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  El Cauca y la consolidación para la paz: retos para la inclusión
Yoel Krigsfeld Colombia
Pasante ICP Joven y Proyectos, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
2012-08-10

 

La zona norte del Departamento del Cauca, en donde han tenido lugar las protestas por parte de los indígenas Nasa en el municipio de Toribío, es una de las zona para la consolidación de la paz inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, conocida como Cordillera Central, Sur del Tolima y Valle del Cauca. En dicho lugar, se puede evidenciar cómo los planes de seguridad pueden presentar dificultades al no contar con el apoyo de la comunidad, por lo que sería importante preguntarse si existen elementos de inclusión social en el Plan para la Consolidación de la Paz.

Es así como la expulsión -por parte de los pobladores-, de un grupo de soldados ubicados en el Cerro El Berlín, evidencia una situación en donde los conflictos de intereses entre la sociedad civil y el Estado chocan. Por un lado, se encuentra una minoría indígena que se muestra inconforme y expresa rechazo a una porción del proyecto nacional de seguridad, demandando la retirada de los diferentes “actores armados” y reclamando autonomía para proponer una vía que les permita ser excluidos del conflicto. Por otro, se encuentra el Estado que tiene el deber de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional en nombre del interés general, sobre todo en una zona que como ésta, registra una importante presencia de actores armados, por lo que se niegan a retirarse del territorio.

Por su lado, el Capitulo V del Plan Nacional de Desarrollo describe la consolidación de la paz como: la ruta para garantizar el Estado Social de Derecho mediante garantías de seguridad, observancia de derechos humanos y un funcionamiento eficaz de la justicia[i]. En este sentido, a la Nación le compete desarrollar políticas eficientes que hagan frente a los diferentes problemas de orden público que abarcan un gran espectro de responsabilidades entre lo rural y lo urbano. De ahí que, entre las variables para medir logros sobre la consolidación, se incluyan aspectos como violencia y seguridad, indicadores sociales, gobernabilidad y crecimiento económico. En referencia a lo rural, y específicamente a las zonas de consolidación, el reto nacional consiste en recuperar la institucionalidad y las vías de la democracia, así como en retomar la confianza de la sociedad, combatir las vulneraciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y reducir los cultivos ilícitos y la presencia de amenazas terroristas y de narcotraficantes.

Para su cumplimiento, el Plan Nacional de la Consolidación Territorial de la Paz, propone que los esfuerzos estatales en seguridad territorial se prioricen en las primeras dos fases, para luego dar paso a las garantías de protección ciudadana y al desarrollo económico, social e institucional[ii]. Se puede concluir entonces que se trata de un curso de acción que se enfoca en atender el orden público, pero que no es claro acerca de las estrategias para garantizar la inclusión de la comunidad desde el inicio. Este aspecto puede ser clave, dado que la inclusión debe presentarse como un proyecto transversal y no como un efecto o consecuencia de la lucha contra los grupos armados al margen de la ley.

En el largo plazo, la consolidación se plantea como una ruta para el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, pero, una intervención estatal sin la previa aceptación de la comunidad puede generar efectos contraproducentes. Garantizar y priorizar la inclusión social, permitiría generar rutas de confianza entre la sociedad civil y el Estado desde la base, así como el apoyo de la comunidad en el desarrollo de una paz duradera.

Lo sucedido en el Cauca invita a reflexionar. La inclusión debe ser una estrategia para garantizar la efectividad del Plan de Consolidación, aún más cuando se reconoce que el contexto y pasado histórico de estas zonas se caracteriza por la baja presencia institucional y los efectos del conflicto interno armado, que han debilitado los tejidos sociales y la confianza en las instituciones gubernamentales. Por último, lo descrito obliga una consideración profunda sobre la soberanía de estos pueblos y la autonomía que es defendida en la Constitución Política, pero que deben coexistir con las acciones enmarcadas por las responsabilidades de control y orden público.

 


[i] República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, prosperidad para todos. Consolidación de la Paz, Capitulo V.

[ii] Presidencia de la República. Reporte ejecutivo plan nacional de consolidación.

 
     
     
 
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