Revista Perspectiva Blog

El episodio de violencia post-electoral que sufre Nicaragua es preocupante. No solo preocupa por las lesiones físicas que algunos ciudadanos han sufrido y la posible pérdida en vidas humanas, o los daños a la propiedad privada y a la infraestructura de Managua y otros municipios nicaragüenses. También es alarmante por lo que implica para el futuro inmediato del país y sus instituciones. Ya el pacto entre el FSNL y el PLC – la distribución del poder del Estado entre los dos partidos y sus clientes para beneficio particular – había causado suficiente daño en términos de la legitimidad del Estado. Posteriormente, la política divisoria de Daniel Ortega representada en su estrategia de limitar la competencia en las elecciones del pasado domingo – léase la cancelación del MRS y el PC- y la negligencia del Consejo Supremo Electoral en otorgarles credenciales a observadores internacionales y demorar las credenciales para los observadores nacionales proyectó la posible erupción de un conflicto post-electoral.

Bajo este contexto, las elecciones del pasado domingo no contribuyeron a prevenir un conflicto sino que lo catalizaron. En Managua, los dos principales contendores – Eduardo Montealegre (Alianza PLC) y Alexis Arguello (FSLN) – se han declarado ganadores de la alcaldía. Entre tanto, el Consejo Supremo Electoral no ha emitido un veredicto final. El conflicto se extiende a lo largo de Nicaragua. Los resultados electorales, en suma, están cubiertos con un amplio manto de ilegitimidad y, en el caso de Managua, cualquiera que sea el veredicto final del conteo por parte del CSE recibirá la impugnación del contendor.

La salida a la crisis es por el camino que tanto Daniel Ortega como el CSE se negaron a seguir. Seguramente se conformará una misión de países amigos, con la participación de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que hará el reconteo de votos y cotejará la información de los fiscales electorales nicaragüenses. Entre tanto, el gobierno de Ortega, y las instituciones del Estado nicaragüense, profundizan su crisis de legitimidad y pone en jaque las débiles instituciones democráticas de Nicaragua.

Veremos pues dos caminos en la posible salida a la crisis. Por un lado, es posible que la verificación de votos se de a través del acompañamiento de UNASUR y el Centro Carter. Por otro, es posible que en reemplazo de UNASUR la OEA asuma el liderazgo y tengo el acompañamiento del Centro Carter. La respuesta a la crisis, no obstante, debe ser inmediata.

Esperemos que la respuesta se dé antes del 23 de noviembre, fecha en que tendrán lugar las elecciones regionales venezolanas.

Puntilla: Unas horas después de publicar esta entrada, la OEA se pronunció sobre la situación en Nicaragua. En el comunicado de prensa – texto completo abajo, José Miguel Insulza hizo referencia a las ventajas de la observación electoral y el trabajo que la OEA cumplió en las elecciones del 2006.

INSULZA EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DIFICULTADES SURGIDAS EN NICARAGUA, 11 de noviembre de 2008

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, manifestó su preocupación por las dificultades surgidas en Nicaragua en la etapa de los cómputos de las elecciones municipales realizadas el día domingo en todo el país.

La OEA no participó esta vez de la observación electoral. En las últimas elecciones de 2006, en las que fue electo el actual Presidente Daniel Ortega, la Organización realizó la observación más prolongada de su historia, con más de 200 observadores durante 11 meses.

El máximo representante de la OEA dijo en ese sentido que “una de las ventajas de las Misiones de Observación es que permiten resolver las dudas en momentos en que los resultados son estrechos, como ocurrió en Nicaragua en las elecciones de 2006″.

Insulza señaló que la Organización siguió con atención el proceso de recuento aún en marcha e hizo ver que no habiendo sido invitada a observar estos comicios, la OEA no está en condiciones de emitir opinión sobre ellos.

Finalmente, el Secretario General hizo un llamado a todas las partes “para que encuentren a través de diálogo un mecanismo superador de esta situación, cuyo agravamiento implicaría un serio retroceso para el proceso democrático”, insistiendo en que es necesario “que sean los criterios incluidos en la Carta Democrática Interamericana los que guíen el camino de la solución a esta controversia seria”.

Reference: C-434/08

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