¿La solución para todos los males?
Satisfacer las necesidades de la gente. Ese es el principal deseo y mensaje que envían los candidatos a puestos de elección popular en el nivel ejecutivo y legislativo, así como quienes asumen posiciones en el primero – vía libre nombramiento. Pasar de hablar de los problemas de la gente, a buscar soluciones que funcionen – en palabras de nuestro colaborador Martin Friedl y Aleksandr Shkolnikov en un artículo en la nueva edición de Perspectiva – es el reto principal de los sistemas políticos latinoamericanos.
La nueva constitución ecuatoriana, que se someterá a referendo el próximo septiembre, no necesariamente plantea la receta para solucionar los problemas de los ecuatorianos. Por el contrario, posiblemente cree mayor caos si es aprobada. Además de darle amplios poderes al ejecutivo – inclusive el de fijar las tasas de interés y otros instrumentos de política monetaria – la nueva constitución crea un pseudo régimen parlamentario. El presidente podrá disolver la Asamblea Nacional, y a su turno el legislativo podrá destituir al presidente; en los dos casos nuevas elecciones tendrán lugar. Sin estar aprobada aun, no es posible vaticinar si estas medidas contribuirán a traer estabilidad al Ecuador pero el futuro puede ser poco optimista. En efecto el país, ha visto pasar por el Palacio de Carondelet a seis presidentes en menos de una década tres de los cuales han sido derrocados – Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. Parte de la inestabilidad política, se debe al diseño electoral ecuatoriano. El sistema representación proporcional en la legislatura es una de las fuentes de las crisis y, sorpresivamente, no cambiará de manera sustancial con la nueva constitución.
¿Son estas las soluciones que funcionan? La Constitución de Montecristi parece no ser la salida a la crisis ecuatoriana. Entretanto, a pesar de los favorables precios del petróleo, Ecuador tiene uno de los más bajos niveles de crecimiento en la región (1.9% en el 2007, según EIU) mientras el clima para la inversión y la atracción de capital extranjero es cada vez más inestable. ¿La Constitución fortalecerá un desarrollo capaz de mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la desigualdad? Es una oportuna pregunta, y sin ánimo fatalista la respuesta parece ser un contundente no.
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