Revista Perspectiva Blog

El domingo 5 de junio se eligió el nuevo camino por el que debe recorrer el Perú en los próximos cinco años. El triunfo electoral del candidato Ollanta Humala Tasso de Gana Perú (51.48%) sobre su contrincante Keiko Fujimori Higuchi de Fuerza 2011(48.51%)*, deja a un amplio porcentaje de la población nacional con cierto escepticismo sobre lo que va a significar su próximo gobierno.

La población peruana, que no votó por Humala, teme por el destino del país que ha vivido en la última década un crecimiento galopante, producto de una política económica de libre mercado, consecuente y seria, aplicada por las distintas administraciones de gobierno. Adicionalmente, en el Perú se ha vivido bajo un  sistema democrático, el cual ha sido respetado junto a las libertades del pueblo. De esta manera, los resultados económicos y la sólida democracia en el Perú han confabulado a favor del progreso y han permitido que el país resalte en el escenario internacional.

Muy por el contrario a una economía de apertura al mundo, Humala ha propugnado una política nacionalista, muy al estilo de los países del eje bolivariano que es impulsada por Hugo Chávez en Venezuela. Medidas económicas de esta naturaleza sólo consiguen espantar a las inversiones y el capital extranjero y hacer flanquear el comercio internacional. Es decir, al aplicar tales medidas el progreso alcanzado en los últimos años en el Perú se vería estancado o quizás iría en retroceso. Muestra de ello, por ejemplo, ha sido el desplome de la Bolsa de Valores de Lima a tan solo horas de conocer los resultados electorales, que cerró anticipadamente por registrar una caída de 12,51%, considerada como la peor caída en su historia.

Respecto de la democracia, se sabe cómo han actuado los países satélites de Venezuela desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Los cambios constitucionales no son fortuitos y con ello todo acto antidemocrático con el afán de perpetuarse en el poder. Adicionalmente, si el Estado posee recursos, como lo es Venezuela al ser productor de petróleo, éstos son usados irresponsablemente para fines populistas. El pueblo finalmente es quien asume las consecuencias de este tipo de gobernantes que implementan políticas de antaño, las cuales no necesariamente ayudan a reducir la pobreza.

En el Perú la pobreza ha bajado considerablemente en la última década, en la actualidad bordea el 34%. Claro está que aún hay mucho por hacer y se requiere de mayores políticas públicas de corte social orientadas a los sectores menos favorecidos en el país. Humala, de tendencia de izquierda, puede representar esto, logrando así que la brecha entre ricos y pobres se acorte. Todo dependerá de su real plan de gobierno, de sus políticas económicas, de sus políticos y del nivel de tecnócratas que lo acompañen en su gestión.

Sin embargo, también es importante resaltar que el destino del Perú no  sólo está en manos de la fuerza gobernante. Los peruanos ahora tienen un gran deber como ciudadanos y es velar para que el próximo gobierno de Ollanta Humala sea respetuoso de los tratados internacionales, de la constitución y del marco legal vigente; para que el sistema democrático y las libertades de la población no se vean amedrentadas; para que el aparato burocrático estatal ejerzan sus cargos responsablemente, libres de corrupción y actos ilegales. Se debe vigilar permanente todo acto del Estado, exigir la rendición de cuentas y fiscalizar el gasto público. Estos son deberes que tienen que estar presentes en la acción cívica ciudadana.

La vigilancia debe ser por parte de todos los actores del Estado: la sociedad civil, los empresarios, la iglesia, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales, las fuerzas armadas y la población en general. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe apoyar a evitar que el Perú se convierta en una extensión de Venezuela, exigiendo el respeto del marco jurídico internacional, de la territorialidad y de la soberanía nacional.

Así, Ollanta Humala representará el futuro de todos, en donde están por un lado los que gobiernan y, del otro, ese casi 50% de la población que observará detenidamente, día a día, cada acto perpetrado.

*Resultados al 91% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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