Revista Perspectiva Blog

Uno de los objetivos fundamentales de la Revolución Bolivariana ha sido destruir a las fuerzas armadas institucionales que existían en Venezuela en 1998. La ambición de poder de Hugo Chávez así lo ha impuesto. El régimen chavista estableció dos líneas fundamentales de acción: modificar sus valores democráticos y debilitar su prestigio social.  Ninguna de estas dos líneas de acción ha logrado alcanzar el éxito totalmente. Las tradiciones militares de más de un siglo lo han impedido. De allí que hayan decidido la creación de los oficiales de milicias, para permitir que jóvenes del PSUV, sin formación militar, puedan formar parte de los cuadros militares e iniciar una fuerte campaña para desacreditar a los jefes militares que ejercieron funciones antes del chavismo.

Eso es lo que busca la apertura del juicio a los generales Ítalo del Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua, Freddy Maya Cardona, José Rafael León Orsoni y Luis Guillermo Fuentes Serra, por los sucesos del 27 de febrero de 1989. A todos, excelentes oficiales, mi solidaridad de amigo y compañero de armas. Ese juicio, después de 22 años, sólo trata de justificar ante la historia las razones de los golpes de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Hugo Chávez conoce que no es fácil olvidar su complicidad en los asesinatos de los oficiales y soldados que murieron esos días. Es la misma estrategia aplicada al sentenciar a los comisarios Simonovis, Forero y Vivas para disminuir la responsabilidad  de Hugo Chávez en los sucesos del 11 de abril  de 2002.

Los acontecimientos del Caracazo fueron diferentes. Fue un estallido, inicialmente espontáneo, que tomó caracteres de una rebelión popular por la lentitud con que actuaron las diferentes  autoridades civiles para tomar las correspondientes medidas de control del orden público y por la intervención de algunos grupos de izquierda radical. La Policía Metropolitana, penetrada como estaba por un grupo subversivo dirigido por Freddy Bernal, actuó con gran debilidad y la Guardia Nacional empezó a operar demasiado tarde.  A las pocas horas, la violencia se había extendido por toda  Caracas, produciendo gran temor en los sectores de clase media, que al sentirse amenazados por saqueadores empezaron a constituir grupos armados para defender las urbanizaciones.

Los saqueos fueron transmitidos por los medios de comunicación sin medir las consecuencias. La violencia empezó a contagiar otras ciudades. Esta grave situación obligó al gobierno nacional a suspender las garantías constitucionales, establecer el toque de queda  y ordenar a las Fuerzas Armadas a aplicar el Plan Ávila a nivel nacional.  Este plan cumplió cabalmente su objetivo disuasivo  en aquellas guarniciones en que se pudo desplegar a las Fuerzas Armadas antes de iniciarse los saqueos. Lamentablemente, esa no fue la situación de Caracas. Los hechos de violencia, ante la falta de control de las autoridades civiles,  empezaron a tomar fuerza en toda la ciudad surgiendo el riesgo de un enfrentamiento armado entre los distintos sectores sociales.

En esta compleja situación fue que se inició la intervención de las Fuerzas Armadas. El desbordamiento social había tomado tal magnitud que era imposible restablecerlo sin aplicar medidas represivas. Los enfrentamientos se produjeron cuando algunas unidades de las Fuerzas Armadas fueron atacadas con armas de fuego durante el patrullaje y en el momento en que tomaron las zonas altas de la ciudad. Las consecuencias tenían que ser muy graves. Los efectivos del Ejército y la Armada no están entrenados ni sus armas son apropiadas para operaciones de orden público. Además, el combate en localidades es de por si muy complejo ya que el control de las operaciones recae sobre los comandantes de compañía, pelotón y escuadra.

Justamente, ese es uno de los absurdos  que se observa en el razonamiento que hace el  Fiscal del Ministerio Público para acusar al general Ítalo del Valle Alliegro. Las Fuerzas Armadas es una organización piramidal: el responsable de un hecho punible es el actor material y el control de su actuación recae en el comandante de su unidad. Tampoco tiene lógica alguna que el general Alliegro por haber sido ministro de la Defensa ese día y responsable del Plan Ávila sea “cómplice necesario” de los homicidios cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas o de las Policías, en cualquier lugar de Caracas, por tener “el deber de supervisar, dirigir y controlar las operaciones”. Yo me pregunto: ¿si no se conocen los autores materiales de esos supuestos asesinatos puede existir un cómplice necesario? Sin duda, que no. Sencillamente, una gran injusticia.

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