La importancia de la institucionalidad en la legitimidad de los procesos democráticos

A una semana de la instalación del Congreso de la República de Colombia aún no existen resultados oficiales que permitan conocer con certeza cuál será su conformación para los próximos cuatro años. Si bien la elección se realizó el pasado 14 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) –entidad encargada de oficializar los resultados– no ha logrado entregar la totalidad las 267 credenciales a los nuevos congresistas, debido al gran número de quejas, reclamos y demandas interpuestas por presuntas irregularidades en la elección. La revisión de estas inconsistencias ha hecho que el CNE deba revisar minuciosamente cada una de las mesas de votación, lo que ha retrasado el ya complejo trámite de validación de los resultados de la elección. Vale mencionar que no es la primera vez que esta situación se presenta, pues para las elecciones 2006 media hora antes de la instalación del Congreso fueron entregadas las últimas credenciales a los congresistas.

Este hecho, además de evidenciar los problemas en términos de capacidad y eficiencia de una de las entidades estructurales del sistema electoral colombiano, pone en el debate público un tema aun más polémico y es la importancia de la institucionalidad en la legitimidad de los procesos democráticos. Las autoridades encargadas de garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera transparente y sin fraudes de índole alguna, deben estar en la capacidad de ir más allá de cumplir las funciones que le fueron encomendadas, sino que deben otorgar garantías efectivas que le permitan al electorado confiar en la legitimidad de los procesos y en que las eventuales irregularidades serán solucionadas de manera ágil. Si bien el Congreso de la República es una de las instituciones con menores niveles de legitimidad y confianza por parte de los ciudadanos, debido a fenómenos como la parapolítica y la corrupción, la recuperación de la confianza en el órgano legislativo pasa por que las autoridades electorales rodeen y generen la confianza suficiente sobre el proceso electoral, el resto del camino es tarea del Congreso.


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