La sociedad se ha manifestado a través de diferentes sectores: sindicatos y sus afiliados, sectores medios, empresarios, trabajadores del campo, y otros, recurriendo a la acción directa. Los líderes de la oposición no tuvieron un papel preponderante, por el contrario, fueron a las manifestaciones de a pié, sin representar a sus organizaciones partidarias.

A partir de 1983, comenzó a perfilarse un sistema de partidos. Con la democracia, oficialistas y opositores aceptaron respetar las normas que permiten resolver, pacíficamente, el conflicto político. Casi todos estuvieron de acuerdo en que lo esencial era reverenciar los principios constitucionales.

El presidente Alfonsín recitaba el preámbulo en su campaña. Entendió que la sociedad buscaba la paz después de soportar la guerra de Malvinas y las dictaduras militares. La entrega del poder al Dr. Menem, corroboró el mismo deseo. Se realizó dentro de los mecanismos legales.

Buena parte de la sociedad argentina demostró, en las manifestaciones realizadas en el 2012, que sigue aspirando a lo mismo: vivir en paz y dentro de un sistema democrático. Salieron a la calle a defender las leyes republicanas. Quieren la consolidación de los pilares democráticos que permiten una opinión pública liberada del control estatal, seguridad jurídica y debilitamiento del poder de las corporaciones. Demostraron que no aceptarán que el Gobierno tuerza el ejercicio democrático, violando las normas de gobierno limitado, con la pretensión de gobernar autoritariamente.

El problema en la Argentina actual es doble: por un lado, las asociaciones empresarias y los sindicatos fuertes, a veces con ayuda de líderes políticos opositores, no permiten que se revitalicen los aún débiles partidos. Asumen funciones políticas que no les corresponden. Les resulta más fácil golpear directamente al poder, que realizar las demandas vía estructuras partidarias.

Y, por el otro lado, el Gobierno agrava la situación, haciendo todo lo posible para debilitar a los jefes opositores, intendentes, gobernadores, atacándolos o ignorándolos cuando necesitan del apoyo presidencial al que, autoritariamente, se encuentran sometidos. Suma una juventud atraída por dádivas e ideología antimoderna, similar a la que movilizaba a los guerrilleros. No tienen partidos que los cautiven  para poder canalizar su ambición de poder y prestigio rápidamente. Cerca de la presidenta y respondiendo, sin chistar, a sus órdenes, sienten que el camino es más fácil que el que les propone la militancia democrática.

Odian el individualismo, el capitalismo y se afirman en fracasadas ideas colectivitas, nacionalistas, que rechazan la diversidad y un gobierno moderado. Creen, erróneamente, como quienes gobiernan, que la sociedad puede construirse a la medida de sus intenciones, mediante órdenes,  y no por razón de las acciones de personas, las cuales no son planificables. Antidemocráticos, persiguen la unanimidad, combaten el disenso y por ello, impiden el fortalecimiento de los partidos.

La meta es mantenerse en el poder o conquistarlo cooptando a las  masas, mediante sermones ligados a  emociones primarias “dispuestos a abatir e ineptos para fundar”, como definió a los revolucionarios franceses, Alexis de Tocqueville.

Se ven reflejados en el gobierno kirchnerista, el cual no concreta contactos extrapartidarios, si no sabe de antemano que serán aceptadas sus imposiciones.  Pretende silenciar a quien, o a quienes opinen diferente, incluidos  diarios, radios y medios opositores, sin llegar a acuerdos claves respecto de la seguridad, transportes, energía, inflación,  para juntos seleccionar viables soluciones. No responde a las necesidades de la gente.

En tantos años de gobierno del mismo palo, casi no existen compromisos que ayuden a lograr medidas acertadas y moderadas, en vez de las siempre extremas y por ello irreparables, pergeñadas desde el escritorio, siempre teñidas del imprescindible autoritarismo para llevarlas a cabo.

La consecuencia es el desaliento social: la intromisión del gobierno en actividades sociales, económicas y culturales; en resumen, la tendencia antidemocrática de este gobierno no promueve nuevas aspiraciones y necesidades, ni la creatividad ineludible para lograrlas.

Maniatada la acción partidaria, el conflicto político vuelve atrás, a la historia de apostar al todo o nada, alejando las soluciones compatibles con la democracia  basados en compartidos principios normativos de control de poder.

Es así como Cristina gobierna sectorialmente y es cada vez mas dura con fieles u opositores que no repitan con devoción sus letanías. Hasta se apunta a ciudadanos desde la cadena nacional.

Hay un peligro inminente en esta manera de llevar las riendas del país: sin partidos consolidados que moderen y canalicen la participación ciudadana, se puede llegar a que los conflictos  se vuelvan manifiestos y violentos. Argentina no podrá progresar con grupos fanatizados que apoyen al gobierno mediante abucheos, intimidaciones, ni con un Congreso aleccionado y justicia condescendiente.

El poder ejecutivo no debiera convertirse en una amenaza a nuestra integridad, ni  generarnos ansiedad o inquietud; debiera ser fuente de seguridad para los ciudadanos. El kirchnerismo  ha llevado a reducir a niveles peligrosos el ámbito de ingerencia de los partidos políticos y ha invadido a la sociedad civil promoviendo la dinámica corporativa. Esta consiste en favorecer a sectores o instituciones que personifican a importantes grupos organizados,  en detrimento de otros, cuyas aspiraciones no son canalizadas, como debieran ser todas,  por los partidos políticos.

Aún no se ha afianzado en la cultura la idea de que la vida política pacifica está definida por el sistema de partidos que da consistencia y estabilidad a la democracia, cuando funciona bien.

Es necesario que uno o más partidos puedan desafiar al gobierno con propuestas diferentes que integren a los diferentes sectores por la vía democrática.  Y también, que algún líder opositor se largue, con argumentos valederos y atrayentes, a encolumnar a la mayoría hacia un futuro mejor. Esa debe ser la meta si queremos, pacíficamente, mediante elecciones libres: elegir a quienes nos gobiernen y despedir, pacíficamente, a quienes no cumplan con la Constitución que nos rige.

En un Estado de derecho, las normas democráticas están por encima de quienes gobiernan.  Aquí se está dando al revés. Todavía no se ha comprendido muy bien que cuando la democracia se perturba, acecha el autoritarismo.