Revista Perspectiva Blog

Los resultados del referendo realizado en Suiza el pasado 29 de noviembre, han dejado un gran desconcierto y preocupación entre la población musulmana y la población mundial en general, y no es para menos.

Los ciudadanos del país, considerado una de las democracias más sólidas del mundo, decidieron por mayoría, aprobar el referendo que prohíbe la construcción de nuevos minaretes en las mezquitas. La votación se caracterizó por un margen del 57% de favorabilidad a la propuesta (los análisis muestran que la mayoría se obtuvo en 22 de los 26 cantones del país); aunque uno de los cuatro cantones que rechazó la iniciativa con mayor fuerza, con un 59,7%, fue Ginebra, en donde se encuentra una de las mezquitas más antiguas del país.

El referendo despertó grandes preocupaciones entre algunos líderes de Europa y del mundo, en la medida en que la propuesta puede tomarse como un retroceso en el proceso de consolidación de libertades individuales y colectivas en las democracias modernas, dejando además un sinsabor sobre la percepción que tiene la población suiza de la comunidad musulmana –que suma alrededor de 400.000 personas– y sobre el desarrollo de una convivencia sana entre los ciudadanos. Justamente, al respecto se ha pronunciado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al calificar la medida como discriminatoria y poco coherente con las obligaciones que tiene Suiza en materia de derechos humanos.

En general, la medida suscita fuertes cuestionamientos sobre el desarrollo del principio de laicidad en una democracia moderna, ya que, como en Francia, una separación tal de lo público y de lo privado, relegando la religión al ámbito meramente privado, puede minar seriamente la libertad de expresión y de culto individual, o bien de una comunidad.

Preocupa entonces la posición de muchos ciudadanos suizos, máxime cuando los supuestos de libertad e igualdad, que se viven con mayor fuerza en un país con una democracia madura como Suiza, resultan poco congruentes con tal decisión. Y si bien es cierto que el llamado a la convivencia intercultural no ha de ser fácil, también lo es que el papel del Estado debe ser el de propiciar este tipo de espacios y no de clausurarlos, procurando garantizar tanto el ejercicio de los deberes como el goce pleno de los derechos y libertades de cada individuo y de todo individuo en comunidad.

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