Revista Perspectiva Blog

La libertad de expresión en América Latina atraviesa por momentos difíciles. Son muchas las agresiones directas que los medios de comunicación y periodistas han tenido que enfrentar en los últimos meses, escenario que se repite especialmente entre los países del eje bolivariano. Al respecto no es fortuito que instancias internacionales como lo es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifieste su alerta o que medios europeos demuestren su preocupación. La libertad de expresión se constituye en uno de los derechos fundamentales del hombre y, por ende, le corresponde a los mandatarios y a sus gobiernos velar por el pleno respeto del mismo. 

En Venezuela el líder populista, Hugo Chávez Frías, dio inicio a una secuencia de hechos destinados a silenciar a la prensa de oposición. Primero, al no renovar la licencia de Radio Caracas de Televisión en el año 2007, decana de la televisión nacional en ese país, por acusar a su gerencia de conspirar contra su régimen. Si bien este acto generó la movilización de miles de venezolanos, así como la manifestación de diversas organizaciones internacionales rechazando tal medida; fue poco lo que se pudo hacer para frenar la decisión y a nivel del sistema interamericano fue en vano cualquier esfuerzo para evitarlo. 

Dos años más tarde, tal medida no sería suficiente para la administración Chávez. Esta vez su deseo sería más ambicioso: ordenó el cierre de 33 emisoras de radio y del canal 7 de televisión del estado de Bolívar por considerar que no han cumplido con los requisitos legales para poder operar. Evidentemente, Hugo Chávez atenta contra los medios que tienen una posición independiente y todo ello forma parte de un plan más amplio y sistemático que pretende también reformar las leyes del periodismo y de las telecomunicaciones en ese país. Incluso, el proyecto ley sobre “delitos mediáticos” con lo cual se intenta condenar la distorsión informativa con hasta cuatro años de prisión, es también parte de este plan. Las cifras hablan por si mismas: en el 2002 operaban en Venezuela un canal de televisión del Estado y cinco independientes; en el 2009 son seis canales estatales y sólo tres independientes.

Rafael Correa en el Ecuador también estaría detrás de medidas similares. Hace poco anunció que retirará licencias a algunos radios y televisoras que obtuvieron sus permisos de forma irregular. Igualmente, sus discursos se han endurecido cuestionando a medios de comunicación con una posición independiente y acusándolos de querer dañar a su gobierno. Tanto Correa como Chávez creen que la prensa es el mayor enemigo al que debe enfrentar el Socialismo del siglo XXI, modelo instaurado por ellos en sus respectivos países. Coinciden también en la necesidad de crear un organismo regional que “defienda” a gobiernos como los suyos de la “distorsión” y la “mala fe” de los medios de comunicación social. Correa anunció plantear esta iniciativa cuando presida el UNASUR para “sancionar los abusos que se cometen en nombre de la libertad de expresión”.

En la Argentina, algo inusual sucedió hace unos días. Una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) paralizó por tres horas el trabajo  de redacción de El Clarín, diario de mayor circulación en ese país. Tal hecho fue leído por muchos como una escalada en el enfrentamiento que libra el Grupo Clarín con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, fue el mismo gobierno el primero en negar dicha orden de inspección.

De acuerdo a la SIP la libertad de prensa en América Latina ha empeorado en los últimos meses, especialmente desde el lado de los gobiernos populistas, los cuales han intensificado sus campañas de abuso contra las empresas mediáticas. Es decir, es en aquellos regímenes donde imperan los aires autoritarios y antidemocráticos, donde silenciar a la oposición se convierte en una de las mejores maniobras de gobierno. Maniobras que cada vez son más sofisticadas y diseñadas con mayor astucia, pues tienen todo a un aparato estatal que funciona en virtud de ello.

La comunidad internacional no debe estar ajena a esta realidad. Tampoco los ciudadanos. Hay que ser vigilias de lo que sucede y recordar que hay instrumentos internacionales que consagran, defienden y promueven la libertad de expresión en todos sus terrenos. El derecho a expresarse constituye una de las manifestaciones más inherentes del hombre y coartarlo representa la vulneración más directa y flagrante al ser humano y a la democracia.

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