Revista Perspectiva Blog

@OscarOrtizA

La democracia no es solo votar para elegir a los gobernantes cada cuatro o cinco años. La democracia es, en esencia, un sistema que limita el poder de los gobernantes y los sujeta a las leyes y a una justicia independiente, para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Por ello, la virulencia con la que los países miembros de la ALBA atacaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la última Asamblea General de la OEA, refleja la profunda contradicción existente entre gobiernos electos por el voto que transgreden dichos límites y el respeto que deben a los ciudadanos, especialmente a quienes piensan diferente de ellos, aunque formen parte de las minorías políticas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos significa un gran avance de nuestra región con respecto a otras partes del mundo, en las que, aun hoy, viven bajo gobiernos dictatoriales. La realización de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el establecimiento de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la suscripción de la Carta Democrática Interamericana representaron grandes avances para el continente. Permitieron tener esperanza en que las instituciones democráticas se fortalecerían para construir sociedades de personas libres, con garantías y respeto a su dignidad y derechos.

A pesar de todo ello, el sistema existente es todavía lento e inefectivo: demora años en brindar justicia y no brinda protección oportuna a quienes son perseguidos por gobiernos autoritarios. El hecho de que para llegar a la Corte Interamericana haya que pasar por la CIDH representa un filtro que deja a muchas personas sin la posibilidad de conseguir su objetivo. A las más afortunadas les implica años de espera. Una de las principales causas radica en que los miembros de la CIDH no tienen dedicación permanente y solo se reúnen algunas semanas por año en dos periodos de sesiones, en los cuales atienden tan solo una mínima parte de los casos que se le presentan.

La Carta Democrática, por su parte, no ha podido ser aplicada frente a gobiernos electos que vulneran los principios democráticos establecidos en el mismo documento, debido a que quien tiene que evaluar estas violaciones es el Consejo Permanente, compuesto por embajadores que, obviamente, no van a ir en contra de sus propios presidentes.

A pesar de los defectos señalados, este sistema molesta a los gobiernos autoritarios porque permite dar publicidad internacional a los abusos que cometen y sientan precedentes que servirán para juzgar en el futuro a estas mismas autoridades, cuando ya no ejerzan el poder.

Por ello, las reformas pasan por fortalecer el sistema, ampliando su autonomía e independencia y no por someterlo a las instancias burocráticas de la OEA que dependen enteramente de las decisiones políticas de los gobiernos que la componen.

(*) Expresidente del Senado de Bolivia

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.