Revista Perspectiva Blog

¿No tienen nada positivo los decretos leyes dictados en ejercicio de la Ley Habilitante? ¿Por qué los opositores se niegan a reconocer los logros del Gobierno? ¿No hay nada positivo para destacar en la gestión revolucionaria? ¿Todo es negativo? ¿Acaso todas esas leyes son inconstitucionales? Estas son las interrogantes, con respuesta adosada, que plantean los miembros del equipo gubernamental y sus legítimos afectos, para proteger la acción presidencial, debidamente refrendada por su Consejo de Ministros, legitimada en la sede de la suprema justicia, respaldada por la Fiscalía. Todo ello dejando a salvo el común e insignificante detalle de no haberlas leído todas. Esas leyes fueron santificadas con el silencio aprobatorio de la Defensoría del Pueblo, real veladora del efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución, y facultada para ejercer las acciones de inconstitucionalidad, si fueren procedentes. A Dios gracias, los otros apenas recuperan fuerzas después de la intensa batalla de las inhabilitaciones, y se encuentran en plena organización de las próximas olimpíadas donde, como debe ser, sólo participarán los clasificados, y habrá flexibilidad suficiente para tolerar los ventajismos de Beijing.

Los decretos leyes surgidos de las potestades delegadas no son completamente inconstitucionales, salvo que hayan sido dictados con posterioridad a la habilitación, lo cual, a las alturas de este décimo round, es apenas una risotada gubernamental dirigida a quien le estableció el límite temporal. No es la primera vez que se anuncia en la Gaceta Oficial una ley que no se encuentra lista para su presentación en sociedad.

Asombra, si algún resquicio queda, que se le atribuyan a las leyes una dimensión cuasi humana, susceptible de abrigar virtudes y defectos, de conducir a un conglomerado social hacia algún destino excelso o al infierno. La ley no es más que un simple instrumento que, cual cuchillo casero, puede servirle a una madre para preparar el alimento a los amados miembros del hogar, o a un delincuente de baja ralea para infligirle puñaladas traperas a su víctima. El problema no es el cuchillo, pero importa si está romo, oxidado o torcido porque mientras más afilado, mayor destreza y cuidado profesional se exige.

La ley es un instrumento de la Justicia y, por añadidura, el más imperfecto de todos los elementos que intervienen en su realización. Por ello, se elude el problema principal cuando se aspira a una declaratoria de inconstitucionalidad, y se actúa como el avestruz al restarle importancia a la promulgación de esos Decretos Leyes. Se es francamente inmoral al respaldar violaciones de derechos humanos y constitucionales, por ventajas o reivindicaciones económicas contenidas en esas normativas; y se es inútilmente valiente cuando se proclama la desobediencia a la ley, porque el verdadero quid del asunto es la concepción, crematísticamente compartida, de un sistema que a costa de cualquier derecho humano o constitucional amplía, sostiene y consolida los espacios de poder y eso, ¡abogados del mundo!, no es un punto susceptible de dilucidarse en los estrados judiciales, como ya ha quedado harto demostrado. Las querellosas actuaciones se asemejan, cada vez más, a esas novelas con humor incluido, donde los desenlaces previsibles se alargan con sus correspondientes episodios de expectación creciente para ofrecer un calculado final de último minuto, que entre alegrías y decepciones, cumple con el objetivo de cohesionar a todos y garantizar que unánimemente participen como consumidores del producto o servicio sin cuyo patrocinio sería difícil sostener el espectáculo.

Un gobierno con auténtico sentido y ambición de poder busca su mantenimiento y expansión. En tanto los límites del poder son los derechos ciudadanos, resulta natural que se incline a traspasarlos. Por eso, entre el ejercicio del poder político y el ejercicio de la ciudadanía hay una relación dialéctica, apenas perceptible en tiempos de paz, propia del campo político y no del jurídico. Es imposible resolver un problema cuando se yerra en la metodología. No hay Estado de Derecho en procesos revolucionarios. En ellos la pirámide funciona invertida. ¿Quién dijo imposible? En el contexto actual, las leyes enseñan que mientras haya con qué, el gobierno está dispuesto a cambiar derechos constitucionales por bolívares fuertes, y que las sanciones son útiles para recordar que esta es una revolución pacífica, pero armada.

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