Revista Perspectiva Blog

La modificación de la Constitución Nacional que pretende permitir que todas las autoridades electas con el voto popular puedan reelegirse de forma indefinida, constituye un acto de ilegalidad y un fraude a la voluntad popular, pues, como se ha dicho tantas veces, ya los venezolanos, en ejercicio de su soberanía, se pronunciaron de forma categórica en contra de la reelección el 2 de diciembre de 2007. Volver a realizar una consulta sobre la misma materia que ya fue votada, vulnera claramente el artículo 345 de la Carta Magna.

La enmienda propuesta, además de inconstitucional,  representa un uso dispendioso de los recursos financieros públicos en momentos en los cuales el país se encuentra a las puertas de una crisis económica y social de proporciones gigantescas, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo. Ese descalabro  afectará con particular rigor la calidad de vida de los grupos más pobres de la población. Los cuantiosos recursos que se invertirán en satisfacer los intereses individuales del Presidente de la República  habría que destinarlos a atender, entre muchas otras, las necesidades de la población en salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo industrial, empleo, seguridad social e infraestructura, los verdaderos problemas de la nación.

La iniciativa del primer mandatario, refrendada por la Asamblea Nacional y por un Consejo Nacional Electoral parcializado y  obediente, evidencian el deterioro institucional del país, lo cual atenta seriamente contra el sistema democrático, siempre presente en nuestra historia republicana como valor sustancial de la sociedad venezolana. El daño que se le está infringiendo a la democracia tratan de maquillarlo señalando que con la propuesta de enmienda, el pueblo sigue siendo el depositario de la soberanía, pues se mantiene como el sujeto que elige a los gobernantes y, por lo tanto, continúa siendo la fuente del poder, con lo cual se preserva  la democracia. Este argumento es cínico y engañoso. Quienes ejercen el poder en una sociedad, cualquiera sea, siempre tienden a organizar estructuras y esquemas de gobierno para perpetuarse en sus cargos. Adquieren la capacidad, tanto económica como mediática, que les confieren una injusta ventaja sobre cualquier otro candidato que aspire a ese cargo. Por esa razón es que las constituciones democráticas, además de consagrar la independencia y el equilibrio entre los poderes públicos,  les ponen un límite temporal a las reelecciones, con lo cual se produce una inhabilitación individual en beneficio de la alternancia democrática que favorece al colectivo. No basta con que los ciudadanos escojan en comicios libres a sus autoridades, también es esencial que cada cierto tiempo la oferta de candidatos varíe para que la rotación en los cargos pueda darse y los electores tengan distintas opciones para escoger.

Por otra parte, la redacción de la pregunta elaborada por la Asamblea Nacional es engañosa, parcializada, confusa e incompleta. Da por sentado que con la enmienda se amplían “los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas”, y, en consecuencia, a priori induce al elector a suponer que quien  rechace la propuesta está renunciando a un derecho legítimo y, en consecuencia, se está perjudicando. No establece la redacción definitiva de los artículos que se proponen modificar. El elector tampoco sabe quién será el responsable de redactar el texto de los artículos de la Constitución reformados. El CNE no debió aprobarla.

La alternabilidad constituye uno de los principios fundamentales del modelo democrático. Ese principio se combina y complementa con el de la elección popular, pero cada uno de ellos es diferente y ocupa un lugar distinto dentro del sistema global. Confundir tendenciosamente los términos “alternatividad” y “alternativa” es una postura fraudulenta que supone un desconocimiento de este principio constitucional y deja al descubierto la verdadera intención del proponente.

Los valores de la elección y la alternabilidad se encuentran perfectamente expresados en el artículo 6 de la Constitución. Allí  puede leerse: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático,  participativo, electivo, descentralizado, alternativo …”. En este artículo puede apreciarse que cada uno de esos atributos del Gobierno es específico, pues  atiende a  cualidades distintas que no pueden fundirse en una sola.

La decisión de permitir que todas las autoridades electas con el voto popular puedan postularse indefinidamente en sus respectivos cargos, también elimina otra característica básica del patrón democrático: la movilidad vertical de los dirigentes políticos y sociales. La lógica indica que quien aspira a convertirse en dirigente popular y se encuentra fuera del status quo, quiere ingresar en él; mientras quien ya se halla dentro desea alcanzar nuevas posiciones. Por ejemplo, el alcalde se fija como meta ser gobernador; el gobernador ser presidente; el concejal procura ser diputado regional y este convertirse en diputado nacional. Esas son pretensiones sanas e inherentes del líder social.

Por lo tanto, la alternabilidad no sólo es conveniente para el pueblo porque le ofrece múltiples alternativas, sino que también lo es para esa capa de la población que dedica su vida a la actividad pública y pretende legítimamente cargos de representación por delegación popular.  Con la reforma de la Carta Magna se intenta congelar la pirámide de poder actual para que se mantenga igual durante mucho tiempo, pues a los nuevos dirigentes sociales les resultará sumamente difícil incorporarse a ella, mientras que, por otra parte, quienes ya están  en el status quo podrán valerse de todos los privilegios e incentivos que les otorgan sus posiciones  para continuar en  ellas. Se amplían los derechos políticos de la élite que se encuentra en el gobierno, pero se excluye a la inmensa mayoría. Es la democracia NO participativa que excluye y perjudica particularmente a los jóvenes del país.

Otro aspecto que hay que destacar es el claro ventajismo con el cual actúa el Gobierno en la campaña electoral y la parcialización de los organismos gubernamentales  y empresas del Estado, como PDVSA y el Metro de Caracas, que deberían estar al margen del debate político.  En los medios de comunicación, especialmente los que pertenecen al Gobierno, hay una evidente inclinación a favor de la opción que favorece el SÍ, con lo cual se desdibuja el perfil que debe tener una contienda electoral en una democracia.

Todos estos desequilibrios evidencian que el verdadero objetivo del Presidente de la República consiste en permanecer indefinidamente en el poder para así perpetuar el proyecto de corte comunista, llamado socialismo del siglo XXI, que ha venido construyendo desde hace 10 años con lamentables consecuencias para la paz social, el progreso económico y la institucionalidad del país.

Por todo lo antes expuesto, CEDICE-Libertad exhorta a los venezolanos a que analicen con gran interés la enmienda que nos proponen, para poder decidir de forma  inteligente, conscientes de que el resultado de este referendo impactará en forma permanente nuestro sistema político y el futuro de nuestro país.

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