado Mínimo entonces hay que guardar rifle en cinto. Mas Estado no es, ni ha sido nunca la solución a ningún problema. Más aun, si como parece ser, se avecina un difícil escenario internacional en los próximos años, el presidente debe dar mayores muestras de sensatez de las que hasta ahora correctamente ha dado. Precisamente el desborde estatal como respuesta a la crisis financiera está mermando las economías de los países desarrollados. El Estado Mínimo que defiende el Liberalismo ha sido abandonado y ahí están las consecuencias para quien tenga a bien atenderlas.

Concibe nuestro presidente que la pobreza tiene sus razones en un Estado incapaz de llegar a esos alejados lugares de los altos andes y la vasta amazonia. “Le ha dado soroche” ha dicho Humala, en feliz referencia al mal de altura. Pero, ¿Cómo sabe Ollanta Humala que ahí donde el mercado no habría podido llegar, el Estado si lo hará y lo hará mejor? No nos lo dice.

Tal credo no tiene correspondencia con la realidad tampoco y vaya que la realidad es un vendaval que arrasa con los desprevenidos. La realidad, como la historia, ha sido cómplice del Liberalismo y el Estado Mínimo. Pues ahí donde el Estado ha crecido la libertad ha menguado y con ello la sociedad se ha empobrecido y viceversa. ¿Porque supone el presidente que el Estado va a llegar a los más necesitados para suprimir las carencias con eficiencia, voluntad y tecnología?, ¿Será que el mismo Estado que no responde por la precariedad del sistema educativo o el sistema de salud se ha convertido en una epifanía?

Esa fe lo ha llevado a anunciar, la presencia del Estado en las líneas aéreas, extender la créditos bancarios al agro, crecer en el sector eléctrico, administrar remesas, incrementar el sueldo mínimo, proponer créditos para los repatriados, subsidiar el gas, y una serie de propuestas destinadas al incremento del gasto y la intervención estatal. Este razonamiento tiene una marca registrada, el Estado de Bienestar, el castillo de naipes que se desmorona en Europa, a ese apela Ollanta Humala. Lo curioso es que al mismo tiempo ha propuesto la estabilidad monetaria, disciplina fiscal, mantener el crecimiento económico y una “economía nacional de mercado abierta al mundo” (una economía de mercado es abierta al mundo y nunca es nacional), pero mas allá de la retorica, el Presidente debe enterarse que lo que le discutimos los liberales no es la existencia de empresas estatales que funcionen mal que bien, sino las consecuencias que no pueden verse, como la productividad que hubiera tenido todo ese dinero en el sector privado y todos los costos que impone el mismo estado a los contribuyentes en el afán de establecer las condiciones favorables para que su empresa salga adelante. Sin mencionar la burocratización y la corrupción latente.

Ollanta Humala tiene una gran responsabilidad y una oportunidad histórica: Romper la péndula dictadura-democracia, y obtener, por fin una izquierda peruana racional. Si tal oxímoron, acaso puede ser posible. En general lo han hecho bien los gobiernos que manteniendo la retorica de izquierda han aceptado, en distintos grados los mandatos liberales y con ello en varios grados también, han sido gobiernos exitosos. Humala debería escuchar la oposición liberal que predica la prudencia fiscal y la eficiencia del gasto, alejada igualmente de los extremos de la derecha conservadora que usurpa la tradición liberal y de la izquierda que siente el triunfo de Humala como una rendición incondicional al socialismo del siglo XXI y ve en este gobierno su hora largamente anhelada. Ambos sectores convergen en su sumisión al dictador sea este Fujimori o Velasco y al culto estatal. No deben pasar.