Golpe al ejecutivo y la alteración del orden constitucional en Honduras, Zelaya único beneficiado
Manuel Zelaya fue removido de sus funciones presidenciales en el día de ayer y sucedido por el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti. Según la Constitución de Honduras, en ausencia del Presidente, el vice-presidente o la cabeza del Congreso deben asumir funciones constitucionales. El vice-presidente de Honduras renunció hace un par de meses para participar en las elecciones generales de noviembre próximo. El domingo 28 de junio, pasadas las cinco de la mañana el ejército hondureño irrumpió en la residencia de Zelaya y lo sacó del país con rumbo hacia Costa Rica. Los medios de comunicación locales no reportaron la noticia sino horas después, luego de que el servicio de electricidad fuera restablecido en Tegucigalpa. La acción militar respondió a una orden de la Corte Suprema. No es claro por qué Zelaya fue llevado a Costa Rica inicialmente. La acción durante un domingo de madrugada tiene más tintes de golpe que de acción judicial, de acuerdo con videos que muestran a efectivos del ejército hondureño durante la mañana del domingo. En efecto, existe unanimidad en la región en el rechazo a la forma en que Zelaya fue removido de su cargo. Por su parte, Micheletti afirmó en entrevista con CNN que sucedió a Zelaya en su ausencia y que el gobierno que él asume se ajusta a la constitución y la ley. Si bien Zelaya excedió sus poderes constitucionales al presionar por una elección ilegal, para Micheletti será difícil encontrar reconocimiento de su gobierno como autoridad “legítima” de Honduras.
La crisis por la que atraviesa Honduras en este momento es fruto de los esfuerzos de Zelaya por presionar la convocatoria de una asamblea constituyente en las elecciones de noviembre próximo. El proceso de “la cuarta urna” planteaba dos escenarios. En primer lugar, unas elecciones a llevarse a cabo el domingo 28 de junio preguntaban a los votantes si estarían de acuerdo con incluir una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para convocar a una asamblea constituyente. En segundo lugar, una vez aprobada la consulta del 28 las elecciones de noviembre incluirían una papeleta adicional para la constituyente. La elección del 28 fue considerada como ilegal por el órgano electoral y la corte suprema hondureña. El candidato presidencial Elvin Santos, ex-vicepresidente y co-formula de Zelaya en 2005, igualmente condenó como ilegal el proceso de la cuarta urna. La pugna entre el poder ejecutivo y otros poderes del estado llevó a la destitución de la cabeza del ejército y su posterior reinstauración. El Presidente, con el fin de llevar a cabo el proceso electoral, lo convirtió en una encuesta mediante decreto. El material electoral y logístico supuestamente fue proporcionado por Venezuela, cuyo presidente amenazó con una intervención militar. La reelección presidencial, causa de destitución del cargo si es propuesta por el Presidente de acuerdo a la Constitución, fue la motivación de Zelaya para presionar la consulta que lo depuso. Los excesos de Zelaya en su interés por realizar la consulta del 28 llevaron a su destitución en un proceso y unas discusiones que no han sido aclaradas por las autoridades hondureñas. No es pública la orden de captura, tampoco son claras las razones por las cuales Zelaya fue llevado a Costa Rica. Existe no obstante un acuerdo general en el rechazo a la forma en que fue depuesto el presidente Zelaya.
La Organización de Estados Americanos, mediante resolución de su Consejo Permanente, calificó los hechos como un golpe de estado y “demandó el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales”. Los países del ALBA convocaron a una reunión extraordinaria para tratar el tema y condenar la acción en contra de la cabeza del ejecutivo de Honduras. Igualmente, el Sistema de Integración Centroamericana se opuso a las acciones en contra de Zelaya y demandó la inmediata restitución en sus funciones presidenciales. La resolución de la OEA ya ha recibido críticas. La Prensa Gráfica, de Guatemala, afirmó que la resolución del organismo avala los abusos cometidos por Zelaya al no reconocer que éste contribuyó al escalamiento que llevó al rompimiento del orden constitucional. Mary Anastasia O’Grady afirma en su columna en el Wall Street Journal que la OEA está tomando el lado de quienes abusan de los pesos y contrapesos, ya que no tomó posición cuando Zelaya abusó de sus poderes. La Nación de Costa Rica afirma que Zelaya es víctima y victimario y al darle mayor prioridad a la reunión del ALBA le ha dado mayores tintes ideológicos a la eventual resolución del golpe.
Sin duda Honduras vivió un golpe de estado fruto de los choques entre los diferentes poderes y es un retroceso lamentable para la región. Zelaya desconoció las instancias judiciales de su país y buscó realizar a toda costa una consulta que seguramente buscaría amañar para su propio beneficio. El Congreso y el poder judicial recurrieron a dudosos mecanismos para hacer cumplir la ley y lograron aislarse de la comunidad internacional. Quien salió más fuerte de esta crisis fue aquel a quien los hondureños quisieron deslegitimar. El único gobierno legítimo hondureño en los ojos de la comunidad internacional es el de Manuel Zelaya. En los próximos meses veremos si, una vez en la cabeza del Ejecutivo hondureño, Zelaya buscará avanzar en su proyecto por encima de los demás poderes.
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June 30th, 2009 at 5:25 pm
[...] Golpe al ejecutivo y la alteración del orden constitucional en Honduras, Zelaya único beneficiado [...]
October 4th, 2009 at 8:22 am
http://www.larepublica.com.uy/editorial/382405-la-constitucion-ilegitima
La Constitución ilegítima
Por Jorge Majfud – Analista, Lincoln University.
La disputa dialéctica sobre la legalidad del violento proceso de destitución y expulsión del presidente de Honduras no está cerrada. Hace meses expusimos nuestro punto de vista, según el cual no hubo violación a la Constitución por parte del presidente Zelaya en el momento de convocar a una encuesta no vinculante sobre una asamblea constituyente. Pero en el fondo esta discusión es vana y encubre otro problema en su raíz: la resistencia de una clase y de una mentalidad que moldeó los estamentos de su propia República bananera y busca desesperadamente identificar cualquier cambio con el caos al tiempo que impone la represión de su pueblo y de los medios de comunicación que le son adversos.
El principal argumento de los golpistas en Honduras radica en que la Constitución de 1982 no permite cambios en su letra (artículos 239 y 374) y establece la remoción de sus cargos a quienes las promuevan. La Ley de Participación ciudadana de 2006, que promueve las consultas populares, nunca fue acusada de inconstitucional. Por el contrario, la participación popular es una prescripción de la misma Constitución (artículo 45). Todo lo que revela el espíritu escolástico de sus redactores, matizado con un lenguaje humanístico.
Ninguna norma, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución de un país. Sin embargo, ninguna Constitución moderna ha sido dictada por Dios sino por seres humanos para beneficio propio. Es decir, ninguna Constitución puede estar por encima de un derecho natural como lo es la libertad de un pueblo para cambiar.
Una Constitución que establece su propia inmodificabilidad está confundiendo su origen humano y precario con un origen divino; o está pretendiendo establecer la dictadura de una generación sobre todas las generaciones por venir.
Si este principio de inamovilidad tuviese algún sentido, deberíamos suponer que antes que la Constitución de Honduras sea modificada debería desaparecer Honduras como país. De lo contrario, dentro de mil años ese país deberá regirse por la misma letra.
Ya los ortodoxos religiosos quisieron evitar cambios en el Corán y en la Biblia contando el número de palabras. Cuando las sociedades y sus valores cambian pero no se puede cambiar un texto sagrado, se salva el texto interpretando a favor de los nuevos valores. Esto queda demostrado por la proliferación de sectas, ismos y nuevas religiones que surgen de un mismo texto.
Pero en un texto sagrado la prohibición de cambios, aun siendo imposible, está mejor justificada, ya que ningún hombre puede enmendarle la letra a Dios.
Estas pretensiones de eternidad y perfección no fueron raras es las constituciones iberoamericanas que en el siglo XIX pretendieron inventar repúblicas, en lugar de que los pueblos inventaran sus repúblicas y las constituciones a su medida y según el pulso de la historia. Si en Estados Unidos aún está vigente la Constitución de 1787 ello se debe a su gran flexibilidad y a sus muchas enmiendas. De no ser así, hoy este país tendría tres cuartas partes de un hombre en la Presidencia; un casi-humano. “Ese negrito ignorante”, como lo llamó el ex canciller de facto Enrique Ortez Colindres. Por si fuese poco, el artículo V de la famosa Constitución de Estados Unidos prohibía cualquier cambio de estatus constitucional referido a los esclavos.
El resultado de una Constitución como la de Honduras no es otro que su propia muerte, previo derramamiento de sangre más tarde o más temprano.
Quienes alegan defenderla deberán hacerlo con la fuerza de las armas y con la estrecha lógica de un conjunto de normas que violan uno de los derechos naturales más básicos e irrenunciables.
Desde hace siglos, los filósofos que imaginaron y articularon las utopías que hoy se llaman democracia, Estado y derechos humanos lo dijeron de forma explícita: ninguna ley está por encima de estos derechos naturales. Y si así se pretendiera, la desobediencia está justificada. La violencia no procede de la desobediencia sino de quien viola un derecho fundamental. Para todo lo demás está la política. La negociación es la concesión que hacen los débiles. Una concesión conveniente, inevitable, pero a largo plazo siempre insuficiente.
Una democracia madura implica una cultura y un sistema institucional que prevenga las rupturas de las reglas de juego. Pero al mismo, y por esto mismo, una democracia se define por permitir y facilitar los inevitables cambios que vienen con una nueva generación, con la mayor conciencia histórica de una sociedad.
Una Constitución que lo impida es ilegítima ante el inalienable derecho a la libertad (de cambiar) y la igualdad (de decidirlo). Es papel, es un contrato fraudulento que una generación impone a otra en nombre de un pueblo ya inexistente.