Revista Perspectiva Blog

Autor:  Ramón Barreiro

Todos los gobiernos del mundo tienen la merecida fama de ser ineficientes. Nunca se invierte lo necesario, los recursos se desperdician en más burocracia, la administración pública es muy política, el clientelismo y la corrupción son prácticas comunes, etc. Sea en países en vías de desarrollo o desarrollados, democracias o dictaduras, los gobiernos nunca se salvan de ser criticados por su falta de eficiencia… Sufrimos malos gobiernos porque la administración pública es ineficiente, ¿eso quiere decir que un gobierno eficiente es un buen gobierno?

Los pensadores liberales clásicos consideraban que el gobierno era un mal necesario, pero en definitiva un mal, que no podía reprimirse porque era la forma de organización de una faceta muy particular de la vida en sociedad: la política. Fue entonces el principal objetivo de su reflexión política descubrir las formas de control que lograsen mantener a raya los males del gobierno. Si seguimos las conclusiones de estos pensadores, los gobiernos eficientes no son de por sí buenos gobiernos, porque muy bien pueden ser eficientes en un sentido perverso, por ejemplo, facilitando que una clase política abuse de la sociedad.

La eficiencia en lo público tiene un objeto distinto al que se le da en lo privado. No se puede prescindir de los controles establecidos para la administración pública si no se piensa que los hombres de lobos han pasado a ser corderos. En lo público debemos buscar la eficiencia en los controles y en la política.

Las sociedades se valen de iniciativas individuales y colectivas para avanzar en el bienestar de sus integrantes; para que las segundas tengan resultados positivos requieren de una serie de incentivos y procedimientos que permitan que los beneficios incluyan a toda la sociedad.

Descubrir los mejores incentivos y los procedimientos más eficientes es responder a la pregunta de cómo administrar lo público. Para lograr cualquier objetivo comenzamos bien si pensamos en emplear los procedimientos que nos permitan aprovechar mejor los recursos con los que disponemos; obviamente esto también vale para lo público. Sin embargo, hay una diferencia crucial: los recursos del gobierno se originan en su capacidad de ejercer coerción para obtenerlos de la sociedad; esto quiere decir que el gobierno suplanta a los integrantes de la sociedad en las decisiones que estos harían sobre los recursos extraídos.

Toleramos esta confiscación porque suponemos que hay un interés inclusivo –compartido por toda la sociedad– sobre ciertos usos que podrían darse a dichos bienes. Esto nos indica ciertos imperativos: primero, los usos públicos de los recursos deben ser discutidos ampliamente en la sociedad y su aprobación debe darse por consenso; segundo, cuando la decisión política de qué hacer ya ha sido tomada, el cómo hacerlo debe sustraerse del proceso político; y, tercero, los resultados deben ser de conocimiento público, y ser sometidos a una discusión pública que permita tomar una decisión sobre la continuidad de cierto uso público de los recursos entregados al gobierno.

Aplicar estos tres principios a nuestra administración pública supone una auténtica revolución: separar la administración de los recursos del proceso político y hacer de éste un mecanismo de control que asegure el uso responsable de todos los recursos destinados a usos públicos.

¿Cómo hacer del político dado al clientelismo y a la corrupción el garante de la buena administración? Todo se basa en un sistema de incentivos; si la administración no está en manos de los políticos, sino la decisión de qué debe hacerse con los recursos dados al gobierno, el proceso político se convierte en un mecanismo de la ciudadanía para la rendición de cuentas.

Al final de la discusión, la buena administración pública no está hecha de buenas personas, sino de buenos controles.

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