Este ranking brinda la posibilidad de agrupar el grado de respeto a las libertades civiles, políticas, económicas y los niveles de transparencia, ayudando a comprender por qué en algunos países se goza de una mayor calidad de vida que en otros.

En el informe Democracia, Mercado y Transparencia, realizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), se plantea que los pilares que hacen al desarrollo son tres: las libertades democráticas, la economía de mercado y la transparencia gubernamental. De esta manera, los países que pueden definirse como desarrollados deben garantizar cada una de estas tres facetas necesarias para el progreso político, económico e institucional. Por tal motivo, para la elaboración de dicho informe se utilizan los datos que aparecen en las ediciones 2009 de Freedom in the World, de Freedom House; Índice de Libertad Económica, de Heritage Foundation y Wall Street Journal, y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International.

En Freedom in the World se brinda una evaluación anual del estado de la libertad global, tal como la experimentan los individuos. La encuesta mide la libertad según dos grandes categorías: derechos políticos y libertades civiles. Los derechos políticos permiten que la gente participe libremente en el proceso político, incluyendo el derecho a votar libremente por diferentes opciones en elecciones legítimas, competir por puestos públicos, vincularse a partidos y organizaciones políticos, y elegir representantes que tienen un impacto decisivo sobre las políticas públicas y que rinden cuentas al electorado. Las libertades civiles incluyen las libertades de expresión y culto, los derechos de asociación y organización, el Estado de derecho y la autonomía personal sin interferencia del Estado.

Por su parte, el Índice de Libertad Económica ha creado una descripción global de la libertad económica y ha establecido un punto de referencia, a partir del cual es posible medir las posibilidades de que un país alcance el éxito en el plano económico. En este índice se consideran diez factores que poseen igual importancia para el nivel de libertad económica de cada país. De este modo, con el fin de determinar el puntaje general de un país, los factores se ponderan en forma equitativa: libertad comercial, libertad de comercio internacional, libertad fiscal, libertad frente al gasto gubernamental, libertad monetaria, libertad de inversión, libertad financiera, derechos de propiedad, libertad frente a la corrupción y libertad laboral.

Finalmente, el Índice de Percepción de la Corrupción parte de múltiples encuestas de opinión a expertos que sondean las percepciones sobre la corrupción en el sector público en 180 países. Este índice se centra en la corrupción del sector público y la define como el abuso del servicio público para el beneficio particular.

Utilizando las calificaciones que otorgan estas tres publicaciones a los respectivos países, se pondera cada uno de ellos en forma igualitaria, lo que da como resultado el ranking “Democracia, Mercado y Transparencia”.

Si bien hay otros aspectos que favorecen el desarrollo de los países, los tres que aquí se combinan –libertades democráticas, economía de mercado y transparencia gubernamental– son la base indispensable, y los países que ocupan los primeros lugares en este ranking son una evidencia elocuente.

En un editorial del diario La Nación de Buenos Aires, publicado el miércoles 21 de noviembre de 2007, referido a este informe, se resumía la idea de este señalando lo siguiente: “Sin libertades democráticas puede haber economía de mercado, pero, como lo demostró Chile durante la dictadura de Pinochet, es muy difícil que haya transparencia gubernamental. Sin transparencia gubernamental, como sucede en otros países de América Latina, las libertades democráticas y la economía de mercado corren el riesgo de descarrilarse. Y, finalmente, sin economía de mercado, las libertades democráticas y la transparencia gubernamental pueden ser deglutidas por un Estado capaz de demostrar una vez más su ineficiencia, como en tiempos que hoy consideramos pretéritos”.

En definitiva, este ranking brinda la posibilidad de agrupar el grado de respeto a las libertades civiles, políticas, económicas y los niveles de transparencia, ayudando a comprender muy fácilmente por qué en algunos países se goza de una mayor calidad de vida que en otros, y también permite, a cada uno desde su lugar, ver las fortalezas y debilidades de su propio país.

RECUADRO

América Latina: estancada en el desarrollo de sus instituciones, por Raúl Ferro Director de desarrollo de contenidos de Business News Americas. Miembro del consejo consultivo de Cadal. Argentina

Mientras América Latina mostró durante el 2009 los frutos del buen manejo económico de los últimos años, los resultados de la región no son tan halagüeños. A diferencia de lo ocurrido históricamente, América Latina ha salido bastante bien parada de la crisis financiera que vivió el mundo durante el 2009. Muchos países de la región han recibido elogios por su buen manejo económico. La prestigiosa revista The Economist puso a Chile de ejemplo, mientras que Brasil, y especialmente su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha recibido alabanzas a diestra y siniestra por su liderazgo en estos tiempos de crisis.

Pero mientras América Latina mostró durante el 2009 los frutos del buen manejo económico de los últimos años, los resultados de la región no son tan halagüeños cuando vemos los resultados del ranking Democracia, Mercado y Transparencia 2009, preparado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). De los 20 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio, sólo dos, Costa Rica y Brasil, han mejorado sus posiciones respecto al año pasado. El resto ha caído en el ranking. Si bien algunos de ellos han mostrado mejoras en sus indicadores, otros países han avanzado más que ellos.

Son varias las razones que explican esta pérdida de competitividad latinoamericana. En algunos casos –aunque menos de los que se temía originalmente–, la crisis económica ha llevado a muchos países a adoptar medidas que han entorpecido el desarrollo de la economía de mercado. Lo más común ha sido poner trabas al comercio exterior, ya sea mediante cuotas de importación o de exportación, o hacer más lentos y complicados los trámites asociados a estas actividades. En algunos casos se trata de decisiones que rayan en lo absurdo, como la disposición argentina de prohibir la importación de folletería y material impreso para los expositores que participan en ferias internacionales que se realizan en el país.

Sin embargo, las causas más preocupantes del relativo mal desempeño de América Latina en este ranking son el crimen organizado –en especial el narcotráfico– y la debilidad institucional de la región. Causas que a su vez están relacionadas, se retroalimentan mutuamente y además han procreado un hijo bastardo omnipresente en la región: la corrupción.

Lo sucedido en México en los últimos dos años es el ejemplo más dramático de la magnitud que ha alcanzado el problema del crimen organizado. El presidente mexicano Felipe Calderón decidió en el 2007, poco después de asumir el cargo, declararle la guerra al narcotráfico. Comenzó enviando 500 soldados a su estado natal, Michoacán, y hoy hay 45.000 efectivos militares involucrados en esta lucha. Si bien se ha detenido o se ha dado muerte a varios capos de la mafia, la estrategia del presidente Calderón parece lejos de haber sido efectiva. En estos casi tres años de lucha, México ha acumulado 16.500 muertos a causa de estos enfrentamientos, de los que 7.300 corresponden al 2009. La lucha contra el narcotráfico en México acumula más muertos que la guerra en Iraq y ha llevado a algunos analistas internacionales a preguntarse si este no es un caso de Estado fallido.

El problema que ha enfrentado Calderón es que cada vez que ha descabezado a algún grupo mafioso, se desata una batalla entre grupos rivales para ocupar el espacio vacío. Con miles de millones de dólares como respaldo y un gatillo rápido y sin contemplaciones –los ajustes de cuentas entre grupos rivales incluyen el asesinato de niños–, las mafias del narcotráfico tienen argumentos contundentes –la prebenda jugosa o la amenaza siniestra– para corromper a quien se le ponga enfrente.

El esfuerzo presidencial por combatir al crimen organizado y el narcotráfico es encomiable, pero el resultado de la guerra hasta ahora es preocupante y muchos temen que la violencia siga aumentando. Ciertamente, el problema de las mafias del narcotráfico es tal vez uno de los más complejos que enfrenta América Latina y lo peor es que no existe hasta ahora ninguna salida posible a la vista. Si bien ha habido casos relativamente exitosos de semipacificación, como el de Colombia en los últimos años, el cultivo, producción y tráfico de estupefacientes sigue siendo un problema de enorme magnitud en la región, frustrando en muchos casos los esfuerzos de institucionalización de los países y generando vacíos de poder en amplias regiones de la geografía latinoamericana, donde la ausencia del Estado ha pasado a ser la norma.

Pobres instituciones

La debilidad institucional de América Latina, por su parte, es una característica muy enraizada en la cultura política de varios países de la región. Para el viejo orden latinoamericano, existe una relación inversamente proporcional entre poder político y solidez institucional, por lo que existen pocos incentivos para la profundización de las instituciones democráticas. En este punto, el espectro de debilidades es enorme y variado. Por una parte, están los cacicazgos locales, que constituyen la negación de las bondades del empoderamiento local. La concepción federal y descentralizadora, que tan buen resultado ha dado en otras partes del mundo, ha generado en muchos países latinoamericanos centros de poder local arbitrario que evaporan la esencia de la democracia y se constituyen en promotores de prácticas tan dañinas como el clientelismo y de diversas formas de corrupción, ocultas tras la figura de la compraventa de favores políticos.

El caso brasileño es uno de los más llamativos. En el año 2005, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó una grave crisis debido a que se descubrió un sistema de pagos a legisladores para apoyar en el Congreso las medidas auspiciadas en el gobierno. El escándalo le costó el puesto al hombre de confianza de Lula, el jefe del gabinete, José Dirceu, acusado de tener conocimiento de estos pagos ilegales. Lula, en cambio, salió bastante bien parado frente a la opinión pública: en general, la gente aceptó la explicación del mandatario respecto a que él no tenía conocimiento de este sistema de compra de voluntades. El destape de un escándalo similar en el Senado de la Argentina, durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, fue la raíz de la crisis de gobernabilidad que, en una venenosa combinación con el desplome del eje maestro de la economía argentina, la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar estadounidense, terminó en una de las peores crisis políticas y económicas que ha visto América latina.

En medio del escándalo de corrupción del 2005, el presidente Lula anunció que se dedicaría a atacar la corrupción en su gobierno. El anuncio parece que no quedó en simples palabras que se lleva el viento. Si bien Brasil ocupa todavía un puesto no muy destacado en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional (TI), ha mejorado sus posiciones: está en el puesto 75 entre los 180 países ranqueados por TI, cinco puestos delante del alcanzado en el ranking del 2008. No es precisamente para celebrar con champaña, pero es una mejora. El gigante suramericano se ubica claramente por encima de México (89), por no hablar de los países con peor desempeño, como Argentina (106), Paraguay (154) o Venezuela (162).

La debilidad institucional está también detrás de la volatilidad política que podemos encontrar en países económicamente exitosos, como Perú. Allí, la baja presencia del Estado en zonas remotas y pobres, combinada con liderazgos locales de corte populista, el de desarrollo de todo tipo de organizaciones no gubernamentales (algunas correctamente enfocadas en facilitar el diálogo y la resolución de problemas; otras, en cambio, pegadas a intereses ideológicos) y una baja capacidad técnica para la ejecución de proyectos de desarrollo, incluso cuando hay recursos económicos abundantes (como los provenientes del canon minero), se combinan para facilitar una atomización política que complica la gobernabilidad del país. A todos estos factores se suman altas dosis de economía informal o subterránea, corrupción y, en algunas zonas, la presencia del narcotráfico, con lo cual tenemos un explosivo coctel que ya ha causado estallidos violentos en diversas zonas del país. El mejor ejemplo de esta atomización política generalmente aparece durante las elecciones presidenciales, en las cuales suelen competir alrededor de docena y media de candidatos en la primera vuelta, produciendo una gran dispersión del voto y dificultando la construcción de consensos y de proyectos de Estado a largo plazo.

Aunque Perú es una de las naciones con mejores perspectivas de crecimiento económico para el 2010 y es considerado un país con grado inversión por tres calificadoras de riesgo internacionales, la agitada campaña electoral que se espera en el 2010 hará que varios proyectos mineros –el sector que más inversión extranjera atrae al país– permanezcan en standby, según especialistas cercanos a esta industria. Por ubicarse principalmente en las zonas altas del país, que son las de menor desarrollo, la minería es una de las víctimas preferidas de los líderes populistas.

No obstante, las mayores amenazas a la institucionalidad en América Latina se presentan en países donde los gobernantes, abusando de las instituciones democráticas existentes, las están modelando a su favor al despojarlas de su espíritu democrático y convertirlas en un marco legal que justifica la autocracia. El de Venezuela es el caso más claro, pero las reformas constitucionales llevadas a cabo en Ecuador y Bolivia apuntan también en la misma dirección. Y en Honduras, el injustificable golpe de Estado registrado a mediados del 2009 no nos puede hacer perder de vista los intentos del presidente Manuel Zelaya de forzar una reforma constitucional orientada a favorecer sus propios intereses políticos.

En el otro extremo del espectro está Chile, cuyo éxito en cuanto crecimiento, desarrollo y reducción de la pobreza está fuertemente enraizado en su solidez institucional. Si bien el país ha enfrentado un creciente número de casos de corrupción en los últimos años, éstos son mucho menores que el estándar latinoamericano, tanto en cantidad como en los montos involucrados, y se ubica en el puesto 25 en el ranking de TI, en el mismo barrio que Francia. Y su destape ha sido una muestra, precisamente, de que su sistema de fiscalización y de check & balance funciona correctamente y es poco vulnerable al poder político establecido.

El reto de Chile en el campo institucional es muy distinto del que enfrentan otros países latinoamericanos. Se trata de reformas pendientes a sistemas establecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La más notoria es el llamado sistema binominal, que rige las elecciones de legisladores nacionales y que favorece la elección de los candidatos de los grandes bloques. Irónicamente, este sistema ha facilitado un clima de estabilidad política que resultó muy importante durante los delicados años de la transición democrática, aunque les ha quitado representatividad formal a los movimientos políticos más pequeños pero con apoyo significativo. El sistema establece dos cargos por circunscripción y que si una lista duplica la votación de la otra se queda con los dos puestos, independientemente de que un candidato de la otra lista haya obtenido una mayor votación.

Ha habido varios intentos de reformar este sistema, pero se han visto frustrados por la oposición de la centro derecha, que nunca ha facilitado el quórum para su discusión en el parlamento. De todas formas, el tema está sobre la mesa y tarde o temprano será debatido y, con gran probabilidad, reformado.

Sin embargo…

Los resultados de este ranking de Cadal vuelven a subrayar las falencias de los países latinoamericanos en materia de institucionalidad y transparencia. Son asignaturas pendientes, cuya falta de desarrollo puede poner en jaque los éxitos obtenidos por una parte importante de los países latinoamericanos. Pese al retroceso de América Latina en el ranking podemos ser cautamente optimistas. Por lo general, el desarrollo económico fuerza tarde o temprano el desarrollo de instituciones más sólidas. Es lo que se ha visto en Chile y, de cierta manera, en Brasil. Países como México, Perú y Colombia, pese a la enorme dimensión de sus problemas, también avanzan, aunque a una velocidad muy lenta, en la dirección correcta.

Una de las lecciones más claras que debe aprender América Latina es que un mayoritario apoyo popular no significa carta blanca para avanzar hacia modelos autoritarios usando a las propias instituciones del país, como sucede en Venezuela. La democracia pasa por mantener reglas de juego limpias y transparentes, que permitan armonizar los distintos intereses que tiene una sociedad, que respeten a las minorías y que garanticen acceso a la justicia y representatividad a los individuos. Sin la construcción de estas instituciones, el desarrollo social será imposible. No es casualidad que sean los países económica y socialmente más desarrollados del mundo los que encabecen el ranking. Y que Chile sea el único representante latinoamericano entre los primeros 20 del ranking.