El éxito de los programas de microcréditos es posible en países donde existe un entorno favorable al crecimiento empresarial.

Los promotores de políticas públicas se dejan guiar a menudo por modas intelectuales, en lugar de evaluar científicamente los resultados de las políticas que ellos promueven. Es el caso de las políticas de microcréditos, cuya popularidad indiscutida no se ha debatido lo suficiente con base en la evidencia existente.

El resultado de una política se mide por el éxito en el logro de sus objetivos, pero en el caso de la política de microcréditos no parece que estuvieran claros tales objetivos. Los programas de microcrédito están dirigidos a extender el crédito a quienes se encuentran en una situación de pobreza, con miras a promover su capacidad empresarial. Con estos programas se persigue superar los problemas institucionales asociados con la falta de garantías y colaterales, empleo fijo e historia crediticia, que impide a estos sujetos acceder a las fuentes tradicionales de crédito. Pero el objetivo, en última instancia, es promover la capacidad del deudor para generar riqueza y, con ello, ayudarlo a salir de la pobreza. En el viejo refrán castizo, “En vez de dar un pez al pobre, enséñale a pescar”.

La evidencia empírica, sin embargo, muestra que los resultados de estas políticas sugieren lo contrario, esto es, que por sí solas. Tales políticas no garantizan la superación de la pobreza, pues en sí mismas no enseñan a pescar oportunidades empresariales; por el contrario, con ellas se corre el riesgo de perpetuar la situación de dependencia financiera de los deudores ante instituciones crediticias. La solución a la pobreza pasa por la educación al trabajo, y la creación de condiciones favorables a la exploración empresarial, especialmente la garantía de la propiedad privada.

En este artículo se sostiene la siguiente tesis: que el éxito de los programas de microcrédito es posible en países donde existe un entorno favorable al crecimiento empresarial. Este entorno, constituido por un ambiente propicio para los negocios, protección a la propiedad privada y estímulo a la iniciativa empresarial mediante la educación al trabajo, permite estimular la potencialidad empresarial represada en los emprendedores. No es suficiente, por tanto, con la mera obtención de mecanismos de financiamiento para cubrir un vacío del mercado de intermediación financiera. Se requiere que las políticas públicas favorezcan la creación de soluciones de mercado que potencien la eficacia de los microcréditos en una sinergia de retroalimentación, antes que de sustitución. Así, el reto de los programas de microcrédito es cómo estructurarlos de modo que cumplan su verdadera misión: servir de apoyo a la empresarialidad de quienes carecen de recursos financieros, en lugar de convertirse en programas asistencialistas disimulados bajo una retórica de mercado. En el presente artículo se hacen algunas recomendaciones para orientar adecuadamente los programas de microcrédito.

Los logros del sistema de microcréditos

El principal promotor de la idea de los microcréditos, Muhammad Yunus, descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio sustancial en las posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir. El primer préstamo que dio fueron US$27 de su propio bolsillo para una mujer que hacía muebles de bambú, de cuya venta se beneficiaron ella y su familia. Sin embargo, los bancos tradicionales no estaban interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban que había un alto riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado.

En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más necesitados en Bangladesh. Pero no era un banco cualquiera. En el esquema de Yunus, el gobierno de Bangladesh poseía un 60% y los deudores el resto. En el esquema del banco se buscaba fomentar el ahorro, permitiendo además que los deudores fueran propietarios de una acción pagando US$3. Hoy en día, los pobres de Bangladesh han ahorrado US$108 millones cuando en 1983 no ahorraban un centavo. Además, son dueños de 92% del banco y tienen la facultad de elegir a nueve de los doce directores de dicha institución. El resto lo posee el gobierno de Bangladesh.

Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido más de US$3.000 millones en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. Para asegurarse la devolución de los préstamos, el banco usa un sistema de "grupos de solidaridad"; pequeños grupos informales que solicitan préstamos en conjunto, cuyos miembros actúan para garantizar la devolución del préstamo y se apoyan los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar económicamente. A medida que el proyecto ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros sistemas alternativos de crédito para servir a los necesitados. Además de los microcréditos, ofrece préstamos para vivienda, así como financiación para proyectos de riego, textiles, pesca y otras actividades.

A mediados de los setenta, los primeros organismos que comenzaron a dar o a organizar microcréditos fueron ONG. A principios de los ochenta, estos organismos empezaron a ver los frutos de este proceso, muchos de ellos principiaron a darse cuenta de que este esfuerzo podría ser sostenible porque la recuperación de cartera (deudas) era casi perfecta. Cuando estas organizaciones encuentran el punto de equilibrio (suficientes microcréditos para pagar los costos fijos), el crecimiento de estos programas explota.

Los fallos

Los promotores de los microcréditos alaban las virtudes de estos programas apoyados en una idea bastante simple: que el problema del subdesarrollo reside en la insuficiencia de crédito disponible a potenciales emprendedores. Esta visión suele hacer hincapié en la falta de recursos financieros como el principal obstáculo para el despegue de tales iniciativas. Los problemas potenciales de la instrumentación de estos programas son vistos como asunto de incentivos adecuados para asegurar el retorno de los préstamos concedidos a candidatos a créditos. Como quiera que los bancos comerciales no conceden préstamos a millones de individuos, por los elevados costos transaccionales involucrados en la evaluación del riesgo y la recuperación del crédito moroso, no tienen interés en invertir tiempo en extender créditos a pequeños inversionistas, los cuales quedan fuera del sistema crediticio.

Al privilegiar la condición de pobreza del candidato antes que su capacidad empresarial para conceder el crédito respectivo, los programas convencionales de microcréditos corren el riesgo de convertirse en programas asistencialistas encubiertos. Esto es moneda corriente en países cuyas políticas están inspiradas en la desconfianza hacia los mercados libres y, por tanto, éstas se conciben como sustitutos, antes que complementos del libre mercado. Es el caso de países que no cuentan con una estructura institucional de desembolsos de microcréditos susceptible de detectar las necesidades específicas de los beneficiarios, especialmente en lo tocante a su cultura empresarial, necesaria para que el programa pueda tener éxito.

La propia concepción convencional de los programas, orientada por criterios de sostenibilidad financiera del banco, antes que por la eficacia en el logro de los objetivos sociales trazados (la superación de la pobreza mediante emprendimientos), reafirma este patrón. Muestra de ello es que para acceder a los créditos, un candidato no tiene que evidenciar de manera razonable la viabilidad del negocio para el cual solicita el crédito, sino cumplir con ciertas condiciones básicas que minimizan el riesgo de la operación. Una de ellas, por ejemplo, es cumplir con la condición de que el préstamo esté garantizado “solidariamente”, esto es, que la concesión del crédito está supeditada a la garantía personal de un miembro del núcleo familiar, o del entorno social inmediato del deudor; este mecanismo ejerce “presión” sobre el deudor, cuyo incumplimiento compromete la reputación de grupo, y por ello su capacidad futura para endeudarse. Desde luego, los programas de microcrédito también conceden préstamos individuales, pero se trata de casos que no constituyen el core business de estos programas.

Otra muestra de la dependencia de estos programas a condiciones que no tienen que ver con la viabilidad económica de los proyectos o la inclinación empresarial de los candidatos es la exigencia usual de que los microcréditos sean concedidos a mujeres, quienes concentran la responsabilidad en el manejo del núcleo familiar. Una muestra de 704 instituciones de microcréditos (US$52 millones) evidencia que 99,3% de los clientes de estas instituciones en 2006 eran mujeres. Claramente, esto demuestra que la intención de los programas linda con el asistencialismo, antes que con la inversión para construir capital, en una cultura empresarial.

Pese a no estar orientados por la búsqueda de proyectos de inversión rentables, como cualquier otro negocio bancario, los microcréditos son buen negocio, pues la rentabilidad de las operaciones está prácticamente asegurada debido a que el riesgo de impagos es casi nulo. Se estima que más del 95% de los créditos concedidos se pagan oportunamente (http://www.grameen-info.org/). Por tal motivo, no sorprende que este negocio haya crecido exponencialmente. El Banco Mundial calcula que existen unas 7.000 instituciones microfinancieras que sirven a unos 16 millones de pobres en países en desarrollo. Por su parte, tres décadas después de fundado, el Grameen Bank ha concedido más de US$8.000 millones a más de 40 millones de pobres en Bangladesh. En Latinoamérica existe un sinnúmero de entidades dedicadas al microcrédito. Incluso en Colombia hay varias organizaciones involucradas en este tema (Cooperativa Emprender, Finamérica, Fundación Santo Domingo, etc), las cuales otorgan préstamos a individuos de bajos recursos económicos o por debajo de la línea de pobreza. Esta clase de organizaciones han florecido en Latinoamérica por sus altos niveles de rentabilidad, que hacen que sea una operación sostenible. No solamente ONG están involucradas en esto, sino también bancos convencionales. En países como Ecuador, Bolivia y Perú, bancos convencionales (Banco Solidario, BancoSol y Mibanco) han logrado expandirse a través de un modelo de negocio que presta servicios a la población de bajos recursos económicos.

Ahora bien, más allá del atractivo negocio que representa para quienes prestan dinero con esta modalidad, poco se dice sobre la capacidad del sistema para cumplir sus objetivos, esto es, sacara la gente de la pobreza. Gina Neff (1997) afirma que las elevadas cifras de reembolsos no ponen de manifiesto el alto número de prestatarios que repetidamente deben solicitar créditos para atender gastos del hogar, en vez de emplearlo en inversiones de capital; 55% de hogares beneficiados con microcréditos aún dependen de éstos para atender sus necesidades de nutrición luego de ocho años. Por otra parte, también hay estudios de microcréditos en los que se indica que estos programas terminan utilizando a las mujeres para canalizar créditos a sus parejas o hijos, quienes usan sin control los préstamos y dejan atrapadas a las solicitantes, sacándolas del mercado formal.

El mercado libre como punto de partida

Las políticas públicas no sólo deben favorecer un ambiente de negocios, sino también, orientarse claramente hacia el ensanchamiento de los mercados, que es lo que favorece oportunidades nuevas de negocios para pequeños emprendedores. Esta es consecuencia lógica de la división del trabajo, tal como la postulara Adam Smith (1776) en una teoría que Allyn Young (1928) ampliaría después para el ámbito interfirma o industrial.

Para tener éxito, los programas de microcrédito deben entenderse como una palanca de “empoderamiento” que les permite a los pobres acceder al sistema financiero; no como un nuevo mecanismo asistencialista. Por ello, estos programas suelen fracasar en países donde los grandes objetivos de política económica están divorciados de una cultura partidaria del mercado. Es el caso de varios países latinoamericanos, que han ensayado una y otra vez mecanismos de financiamiento a pymes por medio de la banca pública, sin lograr resultados tangibles. En Venezuela, por ejemplo, el modelo del socialismo del siglo XXI ha implantado diversas iniciativas de financiamiento a través de instituciones como BanMujer, Banco del Pueblo Soberano y Banco Industrial. Solamente en BanMujer se han concedido más de 100.000 créditos, sin que sea visible un cambio en las condiciones para la superación de la pobreza entre sus beneficiarios. Sin embargo, estas iniciativas promovidas por el Estado “han derivado en escándalos, se han involucrado en actividades dudosas y su actividad crediticia se desarrolla en condiciones financieramente insostenibles” (Echermam, 2008).

Por ello, dichas iniciativas públicas no serían sino un desaguadero de recursos, de no contarse con políticas públicas orientadas a la realización de negocios. En un reporte de 2007, la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) presentó un informe en el que se señala que los servicios financieros en la región se encuentran en un nivel muy bajo en comparación con los que se ofrecen en las naciones industrializadas. Esto es producto del alto costo de las transacciones financieras, la ineficiencia burocrática, la poca protección de los derechos de los prestamistas y la deficiencia de los registros de propiedad, que también influyen en los bajos niveles de inserción de la población en la economía formal, según el estudio, realizado en 17 países del hemisferio. Aunque América Latina aún debe hacer esfuerzos para mejorar en el aspecto de bancarización, los resultados del estudio de Felaban mostraron que ha habido grandes progresos desde hace cinco años. En ese sentido, Colombia, por ejemplo, incrementó el número de cajeros automáticos en un 65% desde 2004 hasta 2007, mientras México y Brasil alcanzaron 52 y 30%, respectivamente, en ese mismo lapso.

 En este informe, se dividió a la región en tres grupos: países con bajos índices de bancarización, en otras palabras, naciones con 30% o menos de la población con acceso a los servicios financieros; países de acceso bajo a medio –menos de un 40% de bancarización–, y países con acceso medio, entre 50 y 60%. Ninguno de los países calificó con un “acceso alto”. Chile fue el único incluido en el grupo de acceso medio, mientras que Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela fueron clasificados como de “acceso bajo a medio”.

En otras palabras, no hay un programa de microcrédito que supla las carencias de políticas públicas dirigidas a reducir los costos de hacer negocios. Las políticas públicas deberían tener en cuenta la manera de potenciar los efectos positivos de la generación de créditos por el propio mercado, en lugar de pretender hacerlo con fondos públicos, que terminan convirtiéndose en programas asistencialistas, sin capacidad de erradicar la pobreza; por el contrario, la perpetuán.

El mercado puede dar respuestas a las necesidades de los más pobres; en tal sentido, uno de los grandes logros de los programas de microcrédito es “haber puesto en el mapa” la situación de los pobres como clientes potenciales de servicios bancarios a los que conviene llegar. La “bancarización” de estos clientes es un reto que han comenzado a extender los bancos e instituciones financieras, en la medida en que se han abaratado los costos de intermediación financiera y se han creado mecanismos ingeniosos, como tarjetas prepagadas, para asegurar la “conexión” de gran parte de la población.

Algunos bancos han empezado a trabajar en brindar soluciones financieras para la población que no tiene cuenta bancaria, porque no reúne los requisitos mínimos para abrir alguna. Así, el Banco Venezolano de Crédito promociona en el mercado financiero una tarjeta electrónica prepagable que llamó Plata y que es posible que resulte atractiva para la población informal que puede contar con una alternativa para dejar de andar con dinero en los bolsillos, sin tener necesidad de una cuenta bancaria. Se puede recargar a través de teléfonos celulares e internet o en cajeros automáticos. De igual manera, las empresas que suelen pagar en efectivo pueden emitir estas tarjetas a sus empleados y cancelar sus honorarios con una simple transferencia.

Además de productos bancarios especialmente dirigidos a pequeños emprendedores, el mercado puede ofrecer mecanismos idóneos para facilitar el financiamiento de las operaciones de emprendimiento, con claro sentido empresarial. Es el caso del factoring, por ejemplo, mecanismo que permite la venta directa de cuentas por cobrar a un factor u otra institución financiera. Aunque el factor es la principal institución de factoring, algunos bancos comerciales y compañías financieras comerciales también factorizan cuentas por cobrar. Este mecanismo permite a pequeñas empresas no tener que invertir en cobrar sus deudas directamente, sino poder negociar en el mercado. Es una forma eficiente de abaratar las operaciones de una empresa, que en el caso de una pyme pueden ser decisivas.

En suma, los gobiernos no deberían pretender suplir los mecanismos que el mercado puede desarrollar con regulaciones inteligentes, dirigidas a promocionar estos mecanismos de apoyo a los emprendedores. Esto, naturalmente contextualiza la formulación de políticas hacia el microcrédito, que deberían verse como instrumentos dirigidos a fortalecer el mercado (y beneficiarse de éste) en vez de suprimirlo.

Conclusión

 El objetivo de los programas de microcréditos es, en última instancia, promover la capacidad del deudor para generar riqueza y, con ello, sacarlo de la pobreza; no es convertir el programa en un mecanismo asistencialista dirigido a dotar al deudor de recursos financieros que no puede pagar, porque ellos se dirigen a atender el gasto familiar, en lugar de la inversión en capital.

Por ello, los programas de microcrédito deben verse como mecanismos orientados a reforzar los mercados abiertos, en vez de sustitutos capaces de suprimirlos.

Bibliografía

• Bowman, Betsy & Stone, Bob (March 2007). Can Grameen Bank-style Microcredit Eliminate Poverty? http://www.globaljusticecenter.org/articles/report_microcredit.htm.
• Goetz, A.M. & R. Sen Gupta (January 1995). Who takes the Credit? Gender, power and control over loan use in rural credit programmes in Bangladesh. World Development, 24.
• Echermam, Boris (2008). El microcrédito en Venezuela. Estudio de las diferentes iniciativas de microcrédito existentes en el país. documento conferencia El microcrédito, herramienta para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Caracas: Unimet.
• Sandoval, Carlos Alberto (2009). Alternativas de financiamiento para el desarrollo de las pymes: el caso del factoring. Cali: Asobancaria.
• Romero. Nuria (2008). Colombia perfila su estrategia para aumentar la bancarización del país. Objetivo: impulsar el ahorro, http://www.americaeconomica.com/portada/reportajes/marzo08/280308/nbbanco.htm.